La práctica teórica

Esta vez no fueron los WikiLeaks sino su destinatario oficial, que es en fin de cuentas el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el que destapó la información. Y lo hizo al desclasificar documentos confidenciales que muestran que la empresa bananera Chiquita Brands hizo millonarias "donaciones" a varias de las organizaciones Convivir de Urabá a cambio de "seguridad". No es una novedad, por supuesto.

La propia Chiquita había reconocido tales pagos hace ya varios años, y por ello fue multada con 25 millones de dólares por el gobierno norteamericano. Y ahora tiene pendientes numerosas demandas de las víctimas de las autodefensas, que alegan con razón que estas no habrían podido cometer sus atroces tropelías sin el apoyo financiero de empresas como Chiquita.

Pues no es la única. Parece ser que los uribistas antioqueños andan preocupados ante la posibilidad de que, dentro de la política de reparación a las víctimas y devolución de las tierras expoliadas que impulsa el gobierno de Santos, se obligue a quienes financiaron a los paramilitares a pagar otra vez, esta vez a los damnificados. Y si eso es así, piensan, quiebra Antioquia.

No solo Antioquia: quiebra todo el país rural del uribismo.

Y más todavía si se incluye en el proyecto la propuesta hecha hace unos días, en una entrevista publicada en El Nuevo Siglo, por el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, Antonio Madariaga. El cual dice que en la ley, además de la restitución de las tierras robadas, se debe incluir la de los bienes muebles saqueados: animales domésticos, cultivos, maquinaria. "Si se quiere cumplir con los estándares internacionales -explica Madariaga-, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido".

Tiene razón, sin duda. Aunque no se ve muy bien cuáles pueden ser esos "estándares internacionales" puesto que, como señala con pertinencia uno de los ponentes del proyecto de ley, el senador Roy Barreras, del Partido de la U, "en ningún país en conflicto ni en guerra civil interna se ha hecho una ley como esta". Pero tiene razón, sin duda, Madariaga, desde el punto de vista de la justicia. Aunque, como añade el senador Barreras, "la consecuencia práctica de incluir los bienes muebles es que la ley sería inaplicable". Y concluye: "Yo creo que es una buena ley; pero lo perfecto es enemigo de lo bueno".

Y también tiene razón Barreras, como la tiene Madariaga, aunque al contrario. Así ha sido siempre en Colombia, desde los orígenes: es la vieja oposición entre la aspiración jurídica a la perfección formal y la tosca realidad de las cosas: entre la práctica teórica y la práctica práctica.

El proyecto, entre tanto, sigue en discusión en la Comisión Primera del Senado. Y todavía falta un largo camino culebrero para que se convierta en ley, perfecta o imperfecta. Pero el verdadero problema vendrá después, cuando se trate de aplicarla: en la práctica de la práctica práctica. También ha sucedido siempre en Colombia que las leyes no se aplican en la realidad.

Para comprobarlo una vez más vienen a cuento los documentos norteamericanos sobre el respaldo económico de Chiquita Brands a los paramilitares de Urabá. Pues lo que estos muestran, al margen de la responsabilidad de la empresa bananera y por añadidura, es que tal respaldo se hizo a petición de las Fuerzas Militares del Estado en la región. Lo cual -aunque tampoco es novedad- dista mucho de parecerse a la tarea que las leyes les asignan. Si la hubieran cumplido a cabalidad, los grupos paramilitares de las AUC no hubieran tenido por qué aparecer, ni las empresas bananeras -y todo el país rural del uribismo- se hubieran visto en la necesidad de apoyarlas económicamente, bien fuera por extorsión o por espontánea simpatía.

Entre tanto, y como su contribución a la práctica teórica, el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, propone la creación de una policía campesina. Una nueva Convivir que esta vez sirva para proteger a los campesinos amenazados por intentar, de acuerdo con la ley, recuperar las tierras que la Convivir vieja les quitó.