La salud de los maestros: ¡más claro no canta un gallo!

El martes 7 de mayo en la noche, cuando senadores y representantes veían la alocución del presidente Petro para victimizarse por la evidente corrupción de algunos de sus funcionarios, el Gobierno nacional intentó radicar su nuevo proyecto de ley al sistema de salud, que contendría mensaje de urgencia, para que su trámite sea expedito y su aprobación no tenga que esperar después del 20 de junio. Pero, sin que muchos lo supieran, el Gobierno fracasó en su intento.

La lógica política llevaría a cualquier Gobierno nacional a reconsiderar el trámite de una reforma estructural, de la importancia que tiene la de salud, dado el enrarecido ambiente sociopolítico en el país por los escándalos de corrupción de funcionarios de alto nivel del gobierno reformista. Pero las lógicas naturales de la política colombiana fueron superadas por la terquedad ideológica del petrismo, que a toda costa seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para sacar adelante las reformas.

En este escenario es destacable que la nueva propuesta del Gobierno para el sistema de salud es aún más ilegítima que la primera, ya archivada. Son varias las razones: no fue discutida con los agentes más importantes del sistema de salud como las asociaciones médicas, las organizaciones de pacientes, la industria y la academia; sólo fue concertada con algunas EPS, a puerta cerrada, y será discutida en el momento de más alta percepción de corrupción del trámite de las reformas.

Pero si algo hay que admirar de este gobierno es la persistencia. La “nueva” reforma que presentará el Gobierno nacional la próxima semana no es nueva. Es más de lo mismo, porque las líneas gruesas del cambio al sistema se mantienen: desaparece el aseguramiento público-privado, se crean las gestoras de salud y vida, se concentran los recursos en la Atención Primaria en Salud (APS) incluyendo la creación de los famosos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), se fortalecen los hospitales públicos y se unifican los regímenes, contributivo y subsidiado, en uno solo.

Punto aparte merece la propuesta de un nuevo modelo de gobernanza para el sistema de salud, que ya había sido eliminado de las últimas versiones del proyecto de ley que se archivó. Vuelve y juega el Consejo Nacional de Salud y los Consejos Territoriales de Salud. Estos consejos estarán compuestos por representantes del Gobierno nacional/territorial, trabajadores de la salud, organizaciones de profesionales, pacientes, academia, empresarios del sector y poblaciones priorizadas, cuya función principal será la emisión de recomendaciones para el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales. Es decir, se elevará, por ley, la vocación política de las decisiones más importantes del sistema de salud, porque el artículo respectivo contiene un mico: el Gobierno nacional tendrá seis puestos en el Consejo Nacional, de un total de 13.

La reforma exprés que Petro pretende imponer permitiría al Gobierno tomar control de los recursos financieros a través de una súper-Adres, como siempre lo ha querido, pero no resuelve el principal problema: la insostenibilidad fiscal, porque aunque propone una UPC para la salud primaria y otra para lo demás, no identifica nuevas fuentes de financiamiento del sistema. Es decir que, pese al cambio estructural que generaría esta nueva ley, nuestro sistema más pronto que tarde podría colapsar financieramente.

Sin embargo, vengo escuchando otra teoría: que el Gobierno no reconoce la necesidad de nuevas fuentes de recursos financieros porque considera que los recursos actuales alcanzarán si las utilidades del sector privado son controladas. Y ¿dónde cree el Gobierno que están concentradas esas utilidades? Pues en los hospitales privados, en los operadores o intermediarios del sistema y en la industria proveedora de medicamentos, insumos y tecnologías. Por ello, quizá, tras lograr asfixiar a las EPS, el ministro ha comenzado a estigmatizar a estas entidades como los nuevos malos de la película. De ahí el interés del Gobierno en un manual tarifario que recorte el gasto en procedimientos médicos, tecnologías y honorarios profesionales.

Aunque es mencionado en la propuesta que sería presentada la próxima semana, el Gobierno no propone soluciones de fondo para el principal cuello de botella institucional del sistema: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que bate el récord latinoamericano de retrasos en trámites sanitarios, pues en tan sólo 2023, de 26.000 trámites, logró para diciembre de ese año resolver 8.000, dejando pendientes 18.000 trámites. Y los retrasos más importantes se dan en los registros nuevos, que según la norma deberían evaluarse en 180 días, pero que actualmente podrían tardar entre dos y tres años. Sin un Invima verdaderamente competente y competitivo, el Gobierno le daría una estocada mortal a la innovación en salud.

Ojalá que este nuevo sistema, que el Gobierno defiende a capa y espada, no tenga el mismo futuro del sistema improvisado de atención en salud del magisterio, que conteniendo los mismos principios y cambios que pretende el Gobierno con la población general, confirma que ese no es el camino. ¿Será que faltaron las gestoras de salud y vida para garantizar un buen servicio a los profes?