OPINIÓN

¿Un títere 'ad hoc'?

Estamos ante el escándalo de mayor envergadura y proporción que ha vivido el país en los últimos años, y eso requería medidas drásticas que les dieran seguridad y confianza a los colombianos. Tristemente, el nombramiento del fiscal ad hoc llega tarde

María Jimena Duzán, María Jimena Duzán
15 de diciembre de 2018

Leonardo Espinosa Quintero, el fiscal ‘ad hoc’ que acaba de elegir la Corte Suprema de Justicia, empieza su gestión con una mácula mayor que podría comprometer su independencia. En 2013, cuando Espinosa Quintero fungía como representante legal de la Universidad Sergio Arboleda –de la cual él es el actual decano de Derecho–, le otorgó un poder especial, amplio y suficiente a Néstor Humberto Martínez para que representara a esa universidad en un proceso judicial ante la jurisdicción civil. El documento está firmado de puño y letra por Leonardo Espinosa Quintero y por el propio Néstor Humberto Martínez Neira, y fue radicado en el Juzgado 12 Civil Municipal de Descongestión de Medidas Cautelares en abril de 2013 (ver documento).

Este poder revela que entre el fiscal general Martínez y el fiscal ad hoc Espinosa existe una relación de vieja data, que refleja la confianza que le tiene una persona que le encomienda la representación judicial a un abogado. Una confianza que es aún mayor en la medida en que no se trata de un asunto personal de Leonardo Espinosa, sino de la defensa de una institución como la Universidad Sergio Arboleda. Espinosa Quintero depositó, por lo menos desde 2013, toda la confianza en Martínez Neira y lo recomendó como el abogado idóneo para que llevara la representación judicial de la institución que Espinosa representaba. Sobra decirlo: uno no le delega un poder a nadie que no sea de su más entera confianza.

Estamos ante el escándalo de mayor envergadura y proporción que ha vivido el país en los últimos años, y eso requería medidas drásticas que les dieran seguridad y confianza a los colombianos. Tristemente, el nombramiento del fiscal ad hoc llega tarde

Estos nexos tan estrechos entre un fiscal general que se refiere a esa institución como si fuera un asunto de su propiedad –“¡Mis fiscales!”, se le oyó exclamar en el debate– y un fiscal ad hoc que, de por sí, llega a ese puesto sin mucho margen de maniobra, teniéndole que pedir plata al fiscal general hasta para comprar papel, no constituye mayor garantía de transparencia y no augura nada bueno en materia de independencia.

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Como en este país la ética pública se ha desdibujado tanto, no faltarán quienes salgan a decir que estas cercanías entre el fiscal Martínez Neira y el fiscal ad hoc Espinosa no son señales de ninguna falta de ética, y que ello no es prueba de que el fiscal ad hoc no pueda ser independiente. Sin embargo, éticamente es impresentable.

Estamos ante el escándalo de mayor envergadura y proporción que ha vivido el país en los últimos años, y eso requería medidas drásticas que les dieran seguridad y confianza a los colombianos. Tristemente, el nombramiento del fiscal ad hoc llega tarde y cubre pocos de los impedimentos reales y éticos que tiene el fiscal Martínez. Por eso, tanto los integrantes de la terna como el fiscal ad hoc que fuera escogido tenían que ser personas de altos quilates, de total independencia, estar por encima del bien y el mal y más allá de cualquier sospecha. Lamentablemente, el documento adjunto es prueba patente de que ese cometido no se cumplió, y que el nombramiento de este fiscal ad hoc no es más que una burla.

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El fiscal ad hoc escogido tenía que ser independiente de todo, pero sobre todo del fiscal Néstor Humberto Martínez. Al fin y al cabo, el elegido tiene la gran responsabilidad de subsanar los problemas que causaron los omnipresentes conflictos de intereses del fiscal Martínez. Por eso, el elegido no podía ser cercano a él, ni mucho menos haber tenido las relaciones de confianza que se derivan de un mandato profesional. Este escenario desalentador no solo enturbia más las cosas, sino que acelera la crisis de confianza, ya no solo en la Fiscalía, sino en la estructura institucional del sistema político colombiano.

Se equivocaron todos en la cadena. El presidente Duque desperdició una oportunidad de oro para reconectarse con el país. Pudo haber escogido una terna de pesos pesados que fuera realmente independiente, pero no lo hizo. Y la Corte Suprema de Justicia se hizo el harakiri porque, habiendo podido devolver la terna, decidió escoger al que tenía las relaciones más estrechas con el fiscal Martínez Neira, respecto del cual debería ser totalmente independiente.

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La crisis de confianza que atraviesa la Fiscalía no la va a solucionar un fiscal ad hoc y menos con uno que llega comprometido. Si esto no es un acto corrupto, es por lo menos una demostración de que la ética publica en Colombia está en crisis, y de que el fiscal ad hoc puede terminar siendo un títere de Martínez.

Esto es una vergüenza mayúscula. Si le quedara algo de decoro al fiscal Martínez y si algo de eso tuviera el fiscal ad hoc Espinosa, los dos tendrían que renunciar. Lamentablemente, eso puede ser mucho pedir en Colombia.

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