Les tocó el turno a los híbridos

El gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una falta de coherencia en sus políticas ambientales, lo cual resulta contradictorio. Desde la campaña, el presidente propuso un fuerte compromiso con la protección del medio ambiente y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Al inicio de su mandato, estableció directrices específicas para los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, y Transporte, así como para la Unidad de Planeación Minero Energética y el Departamento Nacional de Planeación.

Estas directrices apuntaban a promover la electrificación del sector transporte, facilitar la importación de vehículos eléctricos e híbridos y reducir así el consumo de combustibles fósiles, lo cual beneficiaría la calidad del aire y la salud de la población.

Incluso se instruyó que todos los vehículos adquiridos con recursos públicos debían ser híbridos o eléctricos. Sin embargo, esta política no se ha cumplido: tanto los vehículos utilizados por la Presidencia y la Vicepresidencia, como otros adquiridos bajo este gobierno, no cumplen con dicha instrucción. A esto se suma que, en la licitación de la Unidad Nacional de Protección para la compra de vehículos, los oferentes han propuesto 170 camionetas que no son híbridas ni eléctricas.

Esto evidencia que muchas promesas del Gobierno se quedan en los titulares, mientras que la realidad resulta muy distinta.

La semana pasada, durante la COP16, el Gobierno colombiano buscó mostrar a los países miembros de las Naciones Unidas su compromiso con convertir a Colombia en uno de los países más biodiversos del mundo, como se ha planteado en su plan de gobierno.

Mientras el Gobierno destacaba su compromiso con la protección del medio ambiente, el ministro de Comercio Exterior sorprendió al anunciar que, aunque se mantendrá la política de fomento a la inversión en vehículos eléctricos, se eliminarán los beneficios arancelarios para los vehículos híbridos. Argumentó equivocadamente que los esfuerzos de protección ambiental no deberían estar en conflicto con la necesidad de recaudo.

Este planteamiento resulta confuso, ya que, al retirar el beneficio, el Gobierno pasaría de recaudar el 5 % de impuestos que pagan los vehículos importados de países sin TLC con Colombia, a no recaudar nada. En su afán por recaudar, el ministro Reyes parece estar actuando como director de la Dian, olvidando su rol como ministro de Comercio Exterior y contrariando las promesas e instrucciones del presidente Petro, quien ha enfatizado el compromiso ambiental desde la campaña y al asumir el cargo.

En otros países se ha demostrado que la transición energética debe hacerse de manera gradual; es prácticamente imposible pasar directamente de los combustibles fósiles a una energía 100 % eléctrica. En este proceso, los vehículos híbridos desempeñan un papel clave. No obstante, es preocupante que la política de transición energética, que el presidente Petro ha destacado en sus discursos internacionales como una prioridad para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover fuentes de energía renovable en el sector automotor, no esté respaldada por una estrategia coherente.

Esta falta de consistencia afecta los esfuerzos para reducir las emisiones en el sector transporte, uno de los mayores generadores de CO₂ en Colombia. Para lograrlo, es esencial que se cumplan rigurosamente los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y, más recientemente, en la COP16 en Cali, sobre el cambio climático.

El problema más grave, sin duda, es la inseguridad jurídica que enfrentan los inversionistas ante las decisiones del gobierno actual. En el proyecto de resolución para derogar el Decreto 1116 de 2017, el Gobierno ha propuesto eliminar los 3.000 cupos que incentivan la importación de vehículos híbridos desde países sin tratados de libre comercio (TLC), ignorando las más de 20.000 unidades de la misma clasificación que actualmente ingresan con un arancel del 0 %.

El enfoque del Gobierno parece centrarse únicamente en el recaudo fiscal, en lugar de una visión integral y objetiva para una verdadera transición energética, en la que los vehículos híbridos, especialmente los enchufables, representan el paso más viable.

El Ministerio de Comercio Exterior, liderado por un exdirector de la Dian que tuvo resultados limitados en su cargo anterior, busca poner fin a esta política de aranceles reducidos, estableciendo que los vehículos híbridos, que actualmente pagan un arancel del 5 % (en lugar del 35 % aplicable a otros vehículos importados), ya no contarán con este beneficio. La propuesta se centraría únicamente en los vehículos eléctricos, lo cual cambiaría significativamente el mercado automotor colombiano.

Es posible que, tras esta medida, el Gobierno también intente eliminar otros incentivos fiscales, como la reducción del IVA para vehículos híbridos en comparación con los de combustión interna. Esto encarecería la adquisición de vehículos híbridos, dificultando su acceso y frenando su contribución a la transición energética del país.

Además, esto traerá como consecuencia el fin de planes de movilidad sostenible que han sido cuidadosamente elaborados.

Dentro de un marco de políticas ambientales amplias, el Gobierno colombiano busca promover una transición hacia formas de transporte más sostenibles, lo cual incluye la incentivación de vehículos híbridos y eléctricos en las políticas de movilidad urbana. Pero el ministro de Comercio Exterior, antiguo director de la Dian, pretende eliminar estos incentivos de manera abrupta, lo cual amenaza con desmantelar dichos esfuerzos.