La toma de la Nunciatura

Poco se ha hablado de lo que pasó en la Nunciatura Apostólica y de la gravedad de lo sucedido. El pasado 4 de junio de 2024, al menos 30 representantes del movimiento Congreso de los Pueblos se tomó a la fuerza la sede de la embajada del Vaticano en Colombia.

Después de haber protestado al frente del Ministerio del Interior exigiendo el “desmonte del paramilitarismo”, la misma colectividad, encapuchada, irrumpió en la Nunciatura para imponer dentro de sus instalaciones un espacio que denominaron “refugio humanitario”. ¿Cuáles son sus exigencias? ¿Dónde está el pronunciamiento de las autoridades? ¿Por qué no se le ha dado el correspondiente nivel de amenaza?

El Congreso de los Pueblos (CDP) viene siendo un movimiento social y político que agrupa organizaciones campesinas, afros e indígenas en todo el territorio nacional. El CDP busca materializar una propuesta de transformación social que, según su portal web, dignifique la vida atropellada de la población más vulnerable. En ese sentido, no es la primera vez que esta colectividad participa activamente dentro de la democracia. Su primer encuentro fue en octubre de 2010, cuando se congregaron más de 17 mil personas de 220 organizaciones en la Universidad Nacional para definir su hoja de ruta. ¿Cuál es su aspiración?: Sesionar y legislar hasta ejercer el “Mandato de Mandatos”. En otras palabras, alcanzar el poder.

Ahora bien, es necesario leer entre las líneas que plantea el Congreso de los Pueblos, aunque algunas sean bastante explícitas, para entender las verdaderas intenciones que apenas se asoman con la toma de la Nunciatura. Según el Equipo de Conducción Política del CDP, la formación que reciben viene de la concepción y condiciones revolucionarias del cura guerrillero Camilo Torres, inspirador de la lucha armada del ELN.

A este se refieren como su héroe patrio. Es alarmante observar en las redes sociales del CDP cómo se unen a la justificación del cura revolucionario de alzarse en armas “como un acto consecuente del agotamiento de todas las vías legales para hacer política”. (Dicha información se puede encontrar en las historias destacadas del perfil de Instagram de la colectividad). Adicionalmente, en su portal incluyen un editorial completo sobre cómo la teoría revolucionaria de Camilo Torres puede cimentar las transformaciones que desde el Congreso de los Pueblos puedan exigirse.

Sus peticiones en las protestas del 4 de junio, por muy sesgadas y desubicadas que sean, deben llamar nuestra atención no solo por su contenido, que puede contraargumentarse, sino por las formas por las que buscan imponerse. Si bien el derecho a la protesta se garantiza en el Artículo 37 de la Constitución, esta debe ser pacífica. No obstante, la manifestación trasgredió ese derecho al tomarse la Nunciatura por dos días, violando la propiedad privada que también es garantizada por la Constitución.

¿Ahora hay que agradecer que “solo” fueron dos días de toma? En el recinto había dos monjas y una policía que fueron evacuadas cuando los encapuchados entraron a la fuerza. Esto no debería pasar y la permisividad con la colectividad es preocupante. Si bien la Iglesia ha servido de conciliadora en los procesos y diálogos tanto políticos como sociales, no puede prestarse para esto. ¿Cómo se hubieran desarrollado los hechos si hubiera sido otra embajada la que hubiera sufrido este atropello?

Medios de comunicación informaron que los gestores de la Alcaldía de Bogotá habían llegado al lugar de los hechos para “verificar la situación”. Sin embargo, la calidad de las circunstancias era tan delicada que el mismísimo alcalde Galán debió darle más importancia. A estas alturas, no hay un comunicado del alcalde.

Después del estudio de las exigencias del CDP por parte del Ministerio del Interior se inició una mesa de diálogo con la organización para trabajar con profundidad su llamado de atención sobre la creciente ola de violencia que, según ellos, viene de la concepción del paramilitarismo como política estatal. Lo curioso es que en ningún pronunciamiento del CDP menciona la violencia generada por las disidencias de las FARC o del ELN.

En Colombia la protesta social es bienvenida. No obstante, las vías de hecho no pueden ser permitidas como mecanismo de transformación o presentación de procesos revolucionarios como los que el Congreso de los Pueblos motiva.

En su propia síntesis, el CDP plantea, mediante una “concepción camilista”, “retomar los niveles de movilización y protesta alcanzados durante el paro nacional y el levantamiento popular” para “transitar en la construcción de poder popular”. Esas narrativas, bastante dicientes, pueden ser peligrosas para la democracia. El supuesto poder popular no puede estar por encima de las normas ni de las instituciones que soportan la democracia.

Lastimosamente, todavía falta mucho para poner un punto final a estas escandalosas prácticas que pueden estar alentando, si se les permite, más acciones parecidas a la toma de la Nunciatura.