La prueba reina de 500 millones

El documento revelado por Revista Semana sobre el aporte de Fecode a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, firmado por el fiscal de dicho sindicato, Domingo José Ayala, es irrefutable: “El comité ejecutivo de la federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro presidente 2022-2026” (bastardilla fuera de texto).

Aporte que, en efecto, fue entregado a través de un cheque a nombre de Dagoberto Quiroga, representante legal del movimiento político Colombia Humana. Hoy, Dagoberto Quiroga es el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y Domingo Ayala es el presidente de Fecode. ¡El “cambio” siempre rebosante de coincidencias!

Y es que de comprobarse la entrada de este aporte y su no registro en los reportes públicos correspondientes, los responsables de la campaña Petro Presidente se exponen a sanciones que pueden incluir pena privativa de la libertad, multa correspondiente al valor excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo. Mejor dicho, la situación pondría en serios aprietos a varios de los más reconocidos alfiles de la “potencia mundial”.

Las donaciones de personas jurídicas a las campañas a la Presidencia de la República están prohibidas por la ley electoral. El documento de Fecode deja en claro que el aporte es para la “campaña Petro Presidente 2022-2026”. No se menciona en parte alguna a los mentados “testigos electorales” que los áulicos del “cambio” han presentado como justificaciones para que la campaña haya pasado por alto el registro de este cuantioso donativo en el portal de Cuentas Claras.

¿Qué implicaciones electorales y políticas tienen estos eventos? ¿Cómo se relacionan estos eventos con las demás revelaciones en materia de financiación de la campaña de Nicolás Petro, Day Vásquez, Armando Benedetti y Laura Sarabia? ¿Cuándo sabremos cómo y con qué se financiaron los 13 eventos (tarimas, sonido, refrigerios, personal de logística) que realizó la campaña del “cambio” en el periodo que ellos mismos llamaron de “no campaña”?

¿No es al menos una indelicadeza que la plata de los aportes de los maestros al sindicato se utilice para hacer proselitismo? Llama la atención que, en medio de tantos reclamos por los limitados recursos del gremio de los maestros, haya disponible una cantidad tan alta de dinero para invertir en una campaña presidencial. ¿Cuál sería la “contraprestación” que se esperaba de esta donación?

¿Las autoridades serán capaces de investigar y sancionar hasta las últimas consecuencias si se configuran las faltas electorales o penales que se investigan?

De otro lado, la revelación del acta de donación, que ahora dicen que no es donación, mostró las profundas fracturas en el interior del sindicato más poderoso de Colombia: Fecode. Es importante recordar que, en medio del “estallido social” de 2021, otro de los actos de “precampaña” presidencial, Nelson Alarcón, entonces tesorero del sindicato de maestros, fue grabado mientras decía que ese paro tenía el objetivo de que se ganara la presidencia en 2022. Evidentemente, no solo fue con marchas, pancartas y bloqueos como Fecode se involucró en la campaña presidencial.

El hecho es que la campaña cerró, por lo menos en papeles, a solo 164 millones de pesos del tope permitido por la ley. Si entraron los 500 millones de pesos de Fecode, se estaría violando ese tope. Esto, sin contar todo lo demás que se comenta y se investiga.

La campaña del “cambio” se pasó por la faja el ordenamiento electoral. Los 13 eventos que se realizaron una vez finalizó el supuesto “estallido social” en junio de 2021 son una fehaciente prueba de ello. En septiembre 11 de ese mismo año, Petro inició una serie de eventos multitudinarios y en plena plaza pública, por fuera del calendario electoral, sobre los que no existen reportes de gastos, ni menos de ingresos. El primero se realizó en la ciudad de Barranquilla con una tarima en forma de P y de ahí pasaron a Valledupar, Cartagena, Pasto, Bogotá, Villavicencio, etcétera. Petro afirmó que tenía derecho a reunirse con ciudadanos para hablar de las necesidades del país, pero la realidad es que Petro estaba en campaña presidencial sin el reporte de cuentas que exige la misma. Mejor dicho, hizo la campaña como le gusta al “cambio”, sin reglas.

Con la confesión de Day Vásquez y de Nicolás Petro, se supo que el hijo del presidente recibió dinero de los narcos para financiar la campaña de su papá. No se sabe si usaron parte de esos dineros para la precampaña, pero lo que sí se conoció es que parte de esas platas Nicolás se las quedó para comprarse apartamentos y casas. Por esos hechos hoy enfrenta la acción judicial por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A punto de enfrentar un juicio por estos cargos, sería el primer hijo de un presidente en ejercicio que va a la cárcel.

En los audios que revista SEMANA también destapó entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, se conoció que el exembajador le reclamaba a la zarina del Gobierno de extrema izquierda que él había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña. Es decir, más plata que viola todos los topes, pero, ¿dónde quedó registrada? ¿Para la precampaña, la campaña o los testigos electorales?

El silencio estratégico del premiado gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es una vergüenza. En medio del escándalo político más grave del cambio, la presión de Petro y de su Gobierno para elegir un fiscal que se ajuste a sus miedos e intereses es una amenaza para la credibilidad y solidez de las instituciones. Mejor dicho, podrán hacer todas las cortinas de humo en forma de Premios Nobel, de renuncia de gabinete, de peleas internas o de los Juegos Panamericanos; la verdad de los hechos es que Petro le debe a Colombia muchas explicaciones y, como siempre, está tarde para entregarlas.