Las casas Colombia

Desde el inicio de este gobierno, nos hemos acostumbrado a una serie de estrategias que supuestamente tienen como objetivo promover la cultura, la economía y las oportunidades de inversión en Colombia en los grandes eventos internacionales, donde asisten ciudadanos de muchos países del hemisferio. Estas estrategias se han denominado Casas Colombia. La primera de ellas se instaló en el principal foro económico del mundo en Davos, Suiza, y la última se inauguró la semana pasada en la sede de los Juegos Olímpicos en París.

Esto ha generado un gran escándalo en nuestro país debido a los gastos excesivos necesarios para la puesta en funcionamiento de la Casa Colombia en Davos, lo cual la mayoría de los colombianos consideran innecesario. A pesar de este antecedente, el gobierno procedió a montar otra Casa Colombia en la sede de los Juegos Olímpicos.

La justificación de estos gastos es incomprensible, especialmente considerando la difícil situación económica del país, caracterizada por un déficit fiscal que incluso obligó al Ministerio de Deporte a tomar decisiones absurdas, como reducir los beneficios económicos para los medallistas. Así, los deportistas que ganen medallas en estos Juegos Olímpicos recibirán reconocimientos económicos más bajos que en olimpiadas anteriores.

La estrategia de las Casas Colombia ha reavivado en la mayoría de los colombianos la percepción de inversiones exageradas para su funcionamiento, percepción que probablemente se extenderá a la nueva Casa Colombia en París. A diferencia de la de Davos, esta se inauguró con gran pompa, una decisión que, sin duda, el presidente Petro y sus asesores tomaron para coincidir con el día en que la Fiscalía General de la Nación imputaba numerosos delitos a sus funcionarios Olmedo y Sneyder ante un juez. En un acuerdo de delación con la Fiscalía, muchos de los allegados más cercanos al presidente, incluyendo ministros, consejeras presidenciales y altos funcionarios, como el director de Inteligencia Carlos Ramón González, se vieron implicados, lo que llevó a González a renunciar.

Este patrón se repite cada vez que surge un hecho que pone en duda al gobierno en términos de corrupción u otras conductas cuestionables que han generado escándalos en los últimos dos años, dañando la imagen del presidente. La reacción habitual ha sido crear cortinas de humo para desviar la atención de las consecuencias, como ha ocurrido con el reciente escándalo de la UNGRD y otros eventos previos que no podemos olvidar.

Pero retomemos los serios cuestionamientos sobre la puesta en funcionamiento de las famosas Casas Colombia, que no se salvan de las críticas debido a los elevados gastos que generan. Estos gastos, seguramente, coincidirán con la escasa y débil justificación de destinar sumas millonarias del erario público para cubrir el alquiler de los inmuebles, la decoración y la logística de los diferentes eventos realizados en estos lugares. Llama la atención que, con un presupuesto nacional deficitario, estos fondos podrían haberse utilizado en programas sociales prioritarios para suplir las engañosas promesas del gobierno.

Lo que genera serios cuestionamientos es la dificultad para establecer los resultados de la puesta en funcionamiento de estas Casas Colombia y su eficiencia real para el país. Hoy en día, no conocemos resultados concretos que justifiquen las altas inversiones, las cuales no garantizan un retorno claro de la inversión, como ocurrió con la Casa Colombia en Davos. El gobierno del cambio nunca publicó informes detallados sobre los gastos y resultados obtenidos, lo cual permitiría determinar si esta inversión se justificó a corto, mediano y largo plazo. Estoy seguro de que la Casa Colombia en París durante los Juegos Olímpicos tendrá las mismas consecuencias.

Es sorprendente que muy pocos sabían de su existencia. Ambos procesos, tanto el de Davos como el de París, no fueron ni son prioridad nacional, aunque sí lo fueron para el gobierno, que intenta justificar lo injustificable. Por esta razón, este tipo de eventos internacionales no debería ser una prioridad cuando las inversiones cuantiosas podrían invertirse mejor para enfrentar los innumerables problemas internos que nos azotan, como la pobreza, la educación y la salud, entre muchos otros.

Lo que el gobierno del cambio tiene claro y bien definido es la situación actual de la ‘Casa Mayor Colombia’, es decir, nuestro país. No cabe duda de que no está funcionando bien, y esta problemática no se enmarca en ningún evento internacional. La democracia ha sido debilitada en los últimos dos años, desde que el presidente Gustavo Petro asumió el liderazgo, promoviendo una transformación que ha dividido a los colombianos. Más del 70 % de los ciudadanos no están de acuerdo ni apoyan la forma en que dirige el país.

A esto se suma la incapacidad de ejercer autoridad, permitiendo que individuos reconocidos por sus actividades delictivas vivan abiertamente en la Casa Mayor Colombia, imponiendo sus propias condiciones de autoridad y seguridad. Este no es el único problema; el más grave es el robo sistemático del presupuesto por personas de confianza del presidente, quien siempre justifica estos actos alegando que ocurrieron a sus espaldas y que tanto él como sus aliados fueron engañados.

Para recuperar la convivencia, el presidente está proponiendo un acuerdo con la oposición. Sin embargo, esto parece ser demasiado tarde, ya que la mayoría de los ciudadanos han perdido la confianza en él. No respetar a los habitantes y tratar de imponer una convivencia y calidad de vida para su propio beneficio y el de sus aliados asegura un fracaso total.

Por eso, retomando mi columna anterior, si el 70 % de los habitantes de la Casa Mayor Colombia no se unen, la destrucción de nuestro país será inevitable.