La última ficha del dominó

Se ha ido transformando en una profecía autocumplida. “Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominó, saliendo definitivamente del mercado. Como un dominó se cae, ficha tras ficha, eran 110, no quedan, sino seis vivas (sic)”; estas palabras fueron pronunciadas un año atrás por el presidente Petro, el primero de mayo de 2023, y hoy tienen más actualidad que nunca.

Al cierre del tercer trimestre de 2023, de las 18 EPS que aún sobreviven, 12 tuvieron un cierre negativo cuando se evalúa el balance entre ingresos, gastos y costos. En ese mismo periodo, 12 de las 18 cerraron con patrimonio negativo. Una cruda y preocupante realidad.

La última en naufragar seguramente será la Nueva EPS, hoy bajo administración controlada por el Gobierno. Y su caída tiene todas las luces de que será estrepitosa: la Nueva EPS cerró 2023 con pérdidas de alrededor de 400.000 millones de pesos y las proyecciones para 2024 muestran que puede cerrar con cerca de un billón de pesos. Un escenario inédito de nueve dígitos de pérdidas, exponencial, si se compara con los cinco años anteriores (2018-2022) que en su mayoría estuvieron en terreno positivo.

La “crisis explícita” ya es una realidad y los argumentos de los áulicos y “técnicos de nuevo cuño del Gobierno” por mostrar que la crítica situación actual se debe a que las EPS se embolsillaron los recursos de la salud de los colombianos, van camino a ser completamente arrollados por la realidad catastrófica del desfinanciamiento intencional del aseguramiento. Esa realidad pura y dura la pagará el bolsillo de los colombianos, especialmente los más pobres y vulnerables.

La siniestralidad, es decir, la diferencia entre lo que las EPS perciben del Gobierno por cada colombiano y lo que realmente gastan, ha crecido de manera descontrolada. Como lo muestra de manera contundente un estudio, próximo a publicarse, liderado por Daniel Pinzón, con datos de la Superintendencia Nacional de Salud: la siniestralidad agregada de las EPS del régimen subsidiado y contributivo están en crecimiento constante desde 2020 y llegó al 101 %, en 2022, al 100 % en septiembre de 2023.

Eso quiere decir que de 100 pesos recibidos para pagar el plan de beneficios de la salud de los colombianos, las EPS gastaron 101 pesos en 2022. La siniestralidad del pago de las incapacidades de los trabajadores fue del 106 % y la de los presupuestos máximos, que incluye todo lo que pagan las EPS fuera del plan de beneficios, llegó al 154 % en 2022. Se gastaron 54 pesos más por encima de lo que el Ministerio de Salud reconoció en su momento.

Ese discurso ideológico y ligero de las bodegas del progresismo hacen creer que las EPS embolsaron las reservas técnicas para su propio beneficio se cae de su peso. ¿Qué reservas técnicas se van a poder mantener cuando el propio Gobierno desfinancia el aseguramiento y las EPS tienen que soportar la inmensa presión de los hospitales públicos y privados exigiendo el pago de las carteras de los servicios prestados? Más cuando, desde agosto de 2022, se dejó de hacer el análisis -actuarial- de los gastos en salud porque la información de las EPS “dejó de ser confiable” y se pasó a asignar a dedo desde el Ministerio el valor per cápita para 2023. Años de esfuerzo por contar con información de consumo y gasto en servicios se botaron, convenientemente, por la borda.

Pero el puntillazo final de este dominó sangriento lo constituye la última invención del Ministerio de Salud. Según un proyecto de resolución publicada, las EPS serán obligadas a entregar el 5 % de lo que les reconocieron este año para pagar los servicios de salud para financiar el funcionamiento de los redundantes equipos básicos extramurales.

La cuenta es sencilla: para 2024 se incrementó la UPC en 12,1 %. De esta cifra, el 2,28 % solamente corresponde a las nuevas tecnologías incluidas para este año. Ahora, por la derecha les quitan el 5 %, lo que en plata blanca significa que el incremento real quedó en el 4,8 %. Este valor es tres puntos por debajo de la inflación general y aún más lejos de la inflación del sector salud, que históricamente es más alta. Este ejemplo, para la Nueva EPS, puede significar que sus pérdidas proyectadas para este 2024 superarán los 1,7 billones de pesos.

Muy difícilmente las EPS podrán resistir este año ese macabro escenario y la “crisis explícita” para el regocijo de quienes la impulsaron para que fuese una realidad. Vano triunfo, o mejor dicho, una victoria pírrica. Si las EPS se caen, aun con reforma aprobada, no hay ni la más mínima posibilidad de que la Nueva EPS tenga la capacidad de recibir y manejar la salud de los millones de colombianos que quedarán sin aseguramiento.

¡Esa es la verdadera crisis! Para la cual el Gobierno no tiene ni la gobernabilidad, ni los recursos humanos, ni los procesos, ni la capacidad técnica, ni los sistemas de información para afrontarla. Tampoco los recursos financieros porque para que la Nueva EPS reciba millones de colombianos desafiliados, requiere billones de capitalización según la ley; que no la van a poder aportar las cajas de compensación, dueñas de más del 50 % de la entidad. Difícilmente lo logrará el propio Ministerio de Hacienda con el escenario de limitación presupuestal que hoy afronta.

La parte oculta de la profecía es que para los colombianos el escenario es regresar a 1990, cuando los más ricos tenían que pagar un seguro privado y los pobres a hacer cola en servicios públicos de caridad. Entretanto, los recursos de la salud circularán por las manos de los gozosos políticos de turno. Esa última ficha del dominó está hoy en manos de los congresistas que tienen el poder de frenar esta hecatombe, como lo he reiterado en varias oportunidades, el constituyente primario, que son los electores, debe tener los ojos bien abiertos de cara a las elecciones de marzo de 2026.

Esa última jugada será clave para el futuro de más de 50 millones de colombianos que no soportarán en su salud una mala reforma.