La politización de la propiedad intelectual

Que el gobierno Petro-Jaramillo haya expedido una licencia obligatoria para un medicamento de VIH no es ni nuevo ni es señal contundente del ánimo opositor de la administración en relación con el régimen de protección de propiedad intelectual de medicamentos, en particular, y de todos los productos y servicios que cuentan con esa protección como mecanismo garante del retorno de inversión para los investigadores y productores.

La licencia obligatoria mencionada de uso gubernamental se expidió, más específicamente, sobre el principio activo dolutegravir, con el fin de que el país pueda fabricar o importar dolutegravir genérico, sin permisos de los titulares de la patente, que es la farmacéutica multinacional GSK.

Dentro de los argumentos expuestos por el Ministerio de Salud se destaca que, aunque es baja la frecuencia de su uso, preocupa la proporción de personas con VIH dentro de la población migrante venezolana en Colombia frente al porcentaje con VIH de la población nacional.

Sin embargo, lo que sí resulta controversial y enciende las alarmas del sector privado es que esa decisión, consistente en suspender la protección que tiene un medicamento a través de una patente para que el Gobierno pueda disponer del mismo con fines de mejorar las condiciones de acceso por parte de la población al tratamiento, es que -de fondo- el Gobierno haya actuado por el impacto financiero del medicamento en el sistema de salud, que no es un criterio jurídico establecido.

Si analizamos esta decisión a la luz de los pronunciamientos políticos no solamente de Petro y el ministro Jaramillo, sino también los realizados por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, no queda duda de que habrá una flexibilización del régimen de propiedad intelectual y derechos de autor, con implicaciones importantes de competitividad y productividad en varios sectores de la economía.

Para el Gobierno, la protección de la propiedad intelectual es enemiga del acceso, no solamente a medicamentos, sino a muchos productos y servicios, por parte de la sociedad. Piensa que la propiedad intelectual eleva los precios e impulsa la consolidación de monopolios y oligopolios en el mercado. Pero además cree el Gobierno nacional que la protección de la propiedad intelectual es hija del multilateralismo económico neoliberal que, según el ministro Umaña, tiene los días contados en el mundo.

En otras palabras, este gobierno se quiere desmarcar de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo relacionado con la protección de la propiedad intelectual y derechos de autor -y seguramente muchos temas más- en búsqueda de un desarrollo económico más incluyente, plural y equitativo. Desde su firma en 1948, el GATT, transformado posteriormente a OMC, fue creciendo rápidamente hasta alcanzar más de 130 países, abarcando alrededor del 98 % del comercio mundial.

Parece haber consenso internacional en que el multilateralismo económico de la OMC, que se basa en el principio de que el libre comercio es lo que más conviene a todos los países en casi todas las circunstancias, amerita una revisión profunda por datos y hechos que demuestran que -a largo plazo- el libre comercio entre países que transitan etapas diferentes de desarrollo económico, genera perjuicios significativos a las naciones menos desarrolladas, como Colombia.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de otras, ha llevado a los países menos poderosos y desarrollados a enfocarse en tratados bilaterales y regionales que les permitan tener un panorama más favorable para sus intercambios comerciales, apartándose así del multilateralismo.

Pero pese a que este ambiente internacional de antimultilateralismo económico favorece la visión anti propiedad intelectual del Gobierno Petro, importantes centros de pensamiento han alertado sobre la gran dificultad que enfrentan los gobiernos para el desarrollo de un nuevo orden económico internacional. Sin embargo, el Gobierno colombiano quiere capitalizar la importancia que han tomado los países en desarrollo para exigir un “nuevo” modelo basado en más y mejor espacio político para que los países, con sus diferencias, puedan adoptar políticas económicas ajustadas a sus circunstancias no solamente económicas, sino también sociales y ambientales.

Recordemos que Colombia recientemente, en el marco de la OMC, propuso la firma de una declaración por parte de 69 países en desarrollo, expresando la inconformidad por la no revisión del Acuerdo sobre los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para flexibilizar el régimen de propiedad intelectual, en beneficio de la salud humana, la vida y la biodiversidad

Al ambiente internacional en materia de comercio que favorece al Gobierno, se suma la estigmatizante posición del Ministerio de Salud frente a la industria multinacional de investigación y desarrollo de medicamentos, a la que considera monopólica, desmesuradamente rentable, depredadora de la economía local y culpable de la insostenibilidad financiera del sistema de salud.

De ahí que no sorprenda que se rumore que el Ministerio de Salud, esgrimiendo argumentos técnicos, esté identificando los medicamentos costosos de la industria multinacional, para seguir expidiendo, con vocación ideológica, licencias obligatorias en los próximos meses.

Resulta este escenario totalmente inaceptable, porque se aparta de la normatividad y el debido proceso en materia de propiedad intelectual, desconociendo que la innovación ha aumentado la expectativa y calidad de vida de los pacientes y afectando la autonomía médica, pues se imponen tratamientos genéricos.

Y si llega Reyes (director de la Dian) al Ministerio de Comercio, como se rumora, la propiedad intelectual tiene sus días contados.