La tormenta perfecta

Con asombro se observa como cada día estamos quedando más atrapados en la telaraña enrarecida que ha formado el actual jefe de gobierno y sus incondicionales discípulos del famoso ‘pacto’, pues las decisiones dictatoriales que emanan del mismo Palacio de Nariño causan escalofrío frente a las nefastas repercusiones económicas, sociales e inclusive de seguridad nacional que estas medidas están causando.

La última perla está relacionada con la expropiación de los ahorros de los colombianos que abiertamente plantea el jefe del poder Ejecutivo, como una medida para conseguir los recursos que están escaseando en la Tesorería Nacional, debido al despilfarro en viajes al exterior, en invitaciones a príncipes y princesas, en la contratación de burocracia casi sin límites, en la creación de ministerios que nada producen, en los viajes en ‘helicotero’ que cuestan millones, en los nombramientos de alfiles en cargos diplomáticos para mantenerlos protegidos, lejos de los micrófonos y de las autoridades, así como también pagando subsidios a las milicias y colectivos.

La errada interpretación de democracia por parte de ‘los progres’ los ha llevado a pensar que el haber logrado el poder en el cuatrienio los habilita para hacer lo que les da la gana con el país, pasando por encima de las leyes y normas vigentes, destruyendo la economía, multiplicando la corrupción, arrasando a la clase media, arruinando a empresas como Ecopetrol, favoreciendo la impunidad ante el crimen, negociando a escondidas el modelo económico del país con delincuentes que llevan 60 años asesinando, secuestrando y extorsionando a Colombia.

La ideología de izquierda seguramente ha llevado a pensar al gobierno que los delincuentes son los interlocutores legales para acomodar el país a su medida, olvidándose que el Estado soberano tiene los instrumentos legales para combatir a quienes están fuera de la ley, empezando por el poder Judicial que no puede postrarse a los pies de una dictadura y juzgar con alineación política, así como el poder Legislativo debe mantener su independencia para evitar que lo contaminen y compren la conciencia de congresistas corruptos, y cuenta además con una fuerza pública para aplicar la fuerza legítima del Estado dentro de las normas constitucionales.

El gobierno no puede renunciar a ejercer la autoridad de que ha sido investido, porque esto lo convierte en cómplice del delito; los ceses al fuego pactados con los delincuentes siempre han sido aprovechados por estos para fortalecerse y en las negociaciones con los gobiernos han logrado posicionarse como si fueran los adalides de las libertades. Los delincuentes son una minoría que no representa a la sociedad y, por tanto, no pueden estar ni al nivel, ni por encima del gobierno que representa a más de 50 millones de personas; lo que buscan es extorsionar a la sociedad, para seguir delinquiendo.

La estrategia de desviar la atención del público hacia temas como el cambio del escudo claramente buscan ocultar escándalos, como el de los billonarios contratos adjudicados a dedo relacionados con la hidroeléctrica de Urrá, recientemente denunciados por una cadena radial, o buscan quitarle protagonismo al interés del gobierno de liberar de la cárcel a los cultivadores de coca, o evitar que la gente se pregunte cuál es el verdadero avance en los procesos judiciales que afectan al entorno político y familiar del jefe de gobierno, los cuales hasta el momento parecen estar paralizados.

La oposición se muestra adormilada frente a las aberraciones del gobierno y parece que existiera complacencia con muchos de sus errores; aparentemente algunos gremios también se han arrodillado.

La izquierda unida está buscando la continuidad en el 2026, pero la oposición no se quiere dar por enterada. Es el momento para que se pronuncien frente a esta tormenta perfecta que puede acabar con la democracia y las libertades de nuestro pueblo.