OPINIÓN

La teoría de las ventanas rotas y el asesinato de líderes sociales en Colombia

La teoría de las ventanas rotas ha sido utilizada con frecuencia por diversos gobiernos en el mundo para disminuir el crimen. Se trata de una política de “tolerancia cero” con la delincuencia para evitar que los problemas escalen. El pedagogo Julián de Zubiría propone utilizarla en este momento en el país en defensa de la vida de los líderes sociales.

Julián De, Julián De
20 de enero de 2020

La teoría de las ventanas rotas fue formulada en la Universidad de Stanford a partir de un original experimento social liderado por el profesor Phillip Zimbardo. El investigador dejó dos automóviles abandonados en diferentes zonas de los Estados Unidos. La primera fue en el Bronx de Nueva York, región muy pobre y peligrosa para aquel entonces. La segunda fue en Palo Alto en California, región rica y aparentemente segura. Al cabo de una semana la situación de los dos vehículos fue muy diferente, ya que el ubicado en el Bronx estaba desvalijado, en tanto el de Palo Alto seguía intacto. Inicialmente la pobreza parecía explicar el estado de los dos vehículos una semana después. Sin embargo, la verdadera originalidad del experimento consistió en poner a prueba una hipótesis alternativa. El investigador decidió romper una ventana del vehículo ubicado en el barrio rico de California. Como resultado de su acción, se desató el mismo proceso que en el Bronx, y al cabo de muy pocos días, el segundo auto también fue desvalijado y destruido por completo. Sus llantas y su motor fueron robados, tal como había sucedido con el vehículo ubicado en el Bronx.

Surge entonces la pregunta: ¿por qué un vidrio roto en el auto ubicado en un barrio supuestamente seguro desata un proceso de vandalismo? La conclusión de los investigadores es que un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de desinterés y despreocupación, lo que va rompiendo los códigos de convivencia y genera la sensación de ausencia de ley, de normas y de reglas.
En 1982 James Wilson y George Kelling publicaron un artículo titulado ‘Ventanas Rotas‘, y en 1996 Kelling publicó un libro de criminología y sociología urbana en el cual concluía que los crímenes se podrían disminuir si fuéramos mucho más intolerantes con la delincuencia desde su origen. La idea es que, si en un edificio aparece una ventana rota y no se arregla pronto, paulatinamente el resto de ventanas acaban siendo destrozadas por los vándalos. ¿Por qué? La explicación es que el abandono envía un mensaje de que nadie está haciendo nada para cuidar, lo que incita a la destrucción.

Esta teoría ha sido aplicada en diversos casos y en buena parte de ellos se han alcanzado buenos resultados. En New York, el sistema del metro fue limpiado línea por línea y coche por coche entre 1984 y 1990. Los resultados fueron muy positivos al convertir uno de los lugares más inseguros en uno de los más emblemáticos de la ciudad. El alcalde republicano Rudy Giuliani adoptó este enfoque de "tolerancia cero" en toda la ciudad. También fue utilizado en Boston y en otras ciudades de los EEUU y del mundo. La “tolerancia cero” estuvo enfocada a castigar cualquier tipo de delito lo más rápidamente posible, evitando la lentitud entre la comisión del delito y la acción judicial.
Hay que mirar con cierta reserva las conclusiones anteriores, dado que siempre es complejo explicar un cambio en las actitudes de una población. También es necesario tener presente que los fenómenos sociales son multicausales. Por tanto, también tendrán que ser multidimensionales sus soluciones. Aun así, la teoría brinda un muy importante lineamiento de política pública.

En esta columna quiero relacionar la teoría de las “ventanas rotas” con la interpretación y el diseño de una posible estrategia para enfrentar el asesinato de los líderes sociales y de los excombatientes desmovilizados de las Farc. Desde la firma del acuerdo de paz, y según Indepaz, al día de hoy llevamos 750 líderes sociales y 180 excombatientes asesinados. Un verdadero genocidio que ha puesto a Colombia como el país con mayor violencia en contra de los líderes sociales en el mundo. The Guardian nos calificó como la “nación más sangrienta”, no le faltan motivos ya que en 2019 uno de cada tres activistas mundiales asesinados, fue asesinado en el país.

El gobierno ha hecho lo posible por minimizar el problema. Siempre ha desconocido el conflicto interno, los desaparecidos y hasta la existencia del principal grupo paramilitar del momento: las Águilas Negras. Cientos de veces los delegados del gobierno han afirmado que no estamos ante asesinatos sistemáticos y en el pasado se hicieron famosas las afirmaciones del ex ministro de defensa, quien concluyó que estábamos ante un verdadero “lío de faldas”. En realidad, no debería haber duda de la gravedad y sistematicidad de los asesinatos y en sus causas. Los líderes son asesinados por el papel que cumplen en sus regiones al reclamar sus tierras, al intentar participar en política y al oponerse a las economías ilegales. El gobierno solo reconoce esta última causa. Las demás, las ignora por completo ¿por qué será? También hay cierta regularidad en las regiones en las que se producen los asesinatos: Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y Nariño. Así mismo, en estos departamentos los asesinatos se producen en unos muy pocos municipios.

