Los falsos positivos de la tierra

Cuando este Gobierno comenzó, se presentaron grandes anuncios al país y a los campesinos prometiendo la mayor reforma agraria en la historia de Colombia. Se mencionó la adquisición de tres (3) millones de hectáreas de tierra para cumplir con el acuerdo de La Habana, y se prometió adjudicar estas tierras, junto con casi 4 millones de hectáreas adicionales, a aquellos que carecían de ellas.

No obstante, hasta el momento, estas declaraciones parecen ser poco más que titulares e ilusiones para los campesinos, ya que nada de lo prometido se ha cumplido. Habría sido más factible alcanzar el objetivo si se hubiera dado prioridad al procesamiento adecuado de las solicitudes de adjudicación que ya se encontraban represadas en la agencia nacional de tierras, como mencionó la actual ministra de agricultura al comienzo del gobierno.

Es evidente que tanto la compra de tierras como la adjudicación de las mismas deben ser consideradas políticas de Estado, trascendiendo la partidista. Para lograr el éxito, es esencial que esta reforma sea inclusiva, involucrando a los gremios y a los campesinos como los trabajadores fundamentales del sector rural, mientras se mantiene un respeto claro por la propiedad privada y pública en el ámbito rural. Con el apoyo y la colaboración de todos los sectores involucrados, se podrá trabajar hacia una verdadera y positiva transformación agraria en beneficio de Colombia.

La mencionada política debe manejarse dentro de las siguientes prioridades:

Reforma agraria: Es la forma de entregar tierras productivas a los trabajadores del campo a través de una política clara. La propiedad debe estar en manos de quienes tengan la dedicación de hacerlas productivas, sin distingo alguno, pues un país como Colombia no se puede dar el lujo de tener tierras improductivas.

Programas de titulación de tierras: Se deben implementar programas para otorgar títulos de propiedad, condicionando su titularidad al trabajo y producción de la tierra, sin excepciones y con una vigilancia eficaz de parte del estado, que permita la recuperación de la tierra que no sea trabajada o explotada según lo exigido al ser adjudicada.

Fomento de la agricultura familiar: Los gobiernos deben implementar políticas que apoyen y promuevan la agricultura y productividad familiar, brindando capacitación técnica, acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercados para los productos agrícolas.

Inversión en infraestructura rural: El gobierno debe apostarle a la infraestructura rural. Sin vías y caminos no habrá ninguna posibilidad de que tengamos tierras productivas; de igual forma es urgente la construcción de sistemas de riego y drenaje, electrificación rural, etc. De lo contrario, la entrega tierras se traducirá en una nueva frustración más para los campesinos.

Programas de acceso a crédito: La formalización y la titulación de tierras, si no van acompañadas con créditos en condiciones favorables para los trabajadores de la tierra, con tasas de interés bajas a largo plazo y seguros de productividad, será un total fracaso.

En esta materia lo prometido por el actual gobierno ha avanzado poco, podría decirse que ha fracasado y en estos 11 meses, salvo titulares de prensa, lo poco que se ha hecho genera engaños para los campesinos y la comunidad en general, con pruebas contundentes que daremos a conocer en parte en este artículo, más adelante. Todo ello indica que vamos por mal camino.

Es gravísimo, y por eso hago la denuncia pública, que posiblemente todas las entregas de títulos que se han llevado a cabo, no correspondan a títulos recientemente expedidos y registrados, lo que significaría propiedad para sus adjudicatarios, sino que muchos de los títulos que se han entregado serían más unos “falsos positivos”, una cadena de engaños como los que se están volviendo costumbre en este gobierno y que todos conocen ha costado sus cargos varios de los altos dirigentes nombrados por el presidente Petro.

En materia de tierras se ha liderado desde el ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, con colaboración de otras instituciones del estado, la entrega de títulos anteriormente expedidos (en administraciones anteriores) por el INCODER o por la misma Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ya habían sido registrados hace varios años; los cuales quisieron hacer pasar como nuevas adjudicaciones para convertir a sus beneficiarios “en nuevos propietarios” cuando ya lo eran. Veamos solo algunos casos:

1.- En un tweet de la ANT el día 22 de abril de 2023 se puede observar que en Luruaco (Atlántico) se entrega un título a nombre de la señora Dionicia Ángulo de Castillo y se indica en el tuit que “En Luruaco (Atlántico), convertimos a familias campesinas en propietarias de tierras”.

Verificado el folio de matrícula inmobiliaria 045-78297; la señora Dionicia Angulo de Castillo, fue adjudicataria de un bien baldío, mediante resolución 176 de 2012-09-21; esa Resolución fue registrada en la Oficina de Registro de instrumentos públicos correspondiente, el día 28 de febrero de 2020, según anotaciones 1 y 2 del mencionado Folio de matrícula inmobiliaria.  Para mayor asombro, la adjudicataria que según el tuit se acaba de convertir en propietaria, según un título que entrega la ANT, parece tener su cedula de ciudadanía n.° 22731008 CANCELADA por Muerte.

2.- Una situación similar se presenta en un tuit de la Agencia Nacional de Tierras del día 23 de junio de 2023, con una entrega en La Esperanza (Norte de Santander), aparecen 4 personas recibiendo títulos de Tierra.  Los títulos fueron expedidos por el antiguo INCODER y los beneficiarios son: (i) Omar Serrano Pérez y Dorys Pérez Serrano; (ii) Robinson Manuel Castillo (según se observa se entrega a su esposa María Salcedo); (iii) Luis Emel Angarita Salcedo y Omaira María Ortega Salcedo; (iv) José Orlando Martínez y Ruth Giraldo Espinoza. Veamos:

(i) Los señores Omar Serrano Pérez y Dorys Pérez Serrano aparecen como adjudicatarios de la Resolución 193 del 01-08 de 2011 del INCODER de Cúcuta. Resolución que fue registrada el día 03-09-2021 en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 261-60558 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáchira, Norte de Santander.

(ii) El señor Robinson Manuel Castillo, aparece como adjudicatario de la Resolución 643 del 11-05-2009 del INCODER de Cúcuta. Resolución que fue registrada el día 10-08-2021 en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 261-60546 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáchira. Otra novedad es que la cédula del adjudicatario parece estar cancelada por muerte.

(iii) Los señores aparecen como adjudicatarios de la Resolución 626 del 11-11-2009 del INCODER de Cúcuta. Resolución que fue registrada el día 10-08-2021 en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 261-60542 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáchira.

(iv) Los señores José Orlando Martínez y Ruth Giraldo Espinoza, aparecen como adjudicatarios de la Resolución 332 del 30-08 de 2012 del INCODER de Cúcuta. Resolución que fue registrada el día 03-12-2020 en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 261-60047 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cáchira

Cabe entonces preguntarnos:

¿Qué entregó entonces la Agencia de Tierras en esos eventos?

¿Por qué esas personas ya tenían el título a su favor registrado en la SNR en debida forma y no obstante se afirma públicamente que son nuevos propietarios?

¿Se trata de un “falso positivo” en la entrega de títulos de parte de la ANT?

¿Cuántos títulos se entregaron “nuevamente” bajo esta modalidad?

¿Habrá mal uso de recursos públicos, además de la falsedad que representan esas entregas y publicaciones? ¿Quiénes intervinieron en la mencionada entrega de títulos, etc.?

Ojalá el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, hagan las investigaciones respectivas y se den las sanciones que correspondan.

No más falsos positivos en la tierra. No más engaños a nuestros campesinos y trabajadores de la tierra y al país.