Las armas son monopolio del Estado

La revista Semana, con curioso calificativo de “particular declaración”, informó que el presidente Gustavo Petro, en medio de su reciente visita a la Guajira, afirmó que el pueblo es el propietario de las armas de la nación, en el contexto de dura crítica a los falsos positivos.

Peligrosa, muy peligrosa declaración, más si se tiene en cuenta el respaldo gubernamental a las guardias campesinas e indígenas, y a la denominada primera línea, así como el respaldo a recientes eventos delictivos contra miembros de la fuerza pública, llamados eufemísticamente “cercos humanitarios”, que llegaron incluso al homicidio —sin que se conozcan acusaciones penales ni presuntos responsables—, que enfrentan a sectores minoritarios de la población con las autoridades policiales y militares.

Los falsos positivos son hechos atroces e ignominiosos que deben ser repudiados y sancionados. De ninguna forma justifican patrocinar desde el gobierno el descrédito de las instituciones y menos la confrontación de ciertos sectores con las fuerzas del Estado.

Es cierto, la soberanía o máximo poder reside exclusivamente en el pueblo, que lo ejerce en los términos de la Constitución, bien sea adoptando decisiones directamente a través de plebiscitos, referendos o consultas populares, o mediante la elección popular de representantes o administradores en los órganos del Estado. En otras palabras, el pueblo se expresa mediante el conjunto de normas generales de carácter coercitivo: el Derecho.

La Fuerza Pública, integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional está establecida para defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional, así mismo, para mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la paz. En fin, la Fuerza Pública está para hacer cumplir el orden jurídico: el Derecho.

De acuerdo con las definiciones más elementales, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, lo que quiere decir que las diferencias no se solucionan mediante la imposición forzada entre las partes, sino acudiendo al Estado y sus procedimientos, que no son otros que las normas jurídicas: el Derecho.

Se equivoca el primer mandatario de los colombianos, comandante supremo de la Fuerza Pública, a partir de tremendos errores cometidos por algunos de sus miembros, en siquiera sugerir la disociación entre el pueblo, la Constitución y sus instituciones, una de estas la que comanda.

Se equivoca el presidente que proviene de la insurgencia armada, en intentar, consciente o inconscientemente, en mermar o derrotar a sus antiguos oponentes, desde la dirección del Estado, ellos son la garantía del funcionamiento de las instituciones, la misma que en condiciones dificultad que no siempre se prevén, deberán garantizar el ejercicio de su cargo.

En fin, las armas son monopolio del Estado al servicio de la Constitución y del Derecho, no son de fracciones populares como tampoco de sectas ideológicas obsoletas que predican luchas fratricidas.

El camino no es la arenga provocadora de enfrentar sectores populares a las instituciones, por el contrario es superar las diferencias con propósitos comunes, sin perjuicio de que los infractores de la ley, sin importar la orilla de la cual provengan, respondan por sus faltas.