Las operaciones conjuntas y el desequilibrio estratégico en favor del Estado en momentos de crisis

La capacidad de realizar operaciones conjuntas de parte de las fuerzas militares colombianas marcó un antes y un después en la historia reciente del país y seguirá siendo la columna vertebral para garantizar, tanto el control del orden interno, como la seguridad nacional incluso más allá de sus fronteras.

La alta precisión y contundencia en operaciones contra blancos de alto valor estratégico, los certeros golpes a toda la cadena del narcotráfico en tierra, mar y aire, así como el desmantelamiento de grandes redes del crimen transnacional en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, entre otros, han posicionado a Colombia como un referente muy exitoso en el contexto internacional, especialmente para naciones amigas en América, Europa y algunos países de África. Estas capacidades diferenciales se han alcanzado gracias al trabajo de líderes visionarios, mandos medios comprometidos y tropas dispuestas a dejar hasta su vida —si fuese necesario— en cada entrenamiento, en cada operación. La experiencia en el campo de combate, el excelente comando y control, el empleo eficiente de los medios, pero especialmente el trabajo conjunto y coordinado, han sido los pilares de estos logros emblemáticos.

No fue la buena voluntad de la guerrilla de las Farc lo que los llevó a la mesa de negociaciones, sino los golpes contundentes que recibieron; que hayamos perdido en la mesa de negociaciones, por mezquindades políticas, lo que se ganó en el campo de combate, es un tema muy diferente. Como señaló Clausewitz: “La guerra, que surge siempre con la política y que se ve influenciada por ella, siempre es un acto político”.

Actualmente, el país enfrenta un caos en orden público como nunca antes. La fuerza pública está perdiendo iniciativa táctica y el control territorial en sitios claves de la geografía nacional, como el suroccidente y la región oriental del país, enclaves principales para la salida de drogas. Se han vuelto parte del paisaje las innumerables masacres, la presencia de bandidos patrullando vías, inaugurando obras, incluso carnetizando a la población civil donde nadie se mueve sin permiso de ellos; el bloqueo recurrente de carreteras, los cultivos ilícitos en plena bonanza sin poder fumigar, la suspensión de bombardeos a los principales cabecillas. Constantes ceses al fuego sin cumplimiento de acuerdos previos, bandidos delinquiendo en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y —no menos grave— el secuestro de soldados sin posibilidad de defenderse porque para ellos sí aplican las reglas de enfrentamiento.

El problema se vuelve mucho más complejo por la vacilación en la voluntad política, al estar en juego la paz total, que no hace más que agregarle interferencias al control del orden público, al querer complacer a las disidencias de las Farc, las guerrillas del ELN, el Clan del Golfo y “guardias campesinas” sin sustento legal; todos estos actores del conflicto con filosofías y visiones de país distintos e insaciables pretensiones, como cambiar el modelo económico, tratando de sacar provecho a como dé lugar, aprovechando el desorden generalizado y la necesidad del gobierno del cambio de mostrar algún resultado, que cada vez se ve más lejos. Ni qué decir de la drástica afectación al importante trabajo que realizaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con los comandos de fuerza. Ahora, con un enfoque distinto a producir inteligencia, lo que ronda es la prevención y la desconfianza.

En este terrible panorama, la fuerza pública pone todo su empeño y sacrifico tratando de sortear la grave crisis, pero con tantas interferencias y obstáculos para realizar su trabajo, es entendible su desmotivación por terminar metido en un problema legal o disciplinario.

Por estos días se habla de una iniciativa para modificar las operaciones conjuntas, comandos y fuerzas de tarea conjuntas, respectivamente. Sin duda, corresponde a la cúpula militar hacer los ajustes a los esquemas operacionales para tratar de solventar el grave caos de orden público que vive el país. Problema bien complejo porque, como se señaló anteriormente, los bandidos se escudan en la paz total mientras siguen delinquiendo a sus anchas, envalentonados porque se creen respaldados por el Gobierno nacional. Vale decir: las fuerzas militares se encuentran maniatadas.

En este desolador panorama, llevar a cabo cambios profundos en la doctrina operacional en medio de semejante caos de orden público, en un ambiente político desfavorable, sin reglas de juego claras, no parece muy prudente, al contrario, podría poner en grave riesgo la seguridad nacional desandando el camino de éxito que tanto trabajo le ha costado a la fuerza pública.

Está demostrado que la paz se alcanza por dos vías, por una real voluntad de las partes, que es precisamente lo que no hay, o por la fuerza. El actual gobierno, en su afán de conseguir algún logro en este aspecto, ha demostrado estar dispuesto a todo, tratando de negociar con todos a la vez, incluso bajo el experimento de los diálogos regionales, sin un direccionamiento estratégico claro que garantice los derechos de las mayorías, que somos la gente de bien. Así las cosas, el panorama no puede ser más incierto, entonces lo que queda es la segunda opción, o sea, volver a negociar más adelante, pero con una buena dosis de fuerza previa.

Por todo lo dicho, ya no es el momento de lamentaciones, sino de reflexionar con cabeza fría, teniendo presente que este caos se podrá superar como corresponde cuando llegue un gobierno que se ponga del lado de la gente de bien, que tenga voluntad política y apoye irrestrictamente a la fuerza pública, para retomar la iniciativa operacional y táctica bajo el concepto de la doctrina de operaciones conjuntas, haciendo lo que ya se sabe, para lo que están entrenados y sometiendo de esta forma al imperio de la ley a todos los grupos irregulares, como ordena la Constitución nacional.