El enredo de la reforma política

Nadie se opone a la necesidad de una reforma política, pero nadie está dispuesto a apoyar cualquier clase de reforma política. La multitud de reparos que surge frente a la necesidad de hacer transformaciones en nuestro sistema político y electoral se debe a que no tenemos consenso sobre los objetivos de la reforma. El debate principal radica entre la búsqueda de la apertura del sistema para el ingreso de nuevas fuerzas(no sólo las Farc,) y el fortalecimiento de los partidos actuales, evitando que surjan organizaciones que les compitan.

Vale la pena recordar que luego de la Constitución de 1991 se inició un proceso para ajustar la extrema apertura que se había generado y el enorme caos partidista. Las elecciones posteriores a la constituyente mostraron que las nuevas reglas terminaron de desordenar los partidos tradicionales y no generaron una mejor competencia política. Por el contrario, los partidos artífices de las nuevas reglas, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fueron las primeras víctimas de sus propios inventos.

La Comisión de Reforma de Partidos durante el gobierno Samper estableció las recomendaciones iniciales de lo que debía ser un proceso de reformas, aunque la crisis política del proceso 8 mil hizo imposible su trámite. El gobierno Pastrana también planteó una reforma política que naufragó por su negativa a excluir facultades exhorbitantes para el Presidente de la República relacionadas con la negociación de la paz (la misma que ahora tanto critica).

En el año 2003 un pacto entre los partidos permitió sacar adelante una reforma con el fin de fortalecer las organizaciones políticas, contrario a las intenciones del Presidente Uribe, que intentó tramitar su propia reforma por la vía del Referendo. La modificación constitucional fue posible gracias a que la reforma tenía un objetivo claro: reorganizar el sistema de partidos. En torno a ello se incluyeron las modificaciones electorales de una sola lista por partido (aunque con voto preferente), disciplina de bancadas para quienes hicieran parte de dicha lista, cambio en la fórmula electoral para premiar las grandes agrupaciones y la introducción de un umbral del 2 por ciento.

En el año 2009 se tramitó una nueva reforma con el propósito central de castigar la relación de los políticos con la criminalidad consagrando el principio de responsabilidad política sobre la presentación de candidaturas y haciendo más estricto el proceso para el otorgamiento de avales.

El problema de la actual reforma es que no está claro el objetivo de la misma, pues muchos actores tienen visiones distintas.
El Acuerdo de Paz de La Habana busca la apertura del sistema político en condiciones de equidad con el fin de permitir el ingreso de nuevas fuerzas políticas al sistema durante un regimen de transición de 8 años. Como consecuencia de esta concepción se establece en los Acuerdos la idea de un régimen de adquisición progresiva de derechos que facilite la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales a la institucionalidad, especialmente desde la política local.

Este planteamiento no parece ser compartido por los grandes partidos que temen no sólo la competencia de nuevos actores sino que además consideran una amenaza las nuevas reglas pues podrían desbaratarlos de nuevo.

Por otra parte, muchas de las ideas planteadas hasta ahora no establecen una relación de causalidad clara entre las reformas y la superación del conflicto y la construcción de la paz, con lo cual se generan muchas dudas sobre la utilización del Fast Track para el trámite de las mismas, dada la advertencia de la Corte Constitucional en el sentido que solo puede usarse dicho mecanismo para temas estrictamente relacionados al Acuerdo de Paz.

Como si esto fuera poco, un partido político de oposición, con clara opción de convertirse en gobierno en 2018 ha decidido no participar en las discusiones de la reforma, con lo cual sería la primera vez que se tramita una reforma que no refleja un grado al menos mínimo de participación de todas las fuerzas políticas.

Y para terminar de enredar esta situación, la opinión pública espera una reforma que realmente ayude a luchar contra la corrupción, con lo cual una reforma aceptable para el país tiene que explicar cómo su contenido será eficaz para este propósito, de lo contrario, la opinión pública ilustrada y popular dificilmente creerán en la utilidad de dicho esfuerzo.

Sin tener un hilo conductor y sin una idea fuerza que ayude a articular las distintas propuestas y preocupaciones, va a ser muy dificil determinar qué cosas pueden o deben hacer parte de la reforma y cuales otras no.

El gobierno aún está a tiempo de construir los consensos para avanzar en una reforma que ayude a transformar la política en Colombia. Por mi parte, y si puede servir para el debate considero que el objetivo debe ser el diseño de un sistema transicional que permita la incorporación de nuevas fuerzas al sistema en condiciones de equidad y con garantías reales de transparencia. Solo así será posible, construir la paz plasmada en los Acuerdos con las Farc y responder al clamor ciudadano de una política que no esté al servicio de la corrupción.