La tormenta perfecta

Desde el inicio del período presidencial, hace casi ya dos años, el Gobierno ha buscado formas cada vez más expeditas de poner en marcha una estrategia dirigida estrictamente a corroer los cimientos más sólidos de nuestro sistema político, económico, social, democrático y de derecho, llevándose puesto con ello nuestro sistema de valores y principios. Para fortuna del pueblo colombiano, ha sido precisamente la institucionalidad, el Estado de derecho y la prensa libre las que se han convertido en talanqueras a tan perverso fin, permitiendo, entre otros logros, que la opinión pública conozca y despierte ante tan cruento escenario, en el que las artimañas más ruines y corruptas son reveladas y cuyo único afán es socavar los contenidos esenciales de nuestra democracia.

Para desgracia de los colombianos, el escándalo en la UNGRD no ha sido el primero, mucho menos el único y, por lo visto, no es el último de las detestables prácticas corruptas que ya parecen ser impronta del prometido gobierno del cambio. El caso de los carrotanques tiene varios ingredientes que se hace necesario desagregar para entender esta trama que involucra apropiación y desvío de recursos públicos para compra de apoyos necesarios para la aprobación de reformas en el Congreso, lo que a su vez se traduce en la imposibilidad que los recursos lleguen al cumplimiento de los fines estatales afectando a su destinatario principal, el pueblo y, por otro lado, garantizando que las reformas más absurdas y regresivas propuestas por el Gobierno pasen por el filtro del Congreso de la República, al que le cercenan su capacidad deliberativa a través de altas y jugosas dosis de mermelada.

No es casualidad que quienes se envalentonaron contra la intromisión del Ejecutivo en las labores del Legislativo terminaran “cediendo” ante el esperpento de la reforma pensional y ello precisamente no fue fruto de una franca y honesta deliberación política, sino, por el contrario, de la compra y venta de su conciencia a través de la abultada chequera estatal que corrompe lo que toca.

Bajo el escenario propuesto estamos frente a la “tormenta perfecta”. Narra Sebastian Junger en el bestseller publicado en 1997 que en la costa este de los Estados Unidos en octubre de 1991 se produjo una insólita combinación de factores que dieron lugar a la tormenta del siglo, con olas de más de treinta metros de altura y vientos de 180 kilómetros por hora, la tormenta sacudió el mar con una violencia extraordinaria.

En el caso colombiano, es poco probable que esta tormenta que se ha desatado sea insólita, más bien, resulta deliberada e intencional. Tiene como único fin llevarnos al inicio de la segunda mitad del mandato presidencial a una radical “solución” y es la ya mencionada constituyente. El presidente ha dejado claro que no le gusta la democracia, esta sólo le sirvió cuando fue elegido; no le agrada la institucionalidad, los procedimientos prefiere obviarlos. A su juicio, él –y sólo él– puede ofrecer soluciones justas y razonables a los problemas cotidianos de la sociedad colombiana.

Su visión retardataria y regresiva la ha logrado estructurar con una recurrente narrativa socialista, la cual ha fortalecido con un marcado discurso de odio, segregación de clases, y ayudado con una fuerte demagogia respaldada a su vez con una estrategia de comunicaciones pagada por el Estado con jugosos contratos a influencers, quienes quieren imponer a la fuerza su modelo de poder público.

El presidente no comprende, o no ha querido entender, que en una democracia manda el pueblo, todo el pueblo, incluso aquel que tuvo la desfachatez de catalogar como los de la “marcha de la muerte”. Es así que el intento constituyente del mandatario no es otra que una estrategia disruptiva en nuestro actual sistema constitucional y democrático que pretende crear un Estado al estilo y conveniencia del gobernante de turno, en que el Congreso, de llegar a existir, bajo la nueva propuesta estatal, sea el notario del “siempre confiable” Ejecutivo; que las altas cortes –de existir– no puedan controvertir sus decisiones, y que se pueda –a fuerza de decretos o decisiones verbales– tomar las decisiones más importantes de este país. Ejemplo de esto último es lo que se pretende al unificar las funciones de la inteligencia estatal en la DNI.

Lo que está ocurriendo ya lo hemos visto, la estrategia ya está en marcha. El Gobierno busca con su modelo utilizar en contra de sus detractores el aparato represivo y la inteligencia del Estado. Necesita facultades para proceder a cerrar medios de comunicación y silenciar los micrófonos de la prensa libre, quiere tomar control absoluto y tiránico de las universidades públicas irrespetando sus procesos democráticos y autonómicos, limitar la libre competencia económica, hacerse al control de los gremios privados, imponer los manuales educativos en las escuelas, estatizar las pensiones, la salud, los ahorros de los colombianos, en fin, una receta cuyo resultado final es el desastre absoluto. Una verdadera autocracia.

Lo expuesto no es resultado de una paranoia, o de tantas comunes y muy frecuentes teorías conspirativas, por el contrario, es la realidad mostrada a partir del rastro y las huellas de las dictaduras socialistas aún presentes en el siglo XXI.

La verdad de todos y cada uno de estos escándalos nos debe llevar al fondo del asunto y que el peso de la ley caiga con todo rigor en todos los involucrados. Los congresistas y presidentes del Senado y Cámara deberán ser juzgados expeditivamente y, de hallarse responsables, afrontar sus condenas y perder su investidura. Los funcionarios estatales deben ser investigados y condenados ejemplarmente y todos los políticos que han avalado a los corruptos vestidos de gestores del cambio, asuman y afronten su responsabilidad política, que escuchen al pueblo. El pueblo está cansado, se necesitan soluciones reales y funcionarios y políticos comprometidos con ellas. Está claro que aún falta para 2026, pero se lo declaramos desde ya, ¡no seguirán y no pasarán!