La primera línea cruzó la línea y debe responder

Resulta indignante lo que ocurrió el pasado domingo 20 de marzo en la Catedral Primada de Bogotá cuando, en plena eucaristía de la mañana, un grupo de no más de diez encapuchados, entre hombres y mujeres, liderados por alias Simona, miembro de la primera línea y de los autodenominados Escudos Azules, interrumpieron la ceremonia con gritos, arengas e insultos. A pesar del reclamo de los feligreses, su respuesta agresiva se mantuvo y hasta que la seguridad pudo hacerlos abandonar el lugar, no sin antes haber intimidado a los asistentes.

Bien citó Jean Paul Sartre: “Mi libertad se termina, donde empieza la de los demás”, refiriéndose a que no tenemos el derecho de transgredir al otro, imponiendo nuestras ideologías sobre él o ella. Entonces, si el discurso de este grupo de extrema izquierda es la defensa del pueblo y sus libertades, ¿por qué promover la violencia contra sus iguales?

Al respecto, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 29, cita que: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás”. Y, en el artículo 18 es explícita en decir que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión… Así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Es así como lo que hizo la primera línea fue vulnerar y violar derechos fundamentales.

Ahora, salen los responsables, también integrantes de la Red de Artistas en Resistencia (RAR), con el discurso de que se trató de una actuación, una puesta en escena, una intervención artística, en medio del llamado a encontrarse con el otro con amor, invitando a encontrarse con el pueblo, recordando a profetas y revolucionarios. Pregunto: ¿con violencia, con agresión verbal? ¿Cómo es posible encontrarse con alguien que no da la cara y que no presenta el más mínimo respeto? No olvidemos que comenzando las manifestaciones del Paro Nacional, las tomas ilegales y bloqueos, eran denominados por estas mismas personas como simples: ollas comunitarias, campamentos inofensivos de jóvenes y terminaron disfrazando una realidad de vandalismo puro y duro que se mantuvo por diez meses en el país.

Ya vivimos las protestas violentas de la PL, cuando de frente se fueron en contra de los derechos fundamentales y colectivos de miles de personas a las que les negaron con intimidación y amenazas salir de sus hogares a trabajar, a estudiar o a una cita médica, les cobraban peaje por ingresar a su cuadra, los amenazaron por denunciarlos, atacaron la institucionalidad, la infraestructura pública y privada, bloquearon vías y con ello, afectaron la seguridad alimentaria; atacaron ambulancias en contravía al derechos a la salud y la vida y todavía enfrentamos los rezagos de sus acciones.

Un tibio pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá invitando a la Iglesia a tomar acciones legales no es suficiente; desde el Concejo hoy le pedimos a la Fiscalía que estando ya identificados los responsables de esa agresión contra los feligreses sean judicializados y se siente un precedente que comience a poner freno al terrorismo de la primera línea que tomó fuerza con el auspicio de algunos que tienen intereses particulares y políticos de momento y no temen hacerlo público posando en sus redes sociales con los encapuchados.

No podemos permitir que las supuestas consignas y acciones terroristas de unos pocos sin fundamento ganen terreno y menoscaben nuestra democracia, nuestras creencias y nuestros derechos. Es hora de poner punto final al vandalismo y a los encapuchados y violentos decirles: ¡no más!