Esperamos que muy pronto el defensor Jorge Montes sea liberado y reparado

La justicia colombiana debe revisar todos los casos en los que han sido procesadas y condenadas personas por ser supuestos miembros de las Farc, pero que hoy, en el marco del proceso de paz, las Farc no reconocen como integrantes de sus estructuras.

Estos casos contra líderes sociales son problemáticos por la estigmatización y la equiparación de la protesta social con el delito de rebelión; además, por el daño que hace a la credibilidad de la administración de justicia condenar a personas sin el mínimo respeto por el debido proceso.

Por ejemplo: el 7 de marzo 2017 se profirió la sentencia en la cual se condenó a 39 años de prisión al defensor de derechos humanos Jorge Montes, por rebelión y dos homicidios atribuidos a miembros del frente 37 de las Farc.

Jorge no está incluido en la lista elaborada por esta organización de sus miembros encarcelados. Sin embargo, fue sentenciado por hechos atribuidos a ese grupo.

Algo está mal.

Durante toda su vida, este defensor ha sido líder campesino, promotor de salud, presidente de Junta de Acción Comunal (JAC), y concejal, además de dedicarse a las labores agrícolas. Antes de su detención, trabajaba en favor de las comunidades en la parte alta del Carmen de Bolívar, municipio enclavado en los Montes de María.

En abril de 2013, junto con otros dirigentes de base, encabezó una marcha multitudinaria y pacífica para reivindicar mejores condiciones de vida para los campesinos de más de 50 veredas de la alta montaña, logrando firmar un acuerdo con el presidente Santos sobre la reparación colectiva, el desarrollo de la región y un retorno verdaderamente digno de la población desplazada.

Cinco meses después, en septiembre de 2013, mientras el “proceso de la alta montaña” avanzaba entre autoridades del Estado y líderes de la zona, la Fiscalía ordenó detener a Jorge Montes. Lo acusaron por rebelión y los homicidios de tres habitantes del corregimiento de Macayepo, cometidos el 1 de agosto de 2000 por integrantes del frente 37 de las Farc.

No fue la primera vez que se le privó de la libertad por esos delitos.. En diciembre de 2007, a menos de dos meses de haber sido elegido concejal municipal, Jorge estuvo detenido por más de un año, antes de que se archivara ese proceso.

Las acusaciones en su contra -en ese entonces como ahora- se fundamentan en algunos testimonios de desmovilizados de las Farc y dos campesinos desplazados, quienes no refirieron detalles sobre su participación directa en los homicidios, limitándose a señalamientos genéricos de pertenencia al grupo alzado en armas.

De nada sirvieron las versiones opuestas de autoridades locales y varios campesinos, que lo conocían, y de otros miembros de las Farc detenidos, que desmienten su pertenencia al grupo guerrillero.

Parece que el juez no consideró el testimonio mediante el cual el único testigo de cargo, un desmovilizado, que compareció en audiencia, se retractó y señaló que básicamente en esos tiempos, se prestaban a firmar lo que los fiscales les pidieran bajo la presión de ser privados de los beneficios de la desmovilización.

La historia de Jorge no difiere de la de otros tantos líderes y lideresas campesinas, que han vivido en regiones donde los grupos armados sustituyeron al Estado. Como ilustra el mismo testimonio de Jorge, ante el juez: “cuando la guerrilla o los paramilitares convocaban a una reunión, todos asistíamos y si citaban a los diez minutos, íbamos en cinco por temor a que nos mataran”.

Varios de esos líderes han sido detenidos y algunos condenados sobre la base precaria de evidencias soportadas en informes de inteligencia militar, testimonios de guerrilleros desmovilizados o de miembros de la red de cooperantes, es decir personas que sacaban algún provecho de sus declaraciones, sin otra prueba material o peritaje técnico que corroborara sus acusaciones.

El trato que estos casos ameritan es especial; no es un beneficio, como una amnistía o un indulto, sino una resolución que reconozca el error y el daño causado por la administración de justicia.

Esperemos que Jorge pueda ser reparado y pronto regrese a su casa para seguir siendo parte de los líderes y lideresas que habitan la alta montaña en los Montes de María, y que continuemos trabajando juntos por los derechos como la salud, la vida digna, y la paz en su territorio y en Colombia.

Idealmente, su caso junto al de muchos otros líderes indebidamente condenados por ejercer sus derechos generarán una nueva reflexión sobre el rol de la administración de justicia en el marco del conflicto y sobre los daños derivados, con el fin de que estos sean considerados al diseñar medidas de reparación, incluyendo las garantías de no repetición.