Fuerza en la nuca

Salvo Humberto de la Calle, que salió a denunciar el chantaje, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido el valor de decir que se niega a aprobar la extradición exprés de Jesús Santrich, el jefe de la Farc acusado de narcotráfico por la DEA. Sin pruebas. Si las hay, la DEA no las ha mostrado. Pero todos –Duque, Petro, Vargas, Fajardo– se inclinaron dócilmente ante la exigencia

imperial de la agencia norteamericana: sí, sí, sí, sí: cuatro síes. Hay que extraditar: si la DEA así lo ordena, por algo será: no estaría ese narcoterrorista cogiendo café –y después ya se verá–. Es un viejo aforismo de eficacia militar: se fusila primero y se pregunta después.

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La DEA y por lo visto también los obedientes miembros del pelotón de fusilamiento –Duque, Petro, Vargas, Fajardo, y por supuesto el presidente Santos y el fiscal Martínez– quieren fusilar de entrada. O extraditar, que es lo mismo: quieren que los personajes políticamente incómodos de Colombia, en este caso los guerrilleros retirados como Santrich, y tal vez Iván Márquez, y a continuación todos los demás, sean quitados de en medio. ¿Quién sigue? ¿Juan Manuel Santos?

Así lo ha hecho la DEA con muchos dirigentes de América Latina, acusándolos de complicidad con el narcotráfico. En Panamá con el “hombre fuerte” y agente de la CIA norteamericana Manuel Antonio Noriega, a quien para poner preso hubo que bombardear la ciudad de Panamá causando tres o cuatro mil muertos, y sobornar al Vaticano que le había dado asilo. Y después, sin tanto bombo, con el presidente Ricardo Martinelli. Con Vladimiro Montesinos en el Perú, también agente de la CIA y “eminencia gris” del presidente Alberto Fujimori. En Honduras nada menos que con tres presidentes sucesivos: Rafael Callejas, Porfirio Lobo, José Manuel Zelaya: todos entrampados por la DEA en el narcotráfico. En Bolivia con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, después de haberlo intentado con Hugo Bánzer: pero el cáncer les cogió ventaja. Con el presidente Alfonso Portillo en Guatemala, y después con Otto Pérez Molina, derrocado porque se atrevió a proponer la legalización de las drogas como única solución posible al poderío del narcotráfico (y de la propia DEA). Y, por supuesto, con los venezolanos. Hugo Chávez expulsó a la DEA de su país, y es hasta ahora el único dirigente político latinoamericano que se ha atrevido a hacerlo; pero su sucesor Nicolás Maduro está en la lista de los amenazados: no sé si los dos, y sus colaboradores, han sido culpables de narcotráfico, pero sí los ha denunciado la DEA por serlo. Culpables de un delito que solo existe porque los gobiernos de los Estados Unidos han decidido que lo sea, y se lo han impuesto al mundo entero.

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Que se cuide Juan Manuel Santos, que también se ha atrevido, como el guatemalteco Otto Pérez, a hablar de legalización de las drogas: se acabaría con ella el negocio de la DEA. ¿Será por cuidarse que ahora Santos se muestra tan dócil en cuanto a la extradición de Santrich?

La DEA, la Drug Enforcement Administration, la Administración para el Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos, es uno de los principales instrumentos de que este se sirve para asentar su dominio mundial. Tan importante como la CIA y su telaraña de espionaje, o incluso como el Pentágono y su inmenso aparato militar, sin parangón en la historia humana, o como, en lo económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, organismos en apariencia autónomos (o al menos, en apariencia, multidependientes). La DEA no es una herramienta de defensa de la salud pública, sino un arma diplomática de agresión. Y para eso la usan los gobiernos de los Estados Unidos.

Lo cual, por supuesto, no es censurable desde el punto de vista de la realpolitik: los imperios tienen derecho a comportarse como tales, tanto con sus cañones como con sus leguleyos, porque eso corresponde a su interés. Pero los países sometidos a los imperios también están en su derecho si se rebelan contra su sometimiento. Por interés, y también por dignidad (que forma parte del interés bien entendido). Para poner un ejemplo: así se hizo hace dos siglos la independencia de estos países de América del Sur del imperio de entonces, que era el de España. La Independencia fue, cosa que por lo visto se ha olvidado, una rebelión contra la dependencia.

Que Humberto de la Calle sea el único de los candidatos a la Presidencia que se ha negado a inclinarse ante el ukase de la DEA muestra que es el único que tiene sentido de la dignidad. O por lo menos el único que tiene fuerza en la nuca. Y eso, me parece a mí, es lo que necesita un presidente de Colombia. n