Lucia Bastidas

Opinión

La UAESP: el cementerio de la anticorrupción

La Contraloría Distrital me dio la razón a principios de enero de 2023, al revelar una auditoría en la que encontró diez hallazgos en la administración de los cementerios.

20 de enero de 2023

La ciudad quedó estremecida cuando explotó en los medios la denuncia de la revista Cambio, con las irregularidades alrededor de la contratación de la administración de los cementerios distritales. Se habló de coimas, desaparición de protestantes, y otros temas escabrosos. La repuesta de la administración fue pedirle la renuncia a la gerente de la entidad y atacar al denunciante. Pero la sensación que ha quedado es que en los hornos crematorios del distrito se quemó el código de transparencia de la alcaldesa Claudia López y sus aspiraciones presidenciales.

La renuncia de la directora de la UAESP responde a la imposibilidad de la exfuncionaria para asumir el escándalo sobre las irregularidades en la contratación de la administración e interventoría de los cementerios distritales y el liderazgo en el manejo de residuos y alumbrado público. Esos hechos los denuncié públicamente desde que se conocieron los audios en los que un contratista indicaba a un proponente como adjudicar el proceso por $41 mil millones. Durante la ejecución del mencionado contrato el operador no ha cumplido con las obligaciones, la interventoría entregó información y la entidad no actuó. El mencionado reportaje de la revista Cambio confirmó varios de los cuestionamientos sobre corrupción en la entidad.

Las anomalías son muchas, como denuncié en un debate de control político. No hay planeación técnica en los proyectos de la entidad como lo es termovalorización y sustitución de vehículos de tracción humana. Bogotá es un botadero de basura a cielo abierto y refleja la mala gestión, improvisación y falta de liderazgo en la UAESP en las funciones que le competen. Frente a estos hechos pasaron semanas para que la administración decidiera hablar sobre esto. El mensaje a la ciudadanía fue contundente: la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente de la entidad no eran su prioridad.

La Contraloría Distrital me dio la razón a principios de enero de 2023, al revelar una auditoría en la que encontró diez hallazgos en la administración de los cementerios: seis de tipo administrativo, tres de tipo fiscal y uno con posible implicación penal. La Personería de Bogotá suspendió, además, a la subdirectora de asuntos funerarios y alumbrado público por omisión en sus funciones frente al seguimiento de los cementerios. Es urgente que la Fiscalía acelere las investigaciones. Los culpables de este caos no pueden quedar impunes.

A la par con la acción de los entes de control y la Fiscalía es importante hacer el debido control político a la Administración, que es la primera atribución que tienen las corporaciones administrativas en el país. En esa actividad fue muy activa la alcaldesa de Bogotá cuando actuó como senadora. Hoy ella olvida que promovió la consulta anticorrupción, que costó más de $310 mil millones. Prometía, entonces, castigar a quienes se vieran involucrados en ese tipo de comportamientos sin ningún beneficio judicial y exigía la contratación a través de contratos tipo pliego, algo que pudieron aplicar en la adjudicación de esta concesión, en vez de gastar $300 millones en la estructuración del contrato de servicios funerarios y de la administración de los cuatro cementerios distritales. La corrupción le estalló en las manos a la alcaldesa.

Claudia López, en entrevista con Yesid Lancheros, de Semana, arremetió contra la anterior administración, cuando se le preguntó por la corrupción en la UAESP. Desvió la atención a las obras de valorización y la renegociación de los contratos de Transmilenio. La alcaldesa debe asumir la realidad que vive su gobierno y dejar de atacar el control político, al que califica como politiquería, cuando es una herramienta eficaz en la lucha anticorrupción.

Durante esta Administración la UAESP se ha cimentado en el clientelismo y la corrupción, que aparentemente involucra a concejales de la ciudad. La ciudad espera que con la salida de la directora y la suspensión de la subdirectora comience efectivamente a desmantelarse una red de servidores públicos corruptos. Es un horror que la alcaldesa que más ha hablado de transparencia sea la que haya visto a sus funcionarios más cercanos cabalgar en lo que aparenta ser un nuevo carrusel de la contratación.

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