Lo que ganamos con la diversidad

Me invitaron esta semana a la celebración de los 15 años de Colombia Diversa, la organización que ha liderado varios de los litigios que han llevado al reconocimiento de derechos de las personas de orientación e identidad sexual diversa. Me acordé de mi escepticismo frente a sus causas cuando primero las plantearon: ¿para qué quieren participar de un régimen -el del matrimonio- que ha sido tan pernicioso para las mujeres? ¿por qué creen que en su caso los efectos van a ser distintos -piensan que habrá menos violencia o menos pobreza? En ese momento me parecía que necesitábamos una reflexión más amplia sobre las instituciones del derecho de familia y que este reclamo de las minorías sexuales iba a hacer más difícil tener esa conversación. Personalmente prefiero pensar en reformas que asumen que todos y todas vivimos en un régimen de sexualidad problemático y no que los problemas son de unas minorías que no logran ajustarse a las reglas que los demás sí aceptamos (precisamente no creo que los demás estemos tan contentos con esas reglas).

Al revisar la suma de los cambios legales que se han producido en Colombia por vía del litigio, sin embargo, creo que el balance es más positivo que negativo, y no solamente para quienes se identifican como parte de la comunidad LGBTI, sino para todos y todas las colombianas. El mérito no está, como oí decirlo a algunos, en que nuestro marco jurídico actual sea particularmente avanzado o ejemplar. Países como Argentina y México, en América Latina, y como Noruega, Holanda, Inglaterra y Alemania, en Europa, cuentan con normas jurídicas eficaces para garantizar la seguridad y bienestar de las personas más allá de su orientación o identidad sexual. Me parece que el verdadero logro ha sido que en un país con nuestra historia política y jurídica, se haya logrado encuadrar el debate de tal manera que lo central no sea determinar qué o quién es perverso, sino cuáles son los retos de aceptar nuestra diversidad. Este ha sido un cambio importante en la opinión pública, así como en la doctrina jurídica. Debemos esto en buena parte a la inteligencia con la que se ha trabajado en este litigio, así como a la coherencia de nuestros magistrados y magistradas. 

Una encuesta sobre clima escolar realizada por el equipo de Colombia Diversa (Colombiadiversa.org), por ejemplo, muestra que si bien sigue habiendo un ambiente bastante hostil para las personas con orientación o identidad sexual diversa, el 70% de los estudiantes entrevistados dice sentirse incómodo con los comentarios y actuaciones discriminatorios o violentos y el 50% de los estudiantes que fueron discriminados o agredidos cree que las autoridades escolares fueron eficaces en sus respuestas. Tal vez nos está haciendo falta nombrar y capitalizar esta incomodidad que expresan la mayoría de los alumnos, pero no podemos dejar de contar esto como un cambio positivo. Las anécdotas de mis hijas en su colegio me parecieron ilustrativas precisamente de esto. Hace unos dos años, una de ellas me dijo al llegar del colegio que había tenido una experiencia muy mala porque un compañero había dicho que los “homosexuales son unos pervertidos”. Ella se sintió profundamente afectada y le respondió al niño que había dicho esto “en realidad el pervertido es usted por pensar de esa manera”. Aunque el niño quedó mudo y ella estaba satisfecha con la respuesta que le dio, seguía convencida de que era inaudito que alguien en estos tiempos pudiera decir en voz alta semejante cosa. Los profesores no la callaron, pero tampoco tenían claro cómo respaldarla o qué hacer en este enfrentamiento. 

Los datos del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes reportados en 2016 muestran también un aumento en la aceptación de la homosexualidad (esta fue la pregunta que hicieron) y que los jóvenes (de 18 a 28) y las mujeres de cualquier edad muestran una mayor aceptación. Así mismo reflejan que los cambios en la opinión son más importantes entre quienes cuentan con educación superior y viven en la zona central. Si bien el reporte es enfático en que no llegamos a una aceptación del 50% de la población encuestada, creo que las preguntas que se hicieron son difíciles. Si se compara con el 60% de personas que están de acuerdo con proteger los derechos de las mujeres, que son la mitad de la población, creo que el 30% que tienen ganado las minorías sexuales es un avance.  

Mucho más definitivo es el cambio en la doctrina jurídica. Si bien las instituciones, incluida la Corte Constitucional, pasaron muchos años mirando hacia otro lado y encontrando excusas formales para no involucrarse en la protección de personas con orientación sexual diversa, a partir de 2007 ha sido clara la postura de que la orientación e identidad sexual están protegidas como parte de nuestra personalidad y que no es aceptable referirse a estas elecciones de manera despectiva y mucho menos basar tratamientos perjudiciales en ellas. 

La orientación y la identidad sexual se han convertido en categorías sospechosas en el sentido de que si alguien las usa se sospecha que está discriminando. Por ejemplo, se sospecha que si alguien le dice “maricón” a su vecino no lo hace de cariño. Le toca demostrar a esa persona su buena intención y no a quien se queja de este tratamiento demostrar que esta actitud le causó un perjuicio (Sentencia T-141 de 2017). Se sospecha también que si una persona trans dice que le negaron un cupo en un colegio por su identidad esto es verdad y no, que como no tiene evidencia de lo que verbalmente le dijeron en el colegio, debe ser mentira (Sentencia T-804 de 2014). La coherencia con esta postura, me parece, ha sido central para avanzar a pasos agigantados en materia de igualdad. En lo que necesitamos seguir trabajando es en la coherencia de nuestra cotidianidad, pero para eso hay que abrir los espacios para tener más conversaciones y que los que rechazan la discriminación salgan de su encierro y sean capaces de defender relaciones más igualitarias para todos y todas.