Como afirma Sherlock Holmes, siempre hay que iniciar por la pregunta más importante: ¿a quién le convienen los asesinatos? En este caso, la respuesta es relativamente sencilla: a los interesados en quedarse con las tierras de los reclamantes, a quienes controlan los espacios políticos en disputa y a quienes manejan las economías ilegales en las zonas. El investigador Ariel Ávila lo ha explicado en diversas ocasiones en la revista Semana: https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

Partiendo de la teoría de las “ventanas rotas”, tendríamos que usar una estrategia por completo diferente a la que hasta el momento ha utilizado el gobierno de Duque, que ha consistido esencialmente en enviar más militares a las zonas en la que existe mayor riesgo de asesinato. La estrategia ha sido tan ineficaz que, el final de 2019 y el inicio del 2020 han sido el peor periodo en décadas para los líderes sociales del país.

Según el enfoque señalado por la psicología social, el gobierno tendría que reconocer la gravedad del flagelo, tal como reiteradamente lo han solicitado las Naciones Unidas, Human Rights Watch y múltiples organizaciones sociales de Colombia y el mundo. El gobierno Duque tendría que liderar una campaña de “Tolerancia cero” contra los asesinatos. Un aspecto esencial en dicha campaña tendría que consistir en iniciar con “cero tolerancia” ante la descalificación de los líderes. Tarea difícil si se tiene en cuenta que buena parte de la estigmatización, proviene de los sectores más radicales de su propio partido.

Hace pocos días, el prestigioso empresario Mario Hernández, indicó en un trino que en Colombia llaman líder social a lo que en todo el mundo se denomina “terrorista”. Estas irresponsables afirmaciones tendrían que estar totalmente proscritas en el país porque promueven el odio hacia ellos y descalifican por completo su papel. Pero no es un caso aislado. Habría que preguntarse, ¿cuántas veces las organizaciones que representan a los empresarios han salido en defensa de los líderes amenazados? o ¿cuántas veces han convocado a la nación a buscar acciones conjuntas en defensa de la vida?

“Los discursos de odio anteceden a los crímenes de odio”. Así sucedió en el Holocausto nazi, en Rwanda, Camboya y en los países que han vivido masacres y desaparición de una parte importante de su población. Esta tesis del de Adama Dieng, asesor de la ONU para la prevención del genocidio, cobra enorme relevancia hoy en día en Colombia. También en el país, los crímenes de los líderes sociales empezaron antes: desde que los estigmatizaron. Allí comenzaron a matarlos. En consecuencia, no podremos resolver el problema si al mismo tiempo no queda por completo excluida la estigmatización ante el papel que ellos cumplen en sus regiones.

La campaña de “tolerancia cero” frente a la descalificación, las amenazas y los asesinatos de los líderes sociales, tiene que ser liderada por el gobierno nacional, pero tendría que involucrar a los empresarios, a los mandatarios locales, a los medios masivos de comunicación, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales y ciudadanas.

En Colombia la campaña sería muchísimo más importante que la desarrollada en diversos países del mundo, ya que se trataría de convocar una nación entera en defensa de la vida. Esta campaña enviaría un mensaje de gran importancia a los asesinos, a los contratantes de los sicarios, a los interesados de las economías ilegales y a toda la población. Sería una campaña que tendría que replicarse en todos los medios y que contaría con el trabajo articulado del gobierno nacional y de los gobiernos locales. La condición para poder llevarla a cabo, es que, para el gobierno estuviéramos ante un problema que fuera prioridad en sus políticas públicas. Si hay voluntad política y el gobierno asume total compromiso con la causa, no hay duda que pararían los asesinatos de los líderes sociales.

Hasta el momento la nación siente que hay desinterés y despreocupación por parte del gobierno. La sensación es que el gobierno está haciendo muy poco para proteger sus vidas y que lo que hace es muy poco efectivo porque expresa una visión militarista ante un problema con alto contenido social y cultural, el cual ha sido muy poco entendido, analizado e interpretado por el propio gobierno. No hay duda, se están rompiendo los códigos mínimos de la convivencia y estamos ante una situación de ausencia de ley, de normas y de reglas. Estamos ante el inminente peligro de que la situación escale y que se eche para atrás lo que hemos avanzado en la construcción de la paz en el país. ¿Habrán pensado los empresarios lo que esto implicaría para el turismo, el crecimiento y las actividades productivas?, ¿tendremos que esperar otras generaciones para consolidar la paz?

Hace muy pocos días, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el jefe de la Misión de la ONU, expresó de manera muy clara el inmenso peligro al que se enfrenta el país: “La paz no se logrará plenamente mientras las valientes voces de los líderes sociales sigan siendo silenciadas por la violencia y mientras excombatientes que dejaron las armas y están comprometidos con su reincorporación sigan siendo asesinados”. La pregunta central, por tanto, es si el gobierno está interesado en garantizar la consolidación de la paz o si sigue empeñado, como quieren algunos sectores del partido de gobierno, en hacerla trizas. De allí dependerá si por fin el gobierno se decide a liderar una campaña en defensa de la vida, la esperanza y la paz.

Mi invitación al gobierno es a que lidere una campaña nacional de “tolerancia cero” ante las amenazas, la intimidación, la estigmatización y el asesinato de quienes en las regiones defienden los derechos de los campesinos amenazados por los despojadores, la minería ilegal, las mafias políticas y el narcotráfico. ¿Estaremos a tiempo de hacerlo? Hasta el momento el gobierno ha dado un mensaje de descuido y poca preocupación por la vida de los líderes sociales y los excombatientes de las Farc. ¿Será que todavía está a tiempo de enviar el mensaje contrario de “tolerancia cero” y logre convocar a partidos, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos en defensa de la vida? Eso es lo que deseamos casi todos los colombianos. La teoría de las ventanas rotas, le ofrece una oportunidad para hacerlo.

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