La tragedia del pacífico nariñense

El inicio del año 2020 ha sido una tragedia para la costa pacífica nariñese. Los constantes enfrentamientos entre estructuras narcotraficantes presentes en el territorio han generado desplazamientos masivos hacia cabeceras municipales y Ecuador, confinamientos de población rural, homicidios y masacres que perpetúan la violencia y recrean las terribles imágenes del pasado en donde decenas de cadáveres humanos fluyen día a día por sus ríos. El siguiente es el mapa de la presencia de estructuras armadas ilegales en el departamento de Nariño.

En el triángulo del Telembí, compuesto por los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas, la presencia y control territorial del Clan del Golfo, Contadores, Frente Óliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico y Nuevo Grupo han dejado un rastro de sangre y zozobra en las comunidades negras que habitan el territorio. Sumado a esto, recientemente, apareció una estructura armada autodenominada Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano, cuya dirección estaría en manos de alias el Paisa y en la zona por alias el Zarco, que sería el nuevo nombre que tomaría el Frente Óliver Sinisterra.

Un caso extremo se vive en el municipio de Roberto Payán. Según fuentes en territorio, desde el mes de noviembre de 2019 hasta la fecha, no pasa una sola semana en la que no se presenten enfrentamientos entre Contadores, al mando de alias el Gringo y el Frente Óliver Sinisterra (o la Alfonso Cano), lo más preocupante es que, en ninguno de estos casos han aparecido las Fuerzas Militares sino hasta después de sucedidos los hechos, o por lo menos no hay información disponible que permita una afirmación contraria: “Cuando llega el Ejército ya no hay plomo”, aseguró un habitante de Roberto Payán. A finales del mes de enero de este año la Institución Educativa San Antonio, en Bocas de Telembí, quedó en medio del fuego cruzado de estas estructuras criminales siendo casi destruida.

Fotografías de la Institución Educativa San Antonio, Bocas de Telembí, Roberto Payán, después del enfrentamiento.

Los desplazamientos en este municipio también son alarmantes. Según autoridades, han sido desplazadas alrededor de 1600 personas de las zonas rurales, muchas de ellas se encuentran actualmente refugiadas en San José, cabecera municipal de Roberto Payán, lo cual ha desbordado exponencialmente la capacidad del municipio para atender a esta población.

Fotografía de personas desplazadas en San José, Roberto Payán.

En las veredas de Pirí e Isví, los Contadores han extendido su poder de la mano del dinero y las armas del Cartel de Sinaloa, para hacerse al control de toda la cadena de producción del clorhidrato de cocaína, empezando por los cultivos de coca. Algunas fuentes confirman que esta estructura criminal estaría monopolizando la compra de pasta base, a través de la prohibición de su venta al Frente Óliver Sinisterra. De hecho, los hombres de las veredas tienen prohibido salir y a las mujeres se les permite de manera limitada salir siempre y cuando no lleven a sus hijos, con el propósito de garantizar su regreso. Según la Secretaría de Gobierno de Nariño, habrían alrededor de 2.000 personas confinadas en el triángulo del Telembí.

En Magüí Payán, a inicios del mes de enero, el Frente Óliver Sinisterra presuntamente habría asesinado a Segundo Ortiz en plena cabecera municipal y frente a varias personas que se encontraban en el lugar. Días antes, Maricela Cabezas, había sido reportada como desaparecida, sin embargo, fue hallada muerta en el río por unos pescadores de la zona. Durante el mismo mes habrían sido desplazadas alrededor de 1.000 personas del área rural de este municipio por los enfrentamientos entre estructuras criminales.

A finales del mes de enero, se registraron en el mismo municipio seis personas heridas y una muerta, producto de las minas antipersonal sembradas por los grupos armados con el objetivo de ‘proteger’ sus cultivos de coca de la policía antinarcóticos y de otras estructuras criminales. Adicional a estos acontecimientos, Antonia Arizalas fue amenazada en múltiples ocasiones y se vio obligada a salir del municipio con su familia debido, según relatos, a una serie de denuncias que había realizado en contra del actual alcalde, Alejandro Quiñónez, por fraude en las pasadas elecciones de octubre de 2019.

La alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, declaró al municipio en situación de emergencia humanitaria y social, debido al desplazamiento de 3.034, miembros de las 26 veredas que conforman el Consejo Comunitario Río Chagüi. Por otra parte, la institucionalidad en el municipio de Olaya Herrera reporta el desplazamiento de cerca de 2.500 campesinos entre afros e indígenas pertenecientes a la etnia eperara siapidara.

En las cabeceras urbanas de la mayoría de los municipios del Pacífico sur proliferan pequeños grupos delictivos subordinados a las grandes estructuras criminales, compuestos por jóvenes de los barrios más empobrecidos, dedicados al microtráfico, la extorsión, el secuestro extorsivo. Distintos líderes sociales y funcionarios coinciden en que el consumo interno de cocaína ha crecido de manera exponencial y en paralelo las ollas de expendio en los barrios.

El panorama es desalentador, cientos de vidas son sacrificadas a diario por la disputa entre estructuras criminales mientras las fuerzas del Estado no dan golpes contundentes para desmantelarlas y llegan tarde a los combates. En lugar de ello, el 8 de febrero el Ejército destruyó más de 500 hojas de cacao del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera –lugar con más hectáreas de coca del Pacífico- , en Tumaco, financiadas por el programa de sustitución de cultivos, para ‘despejar’ la zona para el aterrizaje de un helicóptero que llevaría provisiones a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. Mientras los grupos criminales crecen, se consolidan y afianzan su poderío transnacional, el gobierno de Iván Duque Márquez le echa leña al fuego.