El documento que revela la verdad sobre Uribe

No quería escribir sobre las 68 críticas de Uribe y su partido a los acuerdos de La Habana. Ya hay suficientes pronunciamientos y columnas sobre el asunto, me decía. Pero he visto que la mayoría de los analistas se detienen en las mentiras y exageraciones del texto. No se fijan en la doctrina que lo alimenta. No advierten el tipo de propiedad que defiende, la democracia que protege y la lucha contra el narcotráfico que alienta. Ahí está la verdad de esa corriente política.

Tiene razón Uribe. No deberíamos estar discutiendo con la guerrilla sobre una reforma agraria integral. Esa tarea la hicieron los capitalistas visionarios de manera gradual o las revoluciones triunfantes a la largo del siglo XX en muchos países. Aquí la intentaron Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y no pudieron. La resistencia de los grandes terratenientes se los impidió.

Por eso a estas alturas del siglo XXI los ganaderos poseen 39,5 millones de hectáreas, es decir, el 35 por ciento del territorio nacional y allí pastan 25 millones de reses, ni siquiera una res por hectárea, según los datos del informe de Naciones Unidas para el desarrollo de 2011 dedicado a la Colombia rural. Dice también que tenemos una de las más altas concentraciones de tierra del mundo. Dice igualmente que el 64,3 por ciento de la población campesina vive en la pobreza. Es un feudalismo tardío que ahoga al campo colombiano.

La Mesa de La Habana se convirtió en un pretexto para volver a hablar de un tema que no se tocaba desde 1971 cuando el gobierno de Misael Pastrana Borrero suscribió en Chicoral, Tolima, un pacto con los terratenientes para echar abajo el intento de reforma de Lleras. Es así de triste el asunto. Uribe entonces levanta la voz contra algunas medidas que anuncian tímidamente que se expropiarán, si es necesario, con indemnización, tierras que no están cumpliendo una función social para entregar en forma gratuita a los campesinos.

Porque dice su documento: “Lo que exige la agricultura son grandes inversiones en extensas plantaciones… No desconcentrar y repartir la propiedad”. El mismo argumento del 71. La misma treta para defender el gran latifundio que nunca ha aceptado la modernización, porque se le hace más rentable no pagar impuestos y mantener en condiciones laborales lamentables a miles de campesinos.

En el terreno político la desfachatez es mayor. Dice el documento: “Colombia es una democracia amplia, pluralista y participativa” y agrega: “En Colombia existen condiciones suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos”. Pues bien, este tipo de democracia permitió el genocidio de un partido político entero, la Unión Patriótica; y los magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, candidatos presidenciales de diversos partidos.

Facilitó el acceso al Congreso de 61 candidatos condenados hoy por vínculos con paramilitares y 67 más que han sido investigados por el mismo delito. También, claro, ha posibilitado la persistencia de unas guerrillas que han golpeado sin misericordia a la población civil y a la institucionalidad. Es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo que no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia. Les irrita que el acuerdo acepte que, “en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista y no hay garantías para la participación y la inclusión política”.

En la lucha contra las drogas ilícitas el uribismo hizo una jugada magistral en 2003. Ligó el narcotráfico principalmente a las Farc. Logró que Estados Unidos enfocara su guerra contra las drogas hacia la guerrilla. Acuñó la frase: “Las Farc son el más grande cartel de drogas del mundo”. Partía de algo innegable, la subversión armada tenía como fuente principal de finanzas al narcotráfico. Pero el grueso del negocio seguía estando en manos de los narcotraficantes comunes y silvestres que se habían refugiado en el paramilitarismo. Con este ardid Uribe negoció con los paramilitares y no puso en la Mesa de conversaciones el narcotráfico. Ahora, con descaro, impugna que Santos, en una jugada certera, meta el tema en la Mesa y acuerde con las Farc un plan para atacar el negocio.

Termino esta columna diciendo que no me gusta que la respuesta de Santos a las críticas de Uribe sea que no están concediendo nada, que todo está en el Estado de Derecho vigente. Una paz verdadera exige cambios en la realidad y cambios en el derecho. Eso hay que decirlo de frente para que el país lo entienda.