La liquidación del Fondo Premium es una rumba

Este es uno de esos casos en que el remedio es peor que la enfermedad. Cada vez encuentro más evidencias y certezas para fundamentar mi sospecha en el sentido de que la secreta y caprichosa liquidación del Fondo Premium (FP), que recogía dineros en Colombia sin miramientos para esconderlos en Curazao –lejos de los ojos de la Dian y de la administración de impuestos de Estados Unidos–, es tanto o más condenable y escandalosa que el propio desastre financiero matriz de Interbolsa, que le dio origen.

La Superintendencia de Sociedades y el liquidador nombrado por ella, Alejandro Revollo, sostienen que el proceso, como lo manda la ley, es público y transparente. No obstante, cuando hice de manera formal 25 preguntas como periodista (ver aquí), no hubo tal, me fueron negadas de plano todas las respuestas y estoy en este momento a la espera de que una corte ampare mi derecho constitucional a acceder a la información pública. No obstante, he buscado respuestas por otros medios propios de mi profesión de periodista, principalmente en fuentes judiciales unas y otras cercanas al mismo proceso de liquidación. Lo que he encontrado puedo resumirlo así:

–El liquidador Revollo siempre ha sabido –y callado– que Luis Guillermo Vélez (ex Superintendente de Sociedades en el momento del descalabro, luego Secretario Privado de la Presidencia y ahora director de la Oficina de Defensa del Estado), estuvo impedido para actuar en la liquidación de FP por dos poderosas razones: 1) Su íntima amistad con los dos grandes ladrones –presos y confesos– del caso: Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, y, 2) tiene una tía en la lista de afectados por la quiebra del Fondo: Alina Mosquera.

–La Superintendencia de Sociedades, por iniciativa conjunta de Luis Guillermo Vélez y Revollo, puso en marcha un sistema de liquidación según el cual una sola persona que haya recibido un pago, donación o crédito de FP es responsable de la totalidad de las deudas y debe pagarlas. Como consecuencia de esa extraña metodología, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda de Víctor Maldonado (cuyos bienes han sido usados para pagar casi la totalidad) contra el Estado Colombiano y pronto vamos a ser todos los colombianos quienes sufragaremos con nuestros impuestos el precio de las barbaridades cometidas (ver aquí).

–En la liquidación del FP no existen informes, datos ni cifras acerca de quiénes y cuántos de sus bienes les fueron perseguidos a los 120 deudores (excepto Maldonado). No obstante, pude establecer que Revollo ha mantenido intactas las fortunas de Jaramillo y Ortiz, grandes amigos suyos, así como de su igualmente amigo el ex superintendente Vélez.

–No existe informe alguno sobre los US$ 12 millones de dólares que Revollo obtuvo de la venta de los tres hoteles de la cadena Ibis en Bogotá, Medellín y Cartagena.

–De acuerdo con las fuentes de la liquidación consultadas, Revollo quebró oficialmente varios negocios incautados de más de 20 años, tales como la firma Defrescura y unas haciendas productoras de naranjas en Armenia. Se perdieron miles de hectáreas de cultivos por falta de mantenimiento, pues fueron despedidos los trabajadores que los atendían. Además, Revollo no contrató agrónomos para que se encargaran de mantenerlos en producción. Pero el liquidador sí adquirió los servicios de una firma de comunicaciones (se niega a decirme cuál es) para cuidar su propia imagen.

–El 37.81 por ciento del Hotel Santa Clara, de Cartagena, que le pertenecía a Maldonado, costaba US$15.7 millones de dólares, de acuerdo con el avalúo formal que hizo la firma JLL de Miami, especializada en ese tipo de bienes y acreditada internacionalmente. Sin embargo, esa participación Revollo la vendió en US$ 8 millones y no existe registro alguno conocido de la subasta pública que debió realizar.

–De la venta de la cadena de restaurantes Archie‘s, valorada en $ 51 mil millones, solamente aparecieron en la liquidación $ 18 mil millones, a pesar de que Revollo aseguró que la vendería en $ 30 mil millones. La diferencia (12 mil millones de pesos) está desaparecida.

–Revollo –ya dije– no ha perseguido los bienes de su amigo Tomás Jaramillo, de los que hacen parte al menos tres apartamentos en las exclusivas Torres de Llorente, de Bogotá. Tampoco persiguió los haberes de Ortiz, entre los que figura una mansión en el barrio Chicó Reservado, de Bogotá. Tampoco fueron tocadas la hacienda y el apartamento de lujo, en España, donde vive de Mary Luz Ruano, esposa de Tomás Jaramillo.

–Revollo no investigó a su amigo Alessandro Corridori, quien, con una obligación impaga de al menos 44 mil millones de pesos, es el principal deudor de FP a través de su sociedad Invertácticas S.A. Este personaje, que goza de plena libertad, tiene varias cuentas en el banco suizo EFG, en las que mantiene depósitos por cerca de 25 mil millones de pesos en francos suizos.

–Revollo no tomó posesión de la hacienda que Juan Carlos Ortiz posee en los Llanos Orientales, de aproximadamente mil hectáreas, en la que sus hermanas van a veranear los fines de semana. Tampoco puso a disposición de la liquidación el latifundio “Palmeras”, de más de cien hectáreas, en Jericó, Antioquia, en donde Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa y padre de Tomás, pasa los fines de semana, según reportaron los propios empleados. En esta propiedad celebraron grandes fiestas los principales ladrones de Interbolsa con el superintendente Luis Guillermo Vélez, quien nunca los vigiló con el debido rigor y todavía no ha respondido por ello.

–En el inventario de la liquidación de FP Revollo se ha negado a incorporar unos terrenos, situados en Barranquilla y Santa Marta, que la esposa de Jaramillo tiene en sociedad con unos primos suyos de apellido Maestre. Esas propiedades han sido valoradas en 90 mil millones de pesos.

–Con excepción de Víctor Maldonado, repito, los bienes más valiosos de los otros 120 deudores del Fondo Premium no han sido tocados. Entre ellos figuran Helber Otero (debe 9 mil millones de pesos), Alessandro Corridori (cofundador de FP que debe al menos 44 mil millones de pesos), Pablo Antonio Baca Murcia (debe 500 millones de pesos) y Boris Alejandro López de Meza (sancionado por la Bolsa Mercantil y responsable en FP de una deuda de 9 mil millones).

Revollo se niega sistemáticamente a tomar posesión del buque “El Gallia”, de Tomás Jaramillo, que suele ser fondeado en el puerto de Santa Marta.

Es una lástima que no exista sobre todos estos hechos una explicación oficial y detallada del liquidador de FP. Es deplorable que yo deba esperarla por medio de una orden judicial que solicité. Y, de no conseguirla, llevaré este caso a la CIDH con el objeto de que se me entreguen datos y documentos que son legalmente públicos.

El falso secreto alegado en este caso de profundo interés público es la carpeta de crochet sobre la que está puesta la impunidad por la que vamos a pagar todos los colombianos.