La rosca petrista

Gustavo Petro ganó la presidencia prometiendo que las prácticas corruptas que tanto criticaron, como el nepotismo, se acabarían. Sin embargo, el petrismo volvió a superarse a sí mismo en los escándalos éticos de cada semana y le mostró al país una nueva modalidad de abuso de poder: la famitocracia.

El país quedó estupefacto con las revelaciones que hizo el analista político Daniel Briceño en las que se conoció que el esposo de la ministra Irene Vélez, el holandés Sjoerd van Grootheest, había sido contratado por el Fondo Paz para diseñar una estrategia de comunicaciones para la erradicación de los cultivos ilícitos del país. Un contrato por 128 millones de pesos que, además, evidenció que a la ministra se le había olvidado poner en su declaración de bienes y conflictos de interés que estaba casada. La ministra Vélez encaró las críticas para explicar que la omisión de la existencia de su esposo había sido un error de digitación. ¿O fue adrede para que contratara con el Estado sin conflicto de interés?

Con la sobradez que caracteriza a los funcionarios del “cambio”, la ministra de Minas escribió este mensaje en sus redes sociales: “Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo”.

El problema es que después se conoció que, cuando ella trabajó como profesora en la Universidad del Valle, su esposo también consiguió seis contratos entre 2018 y 2021, uno de ellos firmado directamente por Irene Vélez.

Es claro que al gobierno del “cambio” y a sus sobrados funcionarios no les importa la incoherencia con la que gobiernan. De hecho, la línea ética la movieron sin pudor, como lo ordenó en la campaña presidencial el estratega Sebastián Guanumen, quien recibió como premio el consulado de Chile.

La máxima expresión de la famitocracia petrista está precisamente en la familia Guanumen y fue revelada también por Daniel Briceño. A estas alturas del gobierno, son cinco los integrantes de ese clan que forman parte del “cambio”. El papá, Hugo Germán Guanumen, es asesor del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. La tía, Lida Milena Guanumen, tiene un contrato por 116 millones de pesos en Colombia Compra Eficiente. Otra tía, Yolima Guanumen, tiene un contrato de 46 millones de pesos en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y, próximamente, la hermana, María Alejandra Guanumen, será contratista del Ministerio de Vivienda.

Pero la rosca de la élite petrista no para ahí.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene dos hijos trabajando en el Gobierno nacional. Diego Alejandro Restrepo Ramírez es el director de la Oficina Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez es contratista en el Ministerio de Cultura con un contrato de 76 millones de pesos.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene a su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, como superintendente delegada para prestadores de servicios de salud, lo que quizás constituya un posible conflicto de interés que la Procuraduría General de la Nación debería resolver.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene a su esposa, Claudia Liliana Cortés, trabajando en la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria y, en el caso exótico de este matrimonio, ninguno de los dos registró al otro en la declaración de bienes y conflicto de interés. Seguro fue otro error de digitación.

El director del Dapre, Carlos Ramón González, que es básicamente quien maneja la postulación de los funcionarios del Gobierno nacional, tiene a su esposa, Luz Dana Leal Ruiz, como directora de Empleo y Emprendimiento del Sena. Un cargo que maneja cerca de 300.000 millones de pesos y que tiene la capacidad de contratación de más de 2.000 personas en todas las regionales de la entidad en el país. ¿Cómo se autorregula el director del Dapre para no cometer tráfico de influencias en la asignación de los contratos que firma su esposa?

A la ministra de Educación, Aurora Vergara, le resultó el marido, Víctor Olmedo, con un contrato de 90 millones de pesos en la Defensoría del Pueblo, que ella justificó diciendo que era que el señor había vivido del Estado toda su vida. Como si eso disminuyera la gravedad del nepotismo del “cambio”.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña de Petro, también aporta en la conducta antiética del “cambio”. Su pareja, Julián Caicedo Cano, fue nombrado asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y, además, firmó un contrato de prestación de servicios en la Universidad Pascual Bravo en Medellín.

El silencio del presidente Petro frente a esta rosca es estruendoso y da a entender que acepta que sus altos funcionarios les consigan trabajo a sus familias completas. Se jactaron de ser un “cambio” que fueron incapaces de honrar. El Gobierno de Gustavo Petro y sus ministros, en materia de nepotismo, amiguismo y famitocracia, hizo metástasis. Sin embargo, esta no es una práctica nueva en la política colombiana. De hecho, el caso más notorio es el del feudo Lozano-López, integrado por la alcaldesa de Bogotá y la senadora Angélica Lozano, del partido Verde.

Muchos confiaron en Petro creyendo que las prácticas de la política tradicional iban a acabarse en el gobierno de extrema izquierda. Pero es claro que en el “cambio” para acceder a cargos públicos basta con ser familiar o amigo de la primera línea petrista, sin importar si cumple con los requisitos, la experiencia requerida y mucho menos si tiene prontuario. Pero los creativos de la narrativa petrista no demoran en salir a decir que nada de esto es verdad, que la oposición es poco inteligente y que las roscas de la izquierda sí son aceptables. La potencia mundial de la vida llega cargada de famitocracia. Que los buenos profesionales y Colombia esperen porque el cambio está ocupado construyendo una nueva dinastía.