Enrique Gómez Martínez Columna Semana

Opinión

¡Leyva tiene razón!

Leyva y su equipo tuvieron todo el segundo semestre de 2022 y cinco meses en 2023 para planificar e instrumentar una licitación transparente con diversidad de oferentes.

11 de diciembre de 2023

Primero pónganse en los zapatos del canciller. Llega a su ministerio y el único contrato “pulpo” que tiene esa cartera, el de los pasaportes, cuyo plazo vencía el 31 de julio de 2022, no fue adjudicado por la anterior y odiada administración de Iván Duque.

Porque no inició oportunamente el anterior gobierno, el proceso de selección objetiva es un asunto por aclarar. Las prórrogas eran procedentes en tiempo y cuantía, pero en una sana aplicación del principio de la planeación de la contratación pública existió negligencia en no aperturar con antelación debida la licitación pública en aquel momento. La última prórroga del contrato en mención se realizó el 8 de julio de 2022 y extendía el contrato hasta el 31 de octubre de 2022.

El hecho es que Leyva sí debía iniciar el proceso de licitación con antelación suficiente para garantizar la continuidad en un servicio esencial, como lo es la expedición de estos documentos de viaje.

Pero no lo hizo.

Lo que Leyva hizo fue volver a prorrogar el contrato heredado hasta el 2 de octubre de 2023.

Como ministro, tuvo desde el 7 de agosto de 2022 la plena potestad y responsabilidad para planificar la contratación y ponerla en marcha con la antelación suficiente para lograr tres objetivos esenciales: i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio, ii) definir en 2022 el presupuesto adecuado para poder realizar la contratación en 2023 y iii) diseñar unos pliegos que aseguraran pluralidad de ofertas, la selección objetiva y la transparencia, atendiendo los fines de la entidad que dirige con el menor precio posible como lo reclama la Ley 80 y la Ley 1150.

Pero Leyva no logró estos objetivos.

Claro, hoy dirá no fue culpa de él. Dirá que delegó todo el proceso en su secretario general del ministerio, su adorado y fiel “pielrojita” Jóse Antonio Salazar Ramírez, compañero de todas las horas de Leyva y un “conservador” progresista definido en su ejercicio por la cercanía “política” con las Farc y la Unión Patriótica, un hombre de tal confianza de Leyva que ha sido encargado de las funciones ministeriales en varias oportunidades.

A pesar de que el suministro de pasaportes es una actividad esencial del ministerio y que estaba prevista la suscripción del contrato en el Plan Anual de Adquisiciones publicado el 5 de enero, la licitación, por razones no establecidas, solo se abrió el 24 de mayo de 2023, relativamente tarde si lo que se quería era una transición oportuna hacia un nuevo contratista.

Leyva y su equipo tuvieron todo el segundo semestre de 2022 y cinco meses en 2023 para planificar e instrumentar una licitación transparente con diversidad de oferentes.

Y, sin embargo, el 5 de septiembre de 2023, mediante la Resolución 7076 del 5 de septiembre de 2023, el ministro Leyva reasume directamente la dirección contractual del proceso LP 001 de 2023, con el que se pretendía contratar la fabricación, guarda y entrega de los pasaportes de marras.

Y la razón, respaldada públicamente por Petro, es que Leyva y su secretario de confianza no han sabido o querido asegurar la pluralidad de oferentes en el jugoso contrato.

¿Quién lo entiende? ¿Leyva reasume sus competencias porque su querido secretario diseñó, publicó y adelantó un pliego amañado? ¿Y no han echado ni disciplinado al secretario?

Y para arreglar supuestamente el problema, la solución de Leyva y su equipazo jurídico fue acudir a un mecanismo extraordinario y de alguna manera ambiguo, como la declaratoria de desierta de la licitación mencionada. ¿Por qué no revocar la apertura de la licitación reconociendo sus defectos que tanto enfurecieron a Leyva y a Petro?

¿“Pielrojita” es demasiado poderoso como cuota de las Farc? ¿El ministro no podía empapelarlo?

¿O de pronto “Pielrojita” lo hizo bien y solo calificaba Thomas Greg & Sons y se le dañaba el tinglado a Leyva y su hijo Jorgito?

El hecho es que el primero en pedir la intervención de la Fiscalía fue “Pielrojita”, por allá el 17 de julio de 2023 antes de que Leyva le quitara las facultades. ¿A quién quería el secretario que se investigara? ¿A sus subordinados o a su superior?

La trama es espesa. Pero lo único cierto es que Leyva tiene razón.

A él y a los que según Petro amañaron la licitación no les va a pasar nada. En el Petro-Peronismo no es solo a punta de populismo, de tarifas y subsidios que se consolida la izquierda en el poder.

Como bien lo decía el ministro de Salud recientemente, a nuestra gente se les dan los ministerios y entidades para que las “disfruten”.

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