Lo que Peñalosa no quiere explicar

Un decreto firmado por el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa valorizó en más de 200 millones de dólares un negocio de donantes de su campaña. Se trata de Proscenio, un polémico desarrollo urbano en el norte de Bogotá, promovido por las empresas constructoras Amarilo SAS y Arpro, esta última propiedad del grupo Neme.

Las sociedades Amarilo, Arpro y Chaid Neme Hermanos S.A. fueron aportantes de la campaña de Enrique Peñalosa a la alcaldía como puede verificarse en documentos del Consejo Nacional Electoral.

El alcalde hizo caso omiso de esta circunstancia, no se declaró impedido y vulnerando la ética pública tomó decisiones que aumentaron el valor esperado de ventas del proyecto en más de 677.000 millones de pesos. Aproximadamente 218 millones de dólares.

Cuando se adopta un plan parcial existe la obligación de presentar públicamente los beneficios económicos que va a generar.

En el año 2010, cuando se expidió el plan parcial de renovación urbana Proscenio. El monto total de ventas se estimaba en 868. 899 millones de pesos. Así se puede ver en el artículo 20 del decreto 334.

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Ya siendo alcalde Enrique Peñalosa tomó varias decisiones que beneficiaron a sus donantes y promotores de Proscenio. La más importante de todas fue el decreto 674 de noviembre de 2018 que modifica el plan parcial de Proscenio.

Las ventas estimadas crecieron hasta llegar a ser de 1,89 billones de pesos. La suma está en el artículo 38 del decreto de Peñalosa y ustedes pueden ver la comparación de los dos artículos.

Recalculando las ventas inicialmente estimadas en 2010 y trayéndolas a valor presente, el resultado sería 1,22 billones. Es decir el decreto de Peñalosa significa ventas mayores para sus donantes por 677.140 millones de pesos. Convertidos a la tasa de cambio actual serían más de 218 millones de dólares.

El espectacular crecimiento de las ventas se explica porque el decreto de Peñalosa autoriza a sus donantes el cambio del uso de la tierra dándoles más ventajas, les permitió además privatizar una calle y les aumenta los índices de construcción y ocupación.

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El decreto de 2010 solo permitía comercio zonal con áreas máximas de 2.000 metros cuadrados. El decreto de Peñalosa permite usos comerciales de escala metropolitana que significa almacenes por departamentos, centros comerciales e hipermercados de más de 6.000 metros cuadrados.

En la norma original, la carrera 14 entre las calles 86 A y 88 se mantenía pública. En el decreto de Peñalosa esa vía se convirtió en “Área privada afecta al uso público”. Esto implica que ya no podrán circular vehículos por esta calle, que los constructores la pueden cubrir hasta en un 50 por ciento, que pueden establecer “módulos de comercio” sobre lo que hoy es una vía pública y que pueden construir varios niveles de parqueadero bajo la calle.

En el decreto de 2010, el índice de construcción era de 6.0 para las tres manzanas que ocupará Proscenio. En el decreto Peñalosa, se autoriza el aumento de construcción para las tres manzanas: dos de ellas suben a 6.21 y la otra a 6.24.

La norma inicial establecía que el índice de ocupación de cada una de las manzanas sería de 0,60; 0,55 y 0,65. El decreto Peñalosa aumentó ese índice de ocupación a 0,7 en  las tres manzanas.

Estos cambios le permiten a los urbanizadores –y, reitero, donantes de la campaña de Peñalosa- construir más metros cuadrados para vender y ocupar un porcentaje mayor del terreno.

Entiendo perfectamente que el negocio de los constructores consiste en maximizar sus ingresos y utilidades.  

Lo que no es comprensible es que el alcalde Enrique Peñalosa emita un decreto para favorecer a quienes fueron financiadores de su campaña y además reaccione con arrogancia cuando un periodista le pide respetuosamente explicaciones.