La transformación que necesita el Inpec

Se habla mucho de condiciones de reclusión dignas, derechos humanos, pero no se debaten los temas que reducirían, en gran medida, lo inhumano de las cárceles en Colombia, las cuales son una bomba de tiempo para que ocurran hechos tan desafortunados como los de Tuluá.

Los internos en Colombia, un tema incómodo de tratar, impopular, pero bastante necesario.

No podemos negar que se debe lograr una reestructuración profunda al sistema carcelario, en aras, siempre, de la resocialización. Para lograr esto se deben tratar cinco temas fundamentales, que no quiere decir que sea lo único, pero sí es una buena base para su transformación:

1. Liquidar el INPEC, entidad que fue creada por el decreto 407 de 1994.

Por muchas razones que todos conocemos, el sistema se agotó. La corrupción dentro de las cárceles es incuantificable y esto, sin duda alguna, tiene complicidad de la guardia carcelaria, que, afiliados a uno de los tantos sindicatos que tienen, juran tener un fuero especial y una protección legal ante su inminente actuación en la ilegalidad.

Más de 50 sindicatos con posibilidad del porte de armas en Colombia tiene el INPEC, los cuales están lejos de cumplir a cabalidad con las funciones que detentan como guardianes, lo que facilita que la delincuencia siga actuando dentro de las cárceles.

La propuesta es reemplazar la actual guardia penitenciaria para darles esas funciones a una institución, una nueva policía penitenciaria, dependiente de la Policía Nacional en la parte administrativa y se les aplique el régimen disciplinario impartido en la ley 2196 del 2022.

Los funcionarios actuales del INPEC que cumplan los requisitos de pertenecer a la nueva rama de la policía nacional, con sus respectivos ajustes, podrían ser trasladados. Los que no cumplan los requisitos, pueden ser trasladados, según la función pública, a cualquiera de los entes del Estado como Migración Colombia, la UNP, por ejemplo.

2. Entregar en concesión la construcción, reforma y manejo de las cárceles del país en un trabajo liderado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPC.

Esta figura ocurre en muchos países, donde las cárceles son administradas por particulares que se encargan de la alimentación, salud, mantenimientos de las instalaciones físicas, procesos de resocialización, etc.

Con una calificación permanente del servicio, el estado pagaría a los concesionarios por los servicios que presta, teniendo en cuenta que estos últimos, también deberían proveer un sistema de educación y buscar la manera de que existan factorías internas para los reclusos.

3. Entregarle al CISA la gestión inmobiliaria de las actuales cárceles en Colombia que están ubicadas en los mejores sitios y de altos avalúos catastrales y comerciales, por ejemplo, la cárcel del Buen Pastor y la Modelo en Bogotá, la cárcel de Bucaramanga, Barranquilla y muchas más, para que se inicie un proceso de venta y esos dineros sean utilizados para la construcción, en condiciones dignas, de mejores centros carcelarios en las afueras de las ciudades, donde hoy ya existen algunos y hay lotes adecuados para construir unos nuevos.

Los dineros recaudos de las ventas permitirían ejecutar, desde cero, una política de mejoramiento de la vida carcelaria y ayudarían en el proceso de readaptación de los internos de una manera sin precedentes, ya que se podría evitar el hacinamiento, se promovería el estudio y trabajo, y se aseguraría que, cuando los estos queden en libertad, tengan las opciones y la capacidad para actuar como ciudadanos del común.

Los dineros para la construcción y mejora de los centros carcelarios saldrían de los ingresos de la gestión inmobiliaria, de la venta de las actuales cárceles y de los ingresos de la ley 66, que son parte de los ingresos de la Superintendencia de Notariado y Registro, que permitirían hacer un préstamo puente para tener los dineros suficientes para realizarlos y con esto asegurar el pago de los créditos a corto y mediano plazo que se requieran.

4. Los internos que estén próximos a finalizar sus condenas podrían prestarles servicios al Estado y ser ubicados en labores de obras públicas o acomodarlos según su profesión. Esto, sin duda alguna, ayudaría considerablemente en su proceso de resocialización y les visibilizaría un futuro más próspero en su libertad. Esta experiencia ya la hizo Medellín en la alcaldía de Juan Gómez con el ya extinto Instituto Mi Río. Con unos resultados extraordinarios, los internos se encargaban de la limpieza de las quebradas y el Río Medellín

5. Otra idea que puede ser muy polémica es que los internos, demostrada su capacidad económica en los procesos de imputación y condena, deberán pagar, como pena adicional, su manutención en el centro penitenciario. Se puede complementar para que, con los ingresos de un eventual trabajo gestionado desde la cárcel, puedan seguir aportando en el mantenimiento de sus hogares y sus familias.

Si logramos implementar, al menos, estas cinco iniciativas, y las complementamos con muchas otras que han sido promovidas por los gobiernos, se puede lograr una nueva política pública para los internos en los centros penitenciarios del país, y las metas de resocialización serían posibles de alcanzar.

Si comenzamos trabajando por la dignidad y la calidad de vida de los internos de las cárceles de Colombia, estaremos dando un paso importante para la reducción significativa de los índices de criminalidad y de desigualdad, aparte, mejoramos la calidad de vida de los internos y sus familias.