La segunda muerte de Reyes Echandía

Nunca la vida fue fácil para él y ahora quieren quitarle el sentido a su muerte. No pudo usar siquiera su nombre completo. No se llamaba Alfonso Reyes Echandía, sino simplemente Alfonso Reyes. Sólo tenía un apellido: el de su mamá.

Era uno de los muchos niños necesitados de Chaparral. Sin embargo, no se resignaba al triste futuro que le reservaba la vida.

El hijo de Carmen Reyes, el mismo que años después fuera asesinado siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que trabajar como carpintero, ayudante de bus y obrero de construcción, para convertirse en bachiller.

Quería ser abogado y con infinitas ganas de estudiar, pero sin un centavo, tocó las puertas del claustro más liberal del país: la Universidad Externado de Colombia.

Su paso por la facultad de derecho sigue siendo un ejemplo en la Universidad. En los 121 años del Externado, no ha existido un estudiante mejor. Con una indeclinable fuerza de carácter, difícil de adivinar detrás del ropaje de su timidez, Alfonso Reyes venció todos los obstáculos y se convirtió en doctor.

Su brillante carrera -siempre ligada a la academia- lo llevó a ser magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, viceministro de Justicia, magistrado de la Corte Suprema, presidente de la Sala Penal y finalmente presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En ese cargo estaba cuando se enfrentó con valor a los narcotraficantes. Públicamente denunció las amenazas que venían recibiendo los más altos jueces del país de parte de los llamados extraditables. Es decir, Pablo Escobar y sus socios del cartel de Medellín.

No le tembló la voz para denunciarlos, como no le tembló ese miércoles 6 de noviembre de 1985 cuando el M-19, auspiciado por el narcotráfico, asaltó el Palacio de Justicia. Reyes intentó hablar con el presidente de la República, Belisario Betancur. Como no lo logró, llamó a su antiguo alumno el general Miguel Maza Márquez, director del DAS. También habló con el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, viejo amigo y conocido suyo.

Los dos oficiales le aseguraron que había orden de cesar el fuego para preservar la vida de los rehenes. Alfonso Reyes llamó en medio del fuego cruzado a su hijo Yesid, y le dijo que tanto Maza como Delgado sostenían que sólo restaba que la orden llegara a las tropas, por un problema de comunicaciones.

Cuando Reyes se comunicó con las emisoras de radio para hablar del cese del fuego, el gobierno dio la orden de silenciarlo.

Alfonso Reyes, el presidente de la Corte Suprema, murió como consecuencia de la toma demencial del M-19, asociado con organizaciones criminales, que fue respondida de manera improvisada, excesiva -y también demencial- por la Fuerza Pública.

Así lo recordó esta semana César Julio Valencia, quien ahora ocupa la silla de Reyes en la presidencia de la Corte.

Por atreverse a decirlo, a Valencia le llovieron rayos y centellas. El gobierno, interesado en minar moralmente a los jueces de sus aliados políticos, niega ahora los excesos de la contratoma.

Sin embargo, hay un fallo judicial que no deja lugar a dudas. El Consejo de Estado, en instancia final, determinó que Alfonso Reyes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, murió como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército.

La sentencia establece que el Estado no actuó para preservar la vida de Reyes y de los demás rehenes. Por eso determina que la Nación, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el DAS y la Policía Nacional son administrativamente responsables por la muerte del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La irracionalidad criminal de los enemigos de la democracia no autoriza a las fuerzas legítimas para incumplir las leyes.

No hay que permitir que, en función de las conveniencias políticas de ahora, nos arrebaten la lección que nos dejó la muerte del más insigne juez de Colombia.