Reforma tributaria, en coma diabético

Con esta son tres las reformas tributarias que el presidente Duque le presenta al Congreso de la República, con tres nombres distintos pero, al fin y al cabo, reforma tributaria.

Dicen por ahí que “la tercera es la vencida” y, esta vez, el Gobierno quiere vencer a la clase media con una reforma tributaria disfrazada de buenas intenciones, invocando la solidaridad de todos, desconociendo que no todos tienen las mismas condiciones para aportar al Estado. La mira de esta reforma que propone Carrasquilla apunta a la clase media, que no recibe subsidios del Gobierno ni exenciones en sus impuestos de renta, pero sí tiene que sacar año tras año una importante porción de sus ingresos para cumplirle al Estado con el pago de los impuestos.

Con esta reforma el Gobierno deja ver que desconoce la realidad de nuestro país. De nuevo, Duque evidencia su total desconexión con la ciudadanía. Es un presidente indolente, es un mandatario desconsiderado con esos millones de compatriotas que vieron quebrar sus pequeñas y medianas empresas, que perdieron el empleo, que abandonaron la universidad, que apenas logran tener una comida diaria.

El ministro Carrasquilla pide solidaridad nacional para aumentar el ingreso solidario, invoca la consideración colectiva mientras que su verdadera intención es meter la mano en el bolsillo del ciudadano que se aferra a su empleo, que cada día libra una batalla por sobrevivir y sacar adelante a su familia.

En realidad, Duque quiere aumentar la base gravable de renta poniendo a quienes ganan más de $2,5 millones mensuales a pagar renta; quiere eliminar la lista de bienes exentos de IVA, lo cual era un juego de palabras, pues tendrá el mismo efecto que subir el IVA. Con esta reforma, Duque pretende salvaguardar los intereses de los intocables de nuestro país a costa de la economía de la clase media.

Yo no me quedo en la crítica. Propongo una reforma tributaria que cuide el bolsillo de la clase media:

Primero, es imperativo impulsar los impuestos verdes que, de ser aplicados plenamente, le permitirían al Estado tener un recaudo potencial de $22 billones de pesos anuales; es la oportunidad de oro para hacer de la lucha contra el cambio climático una acción rentable que genere recursos fiscales. Debemos incluir el carbón mineral en la lista de combustibles fósiles para hacerlo sujeto del impuesto y cobrar un tarifa de al menos $89.000 pesos por tonelada de CO2. Así, recogeríamos alrededor de $10 billones de pesos al año.

¿Por qué no pensar nuevamente en un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas?

Hagamos de este impuesto una oportunidad no solo para generarle ingresos al Estado, sino para proteger a nuestros niños. Según MinSalud (2016), el 81,2% de los colombianos consume gaseosas o refrescos frecuentemente, con un riesgo presentar obesidad del 60 % entre los consumidores. Del total de muertes en el país, el 3,4 % es atribuida a la diabetes, donde el 13 % son causadas por las bebidas azucaradas; también el 6,8 % de la muertes en Colombia tuvieron como causa enfermedades cerebrovasculares, donde el 5 % también fue atribuida a este tipo de bebidas.

El consumo de bebidas azucaradas deja un pasivo importante en el Sistema de Salud Colombiano. En los países de la OCDE, incluido Colombia, el sobrepeso está detrás del 70 % de los tratamientos por diabetes, del 23 % por enfermedades cardiovasculares y del 9 % por cáncer. Esto ha llevado a que los países miembro tengan que destinar en promedio el 8,4 % de su presupuesto en salud para atender esta calamidad de salud pública. Solo en Colombia se destinan 25 billones de pesos para estos fines anualmente.

¡Por favor, aprobemos un impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas con tarifa del 20 %! Eso le significaría al Estado al menos 1,4 billones de pesos al año y salvamos vidas.

Segundo, las iglesias deben pagar impuesto de renta.

No puede ser que con ingresos brutos superiores a los 5,4 billones de pesos y patrimonios líquidos avaluados por más de 13 billones de pesos, las iglesias no aporten tributariamente. Se volvieron un negocio redondo. Unos pocos han logrado amasar fortunas a expensas de sus seguidores y, a pesar de ser empresas electorales con curules y asientos en el Congreso, hoy no aportan al sistema. Saquémoslas del beneficio del artículo 23 del Estatuto Tributario y hagámoslas contribuyentes del impuesto de renta. Estas podrían aportar al menos 1,6 billones de pesos al año.

Finalmente, hay que enfocarse en desaparecer los beneficios tributarios para reducir artificialmente la base gravable del impuesto de renta para el 5 % más rico. Expertos tributarios han calculado que estas exenciones pueden costar 0,9 % del PIB al año. Si obligamos a los ricos a pagar el impuesto que deberían pagar, se podrían recaudar hasta $12 billones de pesos.

Con estas tres fórmulas estaríamos recogiendo alrededor de $25 billones de pesos que necesita el país, sin necesidad de afectar el bolsillo de la clase media, ya pelado a causa de tantos impuestos.

Una ñapa: desde que llegué al Congreso de la República vengo insistiendo en la legalización de la marihuana. El mercado del cannabis mueve en promedio unos 150 mil millones de dólares por año. Países como Uruguay, Italia y Alemania han alcanzado ingresos a sus economías entre 45 y 87 millones de dólares anuales. ¿Por qué no pensarlo?

Desde mi curul me tomo la vocería de la clase social que represento y hago un llamado a mis colegas y al Gobierno nacional: busquemos alternativas, estas son posibles, la clase media no puede seguir cargando todo el peso del Estado colombiano.