La sobretasa de seguridad basada en el consumo de energía

El gobierno de Antioquia, de manera inconsulta y pese a que la Asamblea Departamental había rechazado inicialmente la propuesta por considerarla inconveniente, ha vuelto a presentar el Proyecto de Ordenanza 59. Este proyecto busca imponer una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, sin evaluar adecuadamente las consecuencias económicas que podría generar para los ciudadanos del departamento.

La sobretasa estaría calculada con base en el consumo de kilovatios hora (kWh) de energía y se cobraría a través de las facturas de servicios públicos emitidas por EPM. Los sectores afectados incluyen los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como los industriales y comerciales del departamento. Esta medida podría representar una carga significativa para estos grupos, sin que se haya realizado un análisis detallado de su impacto.

Es indudable que la situación de inseguridad en el departamento de Antioquia es tan grave como, o incluso más crítica que, en otras regiones de Colombia. Resulta evidente que es necesaria una inversión significativa en tecnología y logística para fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía, como lo ha expresado el gobernador de Antioquia. Sin embargo, lo que genera un rechazo contundente es el mecanismo propuesto para recaudar los fondos destinados a este propósito: basar el impuesto en el consumo de energía. Esta estrategia resulta inviable e inequitativa.

En primer lugar, es importante destacar que esta sobretasa recaerá exclusivamente sobre un grupo limitado de municipios en el departamento, aquellos que cuentan excepcionalmente con viviendas clasificadas en los estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comercial e industrial que están conectados a los servicios públicos. Este esquema de recaudo podría tener un impacto desproporcionado, obligando a estos hogares y, especialmente, a los comercios e industrias a destinar una parte aún mayor de sus ingresos al pago de servicios básicos como la energía.

Para los sectores comercial e industrial, esto implica un aumento en los costos de producción, particularmente para las actividades que dependen en gran medida de la energía. Como consecuencia, podrían trasladar esos costos adicionales a los precios de sus productos y servicios, afectando directamente a los consumidores. Además, no se descarta que, para enfrentar estos sobrecostos, muchas empresas se vean obligadas a reducir su personal, generando desempleo.

A largo plazo, esta medida podría hacer que la industria y el comercio de Antioquia pierdan competitividad frente a otros departamentos donde los costos de la energía son más bajos. Esto no solo afectará la economía local, sino que también podría limitar el desarrollo del departamento y agravar aún más los problemas sociales que esta medida busca abordar.

Adicionalmente, no todos los consumidores que estarán obligados a pagar esta sobretasa tienen la misma capacidad económica ni la posibilidad de implementar medidas para reducir su consumo de energía. Esto afectará especialmente a los arrendatarios, quienes, al depender de las condiciones de los inmuebles que habitan, no podrán incorporar mecanismos de eficiencia energética. Esta situación genera una evidente falta de proporcionalidad en el cobro de la nueva tasa, impactando directamente la economía de las familias y la canasta básica.

Antioquia es un departamento cuya economía agrícola, con sectores como la lechería, la floricultura, el café, la avicultura y el banano, depende en gran medida del consumo de energía para operar. Un impuesto basado en el consumo energético podría poner en riesgo la viabilidad económica de estas actividades, reduciendo su competitividad y, en algunos casos, amenazando incluso su continuidad.

Aunque es posible que grandes industrias, debido a su capacidad económica y su volumen de consumo, puedan negociar tarifas más bajas en la bolsa energética para mitigar parcialmente el impacto de esta tasa, la mayoría de las empresas del comercio y la industria, que carecen de este poder de negociación, enfrentarán un impacto desproporcionado. Esto incluye también a las grandes industrias, que, aunque puedan amortiguar el golpe, no estarán exentas de las consecuencias económicas de esta medida.

Está claro que la tasa propuesta por el gobierno departamental, basada en el consumo de energía, es inconsulta e inequitativa. Su implementación aumentará significativamente los costos de producción para las empresas, lo que inevitablemente se traducirá en un alza en los precios de los productos y servicios para los consumidores. Esto generará un impacto en cadena que afectará la competitividad regional y la estabilidad económica del departamento.

La situación económica del país ya enfrenta grandes desafíos, exacerbados por las políticas impositivas del gobierno del presidente Petro, en particular, los efectos negativos derivados de la última reforma tributaria. Si a esto se suman las tasas que el gobierno departamental de Antioquia pretende implementar, el panorama se torna aún más complejo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas empresas, que constituyen el motor económico de Antioquia, podrían verse obligadas a reducir su planta de personal o incluso cerrar operaciones, generando un impacto directo en el empleo y el bienestar de las familias de la región.

Lo más preocupante, y algo que no podemos ni debemos ignorar, es el efecto desalentador que esta medida podría tener sobre la inversión, tanto extranjera como nacional. Las empresas buscan entornos en los que los costos sean predecibles y competitivos. Una sobretasa como esta introduce una variable de incertidumbre que podría alejar a potenciales inversionistas, quienes preferirían dirigir sus recursos hacia regiones con políticas más favorables para los negocios. Del mismo modo, muchas empresas que ya operan en Antioquia podrían considerar trasladarse a otras áreas donde sus operaciones sean más viables y competitivas, lo que agravaría aún más la pérdida de empleo y la desaceleración económica en el departamento.

En conclusión, es fundamental evaluar detenidamente las repercusiones económicas más amplias antes de proceder con la implementación de esta sobretasa. Hago un llamado a quienes promueven esta propuesta para que consideren alternativas más justas y sostenibles, como las alianzas público-privadas en seguridad, un modelo exitoso en varios países del hemisferio. También podrían explorarse opciones fiscales más equitativas y universales que no generen los impactos negativos expuestos en esta columna.

Es crucial que busquemos soluciones que equilibren las necesidades de seguridad con la estabilidad económica de los antioqueños. No podemos permitir que, en nombre de avances tecnológicos en seguridad, se sacrifique el bienestar económico de las familias y las empresas del departamento. Construyamos juntos un camino más equilibrado que beneficie a toda la comunidad.