Los efectos del 4 por mil

En el caso del impuesto a las transacciones financieras pareciera que no aprendemos de las experiencias negativas del pasado. Por lo menos así quedó demostrado al ser aprobado en primer debate el aumento del 3 al 4 por mil. Se da así otro paso atrás en la modernización del sistema de pagos y de la economía en general, sin olvidar los costos sociales que tendrá en el mediano y largo plazo. En países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú antes que subirla, por el contrario han tendido a reducir la tarifa, impulsados por las distorsiones ocasionadas en los mercados financieros. En cambio aquí, todo parece indicar que este impuesto, anunciado desde sus inicios como temporal, llegó para quedarse.

El impuesto tiene su atractivo desde el punto de vista fiscal porque es casi imposible de evadir, pues los pagos que se hacen a través del sector financiero tienen registros formales, electrónicos y son administrados de manera rigurosa. Además, ofrece facilidad, rapidez y transparencia en cuanto administración y recaudo. Sin embargo, va en contra del bolsillo de las empresas , prácticamente saca del sistema de pagos a un gran porcentaje de la población y es pagado por todos y cada uno de los usuarios del sistema, incluidas las propias entidades financieras

Vale la pena recordar que este gravamen fue creado en noviembre de 1998, mediante el decreto 2331 que declaró el estado de emergencia económica y social del país. Su objetivo era financiar los alivios a los deudores hipotecarios, atender las acreencias del sector cooperativo y capitalizar la banca pública y privada. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió que la banca privada no podía beneficiarse de los recursos obtenidos con el impuesto. La totalidad del recaudo en 1999 -$1,1 billones- se destinó a los alivios hipotecarios y a la capitalización de la banca pública.

Posteriormente, la Ley 508 del Plan Nacional de Desarrollo extendió la vida del impuesto, a la misma tarifa del 2x1000, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2000. Los recursos recaudados -$1,03 billones- se destinaron en su totalidad a la reconstrucción y rehabilitación del Eje Cafetero.

Mediante la Ley Quimbaya -Ley 608 de 2000- se estableció una extensión temporal del impuesto hasta el 28 de febrero de 2001; sin embargo, en la práctica sólo rigió hasta diciembre de ese año. La Reforma Tributaria, de diciembre del 2000, derogó el impuesto creado por dicha ley pero creó uno de carácter permanente y sin destinación específica llamado el Gravamen a los Movimientos Financieros que rige desde el primero de enero del 2001 a una tarifa del 3X1000. Desde entonces, se han recaudado $4,9 billones -a precios del 2003- que se han destinado a atender los gastos de funcionamiento e inversión del Estado.

Desde la introducción del gravamen el sector financiero se ha opuesto a éste por considerarlo dañino para la economía, regresivo y socialmente lamentable.

Este tipo de impuestos desestimula el uso de sistemas de pagos formales y seguros como las cuentas corrientes y de ahorro, sobre todo en una coyuntura como la actual en la que las tasas de interés de mercado han caído considerablemente.

El costo financiero del 4X1000 para una cuenta de ahorros, que rote en promedio 24 veces al año, puede llegar a ser del orden del 10%, de tal manera que la rentabilidad efectiva se torna negativa, desestimulando el ahorro y sustrayendo recursos valiosos para la inversión y la generación de empleo.

Otra de las consecuencias de este impuesto es el aumento que la demanda de efectivo ha tenido en los últimos cuatro años. Si comparamos la estructura de los agregados monetarios de hoy con la que existía antes del impuesto, encontramos que hay un exceso de efectivo del orden de $2,7 billones. Estas cifras nos colocan en contravía de las tendencias internacionales en el uso de medios modernos de pago: hoy hemos retrocedido a mediados del siglo pasado en cuanto al manejo de efectivo.

Además del costo directo del gravamen, hay una serie obstáculos para el desarrollo financiero del país y el crecimiento económico. El primero de ellos es el menor uso de cheques como medios de pago: actualmente se usan seis millones de cheques al mes, mientras que antes del impuesto esa cifra ascendía a 16 millones. El segundo de ellos es la práctica desaparición de instrumentos de ahorro a corto plazo como los CDT a menos de un mes. La repercusión sobre el mercado de capitales es negativa puesto que las empresas tienen menos alternativas de inversión de sus excedentes de liquidez de manera rentable y segura. En tercer lugar, está el sobrecosto para la intermediación financiera. La carga directa del gravamen a los movimientos financieros, junto con el costo implícito de la redención de CDT, representan un aumento de la tasa de créditos del orden de 100 puntos básicos, lo que equivale a cerca de $ 500 mil millones al año.

Resulta paradójico, por decir lo menos, que mientras se intenta estimular el uso de tarjetas débito y crédito para formalizar más los canales de pago de la economía y poder ejercer un mayor control sobre el recaudo de impuestos, se haya impulsado esta iniciativa. Para nadie es un secreto que el uso de grandes cantidades de efectivo se presta para encubrir actividades ilícitas, para eludir las leyes tributarias en el pago del IVA y para informalizar cada vez más el flujo de bienes y servicios.

Estudios académicos han demostrado que entre las alternativas impositivas con las que cuenta el país, la de gravar los movimientos financieros es la más perjudicial. Este tipo de impuestos es como una especie de enfermedad invisible a la que se le presta poca atención pero que va matando silenciosamente. Ojalá que el país pueda actuar pronto para remediarla en el futuro y no perder los esfuerzos que se vienen haciendo para desarrollar mercados financieros modernos y eficientes.

*Presidente de Asobancaria