Las reformas infructuosas de Petro: más cargas, ahorro imposible, cero recuperaciones

Eduardo Sarmiento ha repetido que el primer problema económico del país es la caída del ahorro nacional y –con él– de la inversión y del empleo. Concluye que el impacto primero es en la oferta y no en la demanda, a diferencia de lo que dicen los economistas del Gobierno Petro en estos dos años, Ocampo y Bonilla, y el sindicalismo oficialista.

Sarmiento argumenta que el aparato productivo colombiano, el agro, la industria y algunos servicios importantes, no se recupera de las secuelas de la fallida inserción en la economía global, reforzada por los TLC, y que la pandemia, con cuarentenas y cierres, catalizó el colapso.

Una muestra de la incomprensión de este asunto son las reformas que ha presentado la administración petrista, la tributaria, el alza de los combustibles, la laboral y también la pensional.

El ahorro disminuyó porque aumentaron los gastos más que los ingresos. Datos del Dane permiten ilustrarlo. Hace ocho años, en 2016, el ahorro era del 17 por ciento del PIB, mientras que en 2022 fue el 13,5 y en 2023 bajó al 11,3. ¿Disminuyó porque aumentaron los gastos más que los ingresos? La respuesta es sí. Las erogaciones crecieron 98 por ciento y las entradas, apenas 84.

Esa diferencia ya crecía hace algunos años, pero se agrandó y entró en campo negativo en 2023, cuando, por razón de los impuestos, de cerca de 20 billones al año de la reforma tributaria de Ocampo y por el alza de los combustibles de Bonilla, se puso en rojo. La economía no recibe lo suficiente para cubrir el costo de lo que paga. Es la encrucijada.

El Gobierno de Petro sufre de lo mismo: tiene un presupuesto desfinanciado, un oneroso servicio de la deuda pública con intereses en grado especulativo, así como iliquidez de caja, y un déficit fiscal, que superaría el 5 por ciento del PIB en 2024, al que enfrentaría con otra reforma tributaria, o en la jerga de moda con una ley de financiamiento por $12 billones, una cucharada de sal en la herida.

Si se tienen en cuenta las reformas de Duque y Restrepo en 2021, que recabaron $15 billones, la de Petro en 2022, que ha capturado 40, el alza de los combustibles, que a diciembre de este año habrá extraído 20 billones a la economía, tenemos unos $75 billones sustraídos en tres años. Por eso, de 178 billones de recaudo total en 2021 se pasó a uno de 278 en 2023; en pesos constantes (2023) creció 28 por ciento, mientras la economía solo subió, en igual periodo, 8 por ciento real, tres veces y media menos (Dian).

No es extraño que el recaudo en 2024 se desplome. Lo explica la curva de Laffer: “Un incremento en las tasas impositivas puede tener dos efectos opuestos”, aumenta los recaudos fiscales, pero puede reducirlos “porque los mayores impuestos desincentivan la oferta laboral y el deseo de invertir” (Banrep, Lozano, 2015). Blanco es, gallina lo pone.

En diciembre de 2022, en un debate en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (Acce), le dije a José Antonio Ocampo que la reforma ni era tan progresiva ni tan conveniente por la tendencia a la baja que traía el ahorro. El mal se hizo y disparó el bajonazo (ver https://www.youtube.com/watch?v=_-lvNstpT3E).

En ese contexto cursa en el Congreso la reforma laboral cuya carta de presentación es la restitución paulatina de los dañinos efectos en los salarios que tuvo la Ley 789 de 2002. No los remediará ipso facto, sino que tomará cuatro años. A los recargos nocturnos y festivos se añaden licencias, indemnizaciones y remuneraciones adicionales por nuevos tipos de contrato y unas cuantas cláusulas en derecho colectivo, que subirán el 12 por ciento la tasa salarial para dos millones de trabajadores formales.

Es, como dicen algunos, “una reformita”, en la que hasta hay varios artículos regresivos, que no contiene nada revolucionario, como sería la participación de los trabajadores en las utilidades. No es el prometido Estatuto del Trabajo.

Las mayores perjudicadas son las micro, pequeñas y medianas empresas, el 99 por ciento del total, que responden por el 79 por ciento del empleo general y 53 del formal (BBVA, 2024). Contrario a lo publicitado, el salario –según todas las escuelas económicas– seguirá fijado por la masa de desempleados e informales, ese ejército industrial de reserva, que –de incrementarse– hará aún más estéril la reforma.

¿No conviene revertir la crisis económica, de oferta y no de demanda, agravada por una avalancha impositiva para servir la deuda pública, antes que otro empujón al ahorro para el barranco? Aquí el orden de los factores sí altera el producto.

María Fernanda Carrascal, la ponente del Pacto Histórico, justifica la reforma para cumplir los compromisos de los TLC con Estados Unidos y Canadá y con la Ocde. Petro la felicitó. ¿De eso se trata todo esto? ¡Vergonzoso!