El cartel contra la restitución de tierras

Lo encabezan Alejandro Ordóñez, procurador de la Nación, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos, María Fernanda Cabal, parlamentaria y esposa de Lafaurie, y Álvaro Uribe, senador y expresidente de la República. Estaban ahí, agazapados, haciendo gestiones aquí y allá contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero ahora decidieron plantar el reto abiertamente, sin tapujos, sin la menor vergüenza, con toda la altanería del mundo.

Ordóñez y Lafaurie se fueron a lugares emblemáticos para lanzar el desafio, a Sabanas de San Ángel y a San Alberto, en el departamento del Cesar, donde Jorge 40 y los hermanos Prada sembraron el terror, donde tenían su cuartel general, donde mataron, desalojaron y despojaron a cientos y cientos de campesinos. Fueron hasta allí y rodeados de ocupantes de tierras usurpadas o de prosélitos envalentonados retaron al gobierno y a la sociedad.

Tuvieron una asombrosa resonancia. Se volvió el tema de discusión de la semana en el país. Muy lejos de los registros o de las discusiones que se hicieron cuando el presidente Santos lanzó el pacto para aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Necoclí, Antioquia, el 11 de febrero de 2012, acompañado de ministros, gobernadores, alcaldes y cerca de 30.000 personas.

La misma resonancia que unos días antes tuvieron las marchas lideradas por Uribe en algunas ciudades del país, donde, en las manos de citadinos bien vestidos, brillaban las pancartas contra la restitución de tierras. La misma importancia que empieza a tener en el Congreso de la República la iniciativa de reformar la ley en la voz de la señora Cabal, la misma Cabal que es mencionada en audiencias ante jueces en Urabá por campesinos que reconocen haber recibido dádivas del programa ‘Una vaca por la paz’ para desistir de sus reclamaciones.

Quizás los medios y los formadores de opinión creen más en la eficacia de este cartel; quizás piensan que estos sí son capaces de sacar adelante el propósito de enterrar definitivamente la ilusión de devolverles la tierra a los campesinos; quizás sienten que allí hay más fuerza y poder que en un Estado, que en cinco años de aplicación de la ley, solo ha podido proferir 1.500 sentencias judiciales y resolver 2.943 reclamaciones de las 87.000 que han llegado a la Unidad de Restitución, es decir, un 3,4 por ciento de las peticiones. Entre tanto, han sido asesinados 72 reclamantes de tierra, 19 de ellos en Urabá.

Por eso será que estas acciones descaradas y desafiantes tienen más despliegue que la Sentencia T-679 de la Corte Constitucional de noviembre 3 de 2015, que bajo la premisa de la ineficiencia y la lentitud en la aplicación de la ley, resuelve:

“Exhortar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que, de manera concurrente y articulada con el gobierno nacional, proceda, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, a elaborar y publicar un plan estratégico de restitución de tierras, de acuerdo con las razones ofrecidas en esta decisión, en el que deberá incorporar los objetivos y estrategias para restituir todos los predios despojados en el plazo de 10 años del que trata la Ley 1448 de 2011. Dicho plan debe ser elaborado por la Unidad de Tierras, pero su expedición es responsabilidad del gobierno nacional en su conjunto. Lo anterior, obliga al gobierno a coordinar las instancias que intervienen en el proceso de focalización, con el propósito de evitar cualquier tipo de desarticulación institucional”.

Esta sentencia no le interesó a nadie, no tuvo el menor despliegue. Solo faltan 20 días para que se cumpla el plazo y por ningún lado aparece el plan, no hay un sola palabra del gobierno al respecto. Eso es lo que se han pillado los del cartel. Piensan, esta gente de la Unidad de Restitución, estos tribunales encargados de hacer justicia, no son capaces de nada, bastará con pegarles un susto en San Ángel, en San Alberto y en las calles de las ciudades, bastará con algunos gritos de los parlamentarios del Centro Democrático y acabamos de enterrar el tema.

Y yo, de ingenuo, pienso que una manera de responder al despropósito de Uribe, de Ordóñez, de Lafaurie y de la Cabal sería aparecer el día 3 de mayo con un gran plan para volver realidad la ley más justa, la más noble, la más valiente que se ha hecho en los últimos 20 años. Pienso que Santos arropado en la Corte Constitucional debería mostrar carácter y decisión frente a una gente que ha sido capaz de ir a uno de los santuarios de los paramilitares a desafiar al gobierno y a la sociedad. Pienso que Santos no se debería limitar a calificar las acciones del cartel como una utilización política de la restitución cuando es, en realidad, un abierto desafío a la legalidad y una confesión pública de la alianza de estas personas con los despojadores de tierra.