Las amenazas funcionan y los hampones ahí

Nuestras instituciones están en riesgo porque no fueron diseñadas ni conformadas para resistir el embate de la inmoralidad descarada y una agenda específica de ruptura del orden constitucional liderada desde la cabeza misma del poder ejecutivo.

La premisa de su estructura fundacional fue que las ramas del poder público estarían ocupadas por personas decentes que no buscarían como objetivo la destrucción definitiva del Estado al que pertenecen.

Como lo hemos verificado todos los colombianos, el actual gobierno, contrario a la premisa fundacional, desconoce de manera sistemática el Estado de derecho en todas sus expresiones.

Lo abusivo: mal-usar la presunción de legalidad para brincarse la ley, como en los múltiples casos en los que el suspendido canciller actuó por fuera de la ley en licitación de los pasaportes o desconoció su suspensión disciplinaria y siguió adelantando actuaciones administrativas como si nada. Los actos administrativos serán demandados y, seguramente, suspendidos y anulados. Pero, mientras tanto, rigen y permiten al Gobierno avanzar en sus labores de demolición o soborno. Los vemos en todos los ministerios y entidades del nivel central, promoviendo corruptelas o llegando a extremos inauditos como el desconocimiento de la ley orgánica del presupuesto por parte del presidente y su ministro de Hacienda.

Lo notorio: Las descalificaciones, amenazas y fabricaciones de Petro. Puede insultar, atacar, denigrar a cualquiera a la vez, que con sus redes de apoyo construyen espejismos ante la comunidad internacional, donde prima la victimización y la conspiración. Estas mecánicas cumplen diversos objetivos: distraer a la opinión, meterle miedo al que se le atraviese, carbonear el fogón de sus adeptos y una variante de lo que ha sido su activismo internacional de toda la vida, denostar de la democracia y sus instituciones con base en falsedades. Este último objetivo rompe la integridad de nuestra democracia para el acomodo de Petro, sin que las instituciones o la oposición tengan la capacidad real de defenderse y contrarrestar esta sistemática publicidad negativa a la cual le hacen eco y lobby cientos de burócratas internacionales adeptos a la izquierda radical.

Lo oculto: chantajes, presiones y amenazas centradas en el uso arbitrario de facultades de vigilancia y control del presidente, principalmente a través de sus superintendentes. Con ello, la administración ha logrado avanzar en la toma de control de centros de poder en las instituciones, como las cámaras de comercio o empresas como Nueva EPS, y ha doblegado y silenciado a gremios y periodistas.

Lo criminal: los abusos de poder en casa de Nariño, en la cabeza visible, por ahora, de Laura Sarabia. Vinculada a la realización ilegal de polígrafos e interceptaciones a sus empleadas personales, no puede tampoco desentenderse de la siniestra muerte del coronel Dávila, alto funcionario de la seguridad del presidente. En lugar de alejar esta oscura figura, por el contrario, se la premia y ratifica en sus cargos de poder para enviar a tirios y troyanos el mensaje de que este gobierno está dispuesto a todo para lograr sus fines y romper la democracia colombiana.

En plena vigencia de esta combinación siniestra de acciones sistemáticas del Gobierno es que se producen las amenazas presidenciales a la Corte Suprema de Justicia cuando iniciaba la consideración reglamentaria de la terna de postuladas para la Fiscalía General de la Nación.

Petro y sus esbirros se han encargado de denostar a toda la rama judicial en Colombia y en el mundo, tergiversando sus decisiones judiciales y sus acciones administrativas y nominadoras. El bloqueo al Palacio de Justicia, cargado de símbolos funestos, mostró también la disposición de pasar a las vías de hecho contra las personas que conforman la rama, los que se quitan la toga y salen a la calle a seguir su vida y todos los que los asisten.

Pero el Gobierno ha desatado igualmente las presiones personales a los magistrados en tono de reclamo, amenaza o intriga. Diaria y constantemente, los magistrados de la Corte reciben mensajes desde diversos horizontes para acelerar los consensos en torno de uno de los tres nombres.

Y los efectos de la amenaza, una amenaza creíble y casi que estructural, son evidentes. En cualquier otro escenario, el hecho de pasar, en 15 días, de una fuerte mayoría de 13 votos en blanco, una clara muestra de insatisfacción con la independencia e idoneidad de las ternadas, a una significativa mayoría a favor de una cercana de Petro, activista judicial y esposa de un histérico petrista digital, generaría suspicacias.

Qué difícil la situación de la Corte. Hostigada y denigrada en el cumplimiento de una compleja función constitucional. Su prioridad es garantizarle al país, ante todo, la razonable independencia y deseada idoneidad del fiscal general, quedando así imposibilitada y relegada con el doble riesgo de pasar a la historia como la institución que habilitó la posibilidad de una fiscalía politizada para “meter a una gente a la cárcel”, al tiempo que el país y el espíritu ciudadano se derrumban ante los embates sistemáticos y generalizados de delincuentes de toda laya.

Mientras tanto, la presión y urgencia de Petro seguirá. Debe frenar las investigaciones que le incomodan y entrar a complementar las acciones antes descritas con la presión del ente de instrucción criminal sobre la clase política, los opositores, la prensa y el sector privado. En la balanza de la Corte, no está hoy el destino de una causa individual. Está el futuro de nuestra sociedad democrática.