Los colados atentan contra la ciudad

No existe conducta más dañina y contraria a los intereses de Bogotá y sus ciudadanos, que la de la evasión de ingreso al Transmilenio, una práctica que desafortunadamente se ha constituido en una especie de nefasta costumbre, en la que gente desadaptada decidió descaradamente esquivar su deber ciudadano de pagar por la contraprestación de un servicio esencial como es el del transporte de pasajeros, esto básicamente se equipararía con la ridícula rebeldía de dejar de pagar el recibo de la luz o el del agua, pero paradójicamente esperar que todos los días podamos conectar nuestros electrodomésticos y hacer uso del preciado líquido, es un despropósito no solo desde el punto de vista financiero sino una verdadera derrota a nuestras costumbres ciudadanas, que ante una aberración de este tipo solo puede quedar al descubierto las terribles falencias en nuestros modos de sentir y pensar, ¿cómo fue que como ciudadanos logramos “normalizar” una conducta tan desafortunada? Sin duda, estamos contemplando una forma directa de defraudar los ingresos que nos son de propiedad de Transmilenio, sino de los recursos propios de los bogotanos.

El Distrito y el gobierno central, de manera urgente, sin dubitación y sin dilación deben implementar políticas serias, dinámicas y efectivas para enfrentar esta problemática, o de lo contrario el camino no será otro que el de sufrir el riesgo evidente del profundo hueco en las finanzas de Transmilenio y por consiguiente contra los ciudadanos que honestamente usamos el servicio, pero a su turno, se consolidara como una verdadera derrota a nuestra cimentación como sociedad, en la que los antivalores y la cultura del menor esfuerzo triunfe sobre las buenas costumbres y el apego a la ley, resulta incomprensible que muchas de las personas que han hecho de la práctica del “colado”, un modo de vida, eventualmente tienen la posibilidad de viajar a otros países, en los que de manera instintiva y sin siquiera contemplarlo, son incapaces de violentar los servicios de transporte en otras ciudades, y de manera automática deciden acoplarse a las prácticas propias en esas latitudes, de ahí que la pregunta interesante debe venir directamente desde la génesis del problema, es necesario implementar una política coercitiva y retributiva en aras de lograr disminuir los índices de evasión, o, por el contrario, al estilo de las principales ciudades europeas es menester apelar a la sensibilización cultural en aras de estimular el ejercicio de la buena fe ciudadana.

Hemos visto numerosas piezas audiovisuales en la que reporteros o periodistas captan flagrantemente a los evasores colándose al interior del sistema, y al indagarlos con absoluta incongruencia, son capaces de justificar tal acción, algunos incluso invocando principios constitucionales, y de alguna absurda manera intentan permear una conducta a toda luz ilegal, dentro de un marco eventual de protección superior, otros, en cambio, al mejor estilo de un juez administrativo, justifican su actuar sentenciando que es una consecuencia por el “pésimo” servicio que presta Transmilenio, curiosamente, estos mismos ciudadanos muy seguramente desconocen adrede la dificil circulacion que ocurre en nuestras vías arterias en los actuales momentos por la realización de obras en la ciudad de Bogotá. Paciencia nos corresponde ejercer.

Recientemente, la Universidad de los Andes publicó un estudio sobre esta grave problemática y la verdad causa profunda preocupación por no observar una respuesta certera de parte de la administración distrital y de sus cuerpos administrativos para enfrentar esta grave problemática, son pocas las respuestas desde las altas instancias de gobierno, que han apostado al bloqueo físico, mediante la colocación de barrotes y barrera, que al final son inanes, en la medida en que el sistema se concibió siempre dentro de una concepción filosófica de cultura ciudadana, cada vez son más raros y aislados los debate al interior del cabildo distrital sobre estos temas de vital importancia y prácticamente las voces de concejales con interés en esta problemática se hace ausente, es más Bogotá cuenta con una composición legislativa con 18 curules en la Cámara de Representantes, pero insólitamente la producción normativa tendiente a mitigar esta problemática ha sido totalmente ausente en las últimas legislaturas.

Es claro que las herramientas para combatir este flagelo requieren, a nuestra manera de ver, varios frentes; el primero de ellos se refiere a la apremiante necesidad de implementar un marco jurídico para generar una corriente social que contribuya a desestimar esta conducta por su daño contra los ciudadanos que pagan su obligación de tarifa como debe ser, hoy no existe mecanismo alguno que permita remediar este tema alguien me señalaba que si a los infractores los pusiéramos a sembrar árboles la ciudad en muy corto plazo podría estar totalmente arborizada. Pero así mismo, es menester hacer robustas las medidas que censuren esta práctica, es decir, el ciudadano debe entender que una conducta como esta no puede ser plausible ni mucho menos normal.

Un segundo aspecto para examinar este tema sin duda alguna es el relacionado con el aspecto financiero que permita conseguir para la ciudad ayudas de orden económico que en forma de fuentes permitan generar los dineros para contribuir a financiar dichos costos hoy el subsidio de transporte se usa para todo menos para lo que fue creado, se debía llamar el subsidio al alcohol o al ocio, pues es claro que ese rubro termina destinado para cualquier otro frente menos para el cual fue creado, de ahí la imperiosa necesidad legislativa de ubicar el subsidio de transporte en donde debe estar, es decir, en los medios de pago que el ciudadano utiliza para entrar al sistema, pues por simple definición legal todo trabajador debe contar con la garantía de sus viajes mensuales.

Y por último en el orden social es obligatorio condenar socialmente a quien no paga el valor de la tarifa para lograr un efecto generalizado de rechazo a la conducta no aceptable de eludir su obligación, es decir, esa proliferación de la cultura del “vivo” debe ser segregada por completo de nuestra cotidianidad, la pregunta es cómo hacerlo, sin más preámbulos es necesario que la ley sea radical y se generen sanciones reales, más allá de una simple multa pecuniaria, cuando el ciudadano sepa que esta conducta a toda luz reprochable le genere contraprestaciones a sus expectativas laborales o personales entenderá por la misma coerción normativa que no es loable evadir los controles de ingreso, en fin el debate es de importantísimo tamaño, y es fundamental que quienes el próximo año aspiraran a la alcaldía o al concejo, tomen nota de estas reflexiones, así mismo, como lo hemos reiterado en múltiples oportunidades este es un llamado de atención a los representantes a la Cámara por Bogotá, esta es una responsabilidad legal que está en sus manos y que no puede seguir siendo aplazadas.

1. PD: A propósito que dice sobre los colados la empresa que realiza el recaudo en la ciudad de Bogotá?