Víctimas y la no repetición de violaciones: el centro del proceso de paz con las FARC

Lo más importante en un proceso de paz es precisamente resarcir a las víctimas y que no se creen más víctimas. Esto último es lo que se llama garantías de no repetición.

Hoy estoy preocupado porque hay más víctimas; sin embargo, conservo la esperanza y esta me motiva a escribir este artículo porque pienso que podemos juntos cambiar la situación en Colombia.

En noviembre del 2016 pedí, en el Congreso de la República, en el debate sobre la refrendación del Acuerdo de Paz, poner como prioridad los derechos de más de ocho millones de personas que fueron afectadas de manera directa por el conflicto armado.

Sin embargo, consideraciones políticas y de beneficios en materia de justicia para los victimarios ocupan en la actualidad la atención pública y se les está dando mayor prioridad en los debates, en lugar de poner la atención en la realidad que viven ocho millones de víctimas y por lo menos dos millones de personas que habitan los lugares dejados por las FARC-EP en Colombia. Es necesario que las comunidades que habitan estas zonas hagan parte del proceso de inclusión político, social y económico del país.

En el último trimestre del 2016 y los primeros meses del 2017 se evidenció un incremento en el número de homicidios en zonas de las cuales salieron las FARC-EP.

El problema de por qué hoy tenemos más líderes asesinados podría radicar en dos aspectos: la falta de capacidad del Estado para establecer una presencia real en zonas antes contraladas por las FARC- EP y la falta de implementación de varios aspectos del Acuerdo Final que podrían contribuir a transformar las economías ilegales.

Atender lo mencionado antes requiere tiempo y este es la gran talanquera que enfrenta actualmente el Gobierno.

Mientras persistan los cultivos ilícitos y la minería ilegal en estos territorios aparecerán grupos ilegales para disputarse la explotación, el control y el lucro de estas economías ilícitas. Una vez se instalan estos grupos en estos territorios, será  muy difícil para el Gobierno recuperarlos. La gente que viva ahí sufrirá y padecerá la violencia de nuevo.

Hay sectores en el Estado que tienen gran interés en avanzar en acuerdos de sustitución y miles de personas y comunidades quieren trabajar con el Gobierno en esa dirección.  

Esta es una oportunidad única para mejor la situación de derechos humanos en el país. Pero el afán de otros sectores del Estado por hacer erradicación no va a solucionar por sí solo el problema y va a generar mayores conflictos sociales.  

En este momento hay incoherencia en el Estado, ya que algunas instituciones están creando acuerdos para la sustitución y otras haciendo erradicación. Es importante priorizar las zonas de erradicación de una manera coordinada y con una visión conjunta dentro del Estado.  

Por otra parte, hay dificultades en cómo se está pensando la implementación del Acuerdo Final con respecto al componente de justicia y los estándares internacionales sobre la materia.

En este sentido, Colombia debió haber formulado tres leyes. Una para facilitar la salida de personas de FARC que cometieron delitos que pueden ser objeto de amnistía (como la rebelión); otra para quienes, siendo miembros de las FARC-EP o del Estado, cometieron crímenes relacionados con derechos humanos y desean someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), y otra para líderes sociales que tienen cargos de rebelión pero que no fueron parte de las FARC.  

Sin embargo, Colombia optó por un marco jurídico complejo que fusiona y mezcla tratamientos y beneficios a tal punto que todos los que han cometido delitos terminan beneficiándose de una u otra manera, sin mayores condicionamientos.                                                          

Según los estándares internacionales que ha asumido Colombia, a través de la suscripción y la ratificación de tratados Internacionales, el país tendrá que cumplir dichas obligaciones independientemente de los arreglos que se hagan localmente, tratando de evadir la justicia por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Estos tratados se deberán acatar dado el rango  constitucional de dichas normas y su supremacía sobre la legislación nacional.

Por otro lado, sin claridad sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, las víctimas tendrán miedo y los testigos no querrán hablar. 

Las personas que van a quedar en libertad, incluido la condicional, deberían ya estar inmersas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y deberían también ya estar realizando trabajo social en zonas donde hay violencia o riesgo de violencia. 

Si los objetivos principales del Acuerdo Final son las víctimas y la no repetición, las primeras acciones de implementación deben estar en favor de la inclusión política, social y económica de la gente que vivió el conflicto, y no de los victimarios. 

Todavía Colombia tiene la oportunidad de lograr que las víctimas y la no repetición sean, en la práctica, el centro de La Paz. Este objetivo requiere sinergias reales entre el Estado y la colaboración inédita con las iglesias, el sector privado, la academia y la sociedad en general.