La reforma que nació muerta

El presidente Petro y su ministro de Salud se han jugado su poco capital político impulsando una reforma al sistema de salud que desde el primer día nació muerta. La decisión de ocho congresistas de la Comisión Séptima de archivarla es el epílogo de un proyecto de ley que nació desgastado por la alta carga ideológica que sus autores le imprimieron.

El gobierno del cambio, que ha resultado un experimento socialista que ha polarizado el país y enfrentado al presidente con el país político y la clase empresarial, presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley sin base técnica, ni consultas técnicas, saltándose todos los espacios de concertación, tratando de imponer a los trancazos un modelo condenado al fracaso absoluto.

Fue el 13 de febrero de 2023 cuando el presidente Petro y su entonces ministra de Salud, la inefable doctora Corcho, en plena Plaza de Armas, anunciaron la radicación de la reforma a la salud, sin siquiera imaginarse que sería un detox que sacaría lo peor de las entrañas politiqueras de una administración hiperpolitizada e hiperideologizada que decidió, ese día, comenzar no solo con la destrucción del modelo actual de salud, sino, además, la demolición del mismo gobierno.

El Ejecutivo jugó mal. Para pasar ese proyecto de ley no bastaba con tener a Roy Barreras en la presidencia del Senado y a una bancada mayoritaria, obediente y jugada por el cambio. Se necesitaba –y se necesita– mucho más, en especial, una enorme dosis de concertación, una larga terapia de diálogo y muchas cápsulas de paciencia.

Mientras los gremios y asociaciones de profesionales de la salud advertían los yerros técnicos de la iniciativa, la oposición iniciaba su batalla y más de cien economistas, empresarios y exfuncionarios, así como otros tantos exministros de Salud, mostraron su descontento en sendas cartas que remitieron al presidente, a la ministra y a los congresistas. 14 días después de la radicación del proyecto, Petro excomulgó públicamente al entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, a quien hoy trata como a un enemigo.

La polarización y radicalización del Gobierno y su bancada minaron la confianza en la iniciativa, cuyo debate evidenció el carácter totalitario de la ministra Corcho, quien también saldría del Gobierno en un intento de recomponer las cargas.

De Corcho se pasó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha sido más sectario que su antecesora. Si Corcho era incendiaria, Jaramillo ha sido un ministro suicida, que ha buscado por todos los medios demostrar su inquebrantable lealtad al presidente, seguramente esperando la bendición para así convertirse en su sucesor. Este petrista pura sangre terminó de cavar el hueco para enterrar la iniciativa, cerrando los caminos del diálogo y la concertación, impidiendo que fluyera un debate serio, transparente y honesto sobre una reforma que debería servir para unir y no para dividir aún más a los colombianos.

No hay que llamarse a engaños. Esta reforma estaba sentenciada al archivo porque nunca tuvo respaldo fiscal concreto y hasta hoy no lo tiene. Iniciando marzo y ya estando el proyecto en el Senado, el ministro Bonilla le advirtió a la senadora Norma Hurtado que seguía estudiando la viabilidad fiscal, requisito que debe contemplar todo proyecto de ley que suponga gasto público.

Y no solo la ausencia de este requisito legislativo. El texto nunca fue claro en la definición de los mecanismos de transparencia para la administración de recursos y dirección del sistema. No olvidemos que la apuesta central del proyecto fue la entrega de la administración y dirección a las autoridades territoriales, toda una apuesta política con fines electorales.

No se puede olvidar, también, la actitud del Ministerio y su plan para hacer colapsar el sistema, como bien lo había anticipado la exministra Corcho. Basta anotar el incumplimiento del Ministerio de Salud de al menos dos providencias judiciales de alta corte, que ordenaban –y ordenan– saldar deudas atrasadas y la mora en la actualización de la UPC para evitar el desfinanciamiento del sistema.

Ya sabemos que lo técnico no desvela a este gobierno, que ven a la tecnocracia como un estorbo y que su obsesión pareciera ser copiar modelos fracasados en Venezuela, poniendo en la unidad de cuidados intensivos la democracia. Acabar el modelo de salud es, sin duda, una cruzada ideológica de un Mesías que odia la iniciativa privada y quiere condenar la salud de los colombianos al odioso trámite burocrático del Estado, la politiquería y la corrupción.

El sistema de salud no es el paraíso, pero el adefesio que presentó el Gobierno es el infierno.