Los corruptos, ¿los asesinos de Rafael?

Sería razón suficiente para considerarlos sinvergüenzas, cínicos. Y ladrones. Recorrí en moto un tramo en estado lamentable de la supuesta placa-huella que va de San José de Uré a unas veredas, recién inaugurada su primera fase por el gobernador, y constaté que Rafael Moreno, de 37 años, tenía toda la razón. En su región natal anidan clanes políticos que se roban hasta un hueco.

Lo triste, lo descorazonador, es que Rafael ofrendó su vida en balde. Lo mataron el 16 de octubre para silenciarlo y el mensaje de los criminales ha calado hondo. No dejen niños huérfanos y una esposa y una madre llorando. Cierren la boca.

En Montelíbano, San José de Uré, La Apartada y Puerto Libertador, pueblos del sur de Córdoba que alcancé a visitar, me quedó nítido que nadie está dispuesto a recoger las banderas que él enarboló. La lucha contra la corrupción en la región del San Jorge quedó sin vocero.    

Y hacen bien en salvaguardar la vida. Sería una quimera esperar cambios sustanciales cuando el Gobierno que prometió dar un vuelco al país sucumbe a los vicios de siempre y no tiene reparos en amangualarse con caciques y politiqueros sin principios ni intereses distintos a llenarse los bolsillos. Idéntico a lo que hizo Juan Manuel Santos con los cordobeses Ñoño Elías y Musa Besaile.

¿Mereció la pena la lucha de su esposo?, pregunté a la viuda del valiente Rafael, madre de tres niños chiquitos. “No puedo decir que valió la pena. Yo lo quería ver viejito, con sus hijos. Para mí es muy doloroso seguir la vida sin él”, fue su respuesta, y no quiso hablar de nada más.

La última investigación del valeroso fundador de Voces de Córdoba involucra a la poderosa familia Calle. El patriarca, Gabriel Calle, fue hace años alcalde de Montelíbano y perdió las pasadas elecciones, pese a gastar unos 10.000 millones, según contaron distintas fuentes. En la pujante localidad, donde se normalizó la compra de votos, dan por hecho que intentará de nuevo conquistar la alcaldía o irá por la gobernación. Su hijo Andrés es congresista del Partido Liberal y cierra el círculo su otro retoño, Gabriel Enrique, jefe de gabinete del ministro del Interior y exgerente de la campaña de Petro en Córdoba.

Rafael se les volvió incómodo por revelar la existencia de una cantera ilegal en la finca Marcelo, de Gabriel Calle. Líderes ambientales de San José de Uré lo habían denunciado y el periodista constató la información. Halló retroexcavadoras en la quebrada y observó un rosario de camiones cargando el material de arrastre.

Tenían por destino el Consorcio Versalles, contratista de una obra de 30.000 millones. Con las pruebas, grabadas en directo, tuvieron que parar la cantera furtiva y el proyecto. Rafael exigió a las autoridades ambientales y a la Fiscalía investigar la trama porque, además, el material resultó ser de mala calidad. Obvio que nunca llegaron al fondo. Con plata, anotaron diversas fuentes, todo se cuadra.

También le trajo quebraderos de cabeza destapar irregularidades de otro clan, el de Espedito Duque, en su natal Puerto Libertador. Entre otros muchos asuntos, criticó un contrato de transporte escolar de 1.000 millones para un periodo de tan solo 50 días. La alcaldía contraatacó sometiéndolo, con sus alfiles, a un constante matoneo en las redes sociales para desacreditarlo y conseguir que le quitaran la escolta.  

“Ellos quieren robarse el municipio, literal, con todo el confort del mundo, y que nadie le diga nada”, les espetó Rafael.El secretario de Gobierno me dijo en su oficina que la millonada está justificada por lo extenso del municipio y las trochas intransitables del área rural. Rafael no creía ni esa ni otras razones, consideraba que era demasiada plata para “un poco de carros viejos”.

También les inquietaba el interés del periodista por investigar la muerte de una joven, atropellada en Puerto Libertador por una camioneta. Presuntamente, la manejaba ebrio un hijo de Duque y en lugar de socorrer a la víctima, echaron el cuerpo al monte para ocultar lo ocurrido. El caso, como de costumbre, quedó engavetado.    

Días antes de su asesinato, un motorista lo amenazó de muerte si seguía hablando, como consta en la carta que Rafael envió a la Fiscalía. “Usted se cree la verga, cree que no le entra el hp plomo”, gritó. Para ese 3 de octubre, la UNP, que le había retirado la camioneta blindada por un acto de indisciplina, solo le proporcionaba un escolta a pie, chaleco antibalas y botón de pánico. Incluso, el director anterior de ese organismo, Alfonso Campo, insinuó en un escrito que Rafael inventaba las amenazas, idéntica a la acusación de los esbirros de Espedito Duque.

Aunque al inicio achacaron el asesinato a las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo), esta vez, aseguraron todos con los que hablé, no fueron ellos.

El dedo acusador lo dirigen hacia alguno de los muchos políticos corruptos que Rafael puso en la picota. “Estoy listo, no les tengo miedo a los corruptos. Que me maten por decir la verdad”, proclamaba.

Con solo dos disparos mataron a Rafael y sepultaron la verdad.