Camino de espinas

Finalmente sucedió. El presidente Duque anunció seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, dejando en vilo la reglamentación del sistema de justicia transicional creado en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana. El proyecto regresa al Congreso de la República para que se reedite un debate que ya había sido superado y que tuvo un costo enorme en materia de polarización y de desgaste institucional. El camino que estamos empezando a recorrer puede conducir a un precipicio que aún no vemos; no podemos ser miopes, esta discusión que apenas empieza no solo tocará las seis objeciones hechas por el Gobierno, sino que llegará a la médula de la Jurisdicción de Paz.

El diablo está en los detalles y por la vía de la interpretación jurídica está en riesgo el andamiaje de la JEP. El artículo 200 de la Ley 5 de 1992 (reglamento interno del Congreso) establece que si una cámara declara las objeciones del presidente fundadas y la otra infundadas, como es muy probable que suceda, se debe archivar el proyecto. Hay jurisprudencia que señala que sólo se caerían los artículos objetados; sin embargo, si se impone esa interpretación literal de la norma, toda la reglamentación, los 159 artículos aprobados por el Congreso, quedaría borrada de un plumazo, dejando a la JEP con un mandato constitucional de operar y sin un marco normativo claro para hacerlo. Este escenario, que sin duda sería el peor para el país, dejaría sumidos en una profunda inseguridad jurídica no sólo a los excombatientes de las Farc, sino a las víctimas que tienen derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.

Preocupa también el anuncio del presidente Duque sobre la presentación de un acto legislativo para modificar algunos puntos de la norma que creó la Jurisdicción de Paz. Abrir la puerta a cambiar los fundamentos constitucionales de la incipiente jurisdicción es un camino lleno de espinas que sabemos dónde empieza pero no dónde termina. Si bien el presidente Duque ha dicho que las modificaciones al Acto Legislativo 01 de 2017 sólo tendrán el objetivo de aclarar el alcance del tema de los delitos sexuales contra menores, la reincidencia y los delitos de ejecución permanente, es muy posible que durante su tránsito en el Congreso se incluyan otras modificaciones de fondo que deformen el contenido de los acuerdos de paz de La Habana, que el Estado, a través del Gobierno, Congreso y la Corte Constitucional, se comprometió a respetar.

Hablar de reformas constitucionales en un momento en el que se ha propuesto cambiar el número de magistrados de la JEP, crear una sala especial para los militares e incluso de derogar todo el sistema de justicia transicional no es un tema menor. Cualquier cambio que no sea hecho con precisión quirúrgica tendrá consecuencias que incluso podrían implicar la activación de la competencia de la Corte Penal Internacional, que sigue con cuidado el desarrollo del proceso de paz en materia de justicia.

Llegó el momento de los acuerdos políticos y en este escenario los partidos Liberal y Cambio Radical tienen que servir como puente para acercar las posiciones entre quienes quieren se resisten a que se cambie una coma de lo pactado y quienes quieren arrasar con la Jurisdicción de Paz. El expresidente César Gaviria y Germán Vargas están llamados a evitar que se borre con el codo un proceso de paz que lleva casi un década madurando, contra viento y marea.

Perlita: El regreso de Sergio Jaramillo al debate público es una buena noticia para el país. Además de haber sido el arquitecto de los acuerdos de La Habana, el ex alto comisionado de paz le imprime un altísimo nivel de análisis y pragmatismo a los temas “calientes” de la agenda nacional.