Las protestas y las acciones legales: el papel del derecho en la distribución de poder en las sociedades

Hace una semana, en una reunión en la que discutíamos estrategias para asegurar equidad de género en los espacios universitarios, alguien me dijo: “Yo no debería decir esto en un salón lleno de abogados, pero en este país, lo que diga la ley importa poco”. Yo estaba sugiriendo precisamente que en Colombia la ley de Acoso Laboral (Ley 1050 de 2010) y la ley de Violencia de Género (Ley 1257 de 2008), obligan a las universidades, como empleadores, a capacitar a sus profesores, en cuanto trabajadores y en cuanto educadores, en temas de violencia sexual. Esto me hizo pensar en mi propuesta a los estudiantes de Constitución y Democracia, un curso que dicto a estudiantes de toda la Universidad, de aprender las acciones constitucionales como manera de aprender a relacionarse con el poder y la desigualdad.

¿Será ingenuidad mía creer que usando la acción de tutela, la acción popular, el habeas corpus o el derecho de petición pueden cambiarse algunas cosas? ¿Será que me equivoco cuando les digo a los estudiantes que primero intenten usar las normas y mecanismos que existen antes de salir a decir que nada sirve? ¿Será que este es el verdadero significado de volverse viejo? 

La verdad es que mi trabajo es bastante crítico de las leyes que tenemos, pero ha sido comprometido con la construcción de institucionalidades en las que las reglas cuenten y las promesas se cumplan. Ese mismo trabajo me ha mostrado que es clave encontrar momentos de empatía que trascienden las relaciones de familia y las amistades de toda la vida, como los que ofrecen las marchas, para apreciar nuestra capacidad de estar juntos y apreciar las reglas que hacen posible esta convivencia. Claro, las marchas también expresan lo que resulta inexpresable cuando el sistema político está sordo: que el desacuerdo es mayor que el acuerdo, que ya no se puede aguantar más, que el tema no da espera. Detenerse, parar los proyectos, impedir que se avance hacia objetivos preestablecidos es una presión muy importante. El presidente Piñera nos está demostrando hasta qué punto las cuentas de lo que deja de ganarse pueden lograr lo imposible: que cambie Ministros, que pida perdón, que tome medidas claras de alivio. 

Pero los bloqueos jurídicos pueden resultar bastante efectivos cuando se hacen estratégicamente. Precisamente a propósito de las marchas, un conjunto de profesores de derecho presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que ordena desplegar tropas en las ciudades del país. Los profesores argumentan que el presidente está tomando medidas que solamente proceden bajo una declaratoria de un estado de conmoción interior y que, Duque, está saltándose los requisitos. Varios colectivos organizaron brigadas jurídicas y entrenaron abogados para que esta vez no haya detenciones arbitrarias y quienes se vean sometidos a ellas crean que el derecho no puede hacer nada. Las mismas instrucciones de Cerosetenta pueden leerse como autodefensa tendiente a recaudar evidencia mientras se protege la vida y la integridad. Ya vimos que la ley de financiamiento se le cayó al Presidente por no poder cumplir con los requisitos constitucionales para su aprobación. Podemos pensar estratégicamente en cómo detener otros de esos cambios que en lugar de mejorar la distribución de recursos van a empeorarla. 

Ante las órdenes concretas de jueces, me parece que le queda más difícil a alguien que está en una posición directiva decir serenamente que las leyes no hay que cumplirlas. Es un desafío abierto y claro al estado de derecho desacatar a un juez. A veces los jueces pueden equivocarse en el tipo de órdenes que dan y no ser lo suficientemente valientes como para adoptar las decisiones que el contexto les exige. La experiencia colombiana, no obstante, es que nuestros jueces han salido a defender la democracia, incluso al costo de su vida.