Los jóvenes como protagonistas del paro

Los jóvenes que han salido a protestar no pertenecen a las organizaciones tradicionales que los representan en Colombia. Provienen en cambio en su mayoría de grupos comunitarios, barrios, parches y pequeños grupos de esquinas y parques de grandes, medianos y pequeños municipios. Un gran número son, desafortunadamente, “ninis” (ni estudian ni trabajan), un grupo mediano proviene de las universidades tanto públicas como privadas, y unos pocos, una gran minoría, son protestantes lacayos al servicio de grupos armados, bandas de narcotráfico o delincuencia común.

La insatisfacción de la juventud protestante, particularmente de los “ninis” de barrios, que constituyen el gran volumen que protesta de estratos 1, 2 y 3, se explica por factores estructurales y coyunturales. El principal problema estructural es la ausencia de una política pública integral de Estado para la juventud, que no es responsabilidad exclusiva de este gobierno y tampoco de forma exclusiva del Gobierno nacional. Nuestro Estado ha concebido erróneamente que la educación es la única o principal estrategia de promoción del desarrollo de nuestro jóvenes dejando de lado el rol del Estado en áreas claves para la juventud como el trabajo, la salud, el entretenimiento y la convivencia, entre otras. Adicionalmente las gobernaciones y las alcaldías tampoco ofrecen programas duraderos para atender las necesidades de sus jóvenes. La pandemia, sumada a la falta de una política pública integral, ha exacerbado el estancamiento de los jóvenes porque su entorno inmediato, que los sostenía de una u otra manera, se desplomó. Los padres, abuelos, hermanos y parejas de los jóvenes perdieron o vieron reducir su ingreso.

Los expertos además hablan por estos días de la vulnerabilidad emocional de los jóvenes. El azote de la pobreza, el confinamiento, el difícil acceso a un proyecto de vida basado en la educación o en el trabajo, la frustración que sienten frente al Estado y el fácil acceso a las drogas, ha llevado a los jóvenes a una preocupante situación de salud mental. Ello podría explicar parcialmente la agresividad y la violencia de algunos contra la fuerza pública, los bienes públicos, los activos privados e incluso también contra sus propias familias.

Pero en medio de este complejo panorama, los jóvenes han actuado con inteligencia política en la crisis. Se metieron en el Comité del Paro, sin comprar por ello todas sus banderas. Y han logrado en poco tiempo construir su propia identidad en la protesta mediante manifestaciones que en su mayoría han sido pacíficas y sin participación relevante en los bloqueos. Además han logrado transmitir sus preocupaciones y posiciones al Gobierno Nacional, logrando respuestas rápidas y trascendentales, para convertirse en la prioridad de las políticas que el Gobierno Nacional ha definido hasta ahora en el marco de la pre-negociación.

Según la encuesta de jóvenes de la Universidad del Rosario, la mayoría de las propuestas presentadas por el Comité del Paro tienen una aceptación superior al 70 % en la juventud. Específicamente, el 96 % de los jóvenes está de acuerdo con el retiro de la reforma a la salud, el 93 % con la reducción del precio de los peajes y la gasolina, y el 90 % está de acuerdo con la matrícula cero en las universidades públicas. Sin embargo, los jóvenes tienen su propia agenda, que por la dificultad de tramitarse a través del Comité, han tenido que trasladar a las calles. De allí sobresalen tres temas: equidad, derechos humanos y proceso de paz. El primero tiene que ver principalmente con el acceso a oportunidades, que el Gobierno nacional y algunos gobiernos departamentales vienen trabajando a través de Generación E, una estrategia de acceso a la educación superior. Pero como he comentado, la equidad requiere ser gestionada integralmente mediante otros frentes como la equidad en el desarrollo laboral y la equidad en las condiciones de convivencia. Es hora de que entendamos que la educación no es el único camino que los jóvenes requieren para su desarrollo socio-económico. Es imprescindible pero no es la solución integral.

Luego tenemos el asunto de los derechos humanos, enconado en estos días por el paro, que nos lleva a pensar en los derechos de los jóvenes para ejercer la protesta, pero que no corresponde a la problemática real y amplia de derechos de los jóvenes colombianos. En este sentido, la actuación del Gobierno en el marco de la negociación, debería enfocarse en las principales amenazas que enfrenta la juventud como la discriminación de edad, género, condición económica y raza que continúa patente en el mercado laboral, por ejemplo; o la explotación económica que enfrentan centenares de jóvenes en los territorios más marginados; o la ausencia de condiciones de vida en familia o en ambientes estables, que muchos jóvenes no tienen por cuenta de la violencia, el desplazamiento y el narcotráfico. Para ello, quizás sea necesario actualizar el Estatuto de ciudadanía juvenil y desarrollar mecanismos que aseguren su cumplimiento.

Finalmente tenemos el proceso de paz, que es un tema que con acierto los jóvenes han puesto sobre la mesa en esta coyuntura. Debemos celebrar como sociedad que la juventud anhele la paz y ejerza presión política sobre el Gobierno nacional. Pero es importante que los jóvenes no tomen partido dejándose confundir por corrientes ideológicas oportunistas. En cambio, lo que los líderes juveniles deben buscar es la promulgación de garantías por parte del Estado que, por un lado, los protejan del conflicto en los territorios que se disputan los grupos que delinquen, y por otro, que los conviertan en agentes de transformación social en las zonas azotadas por la pobreza, en las que guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y delincuencia pescan en río revuelto.

Los jóvenes, en suma, con su beligerancia política durante el paro están construyendo una gran oportunidad: que el Estado los acoja estructuralmente. Y el Gobierno del presidente Duque parece estar entendiéndolos. Ha puesto compresas frías mediante el programa de matrícula cero, el plan de empleo juvenil subsidiado y el programa de primera vivienda. Son grandes soluciones para la coyuntura pero aún falta la cirugía de fondo: la política permanente de Estado que principalmente promueva y facilite un proyecto de vida sostenible para todos los jóvenes colombianos. Por esto resulta pertinente la propuesta del Gobierno nacional de promover un pacto nacional por la juventud que asegure una política integral de corto, mediano y largo plazo. Este es el camino, que apenas comienza. Los jóvenes tienen que aprovechar un Gobierno que está demostrando interés de escucharlos, si quieren convertir esta crisis en un hito en la historia del desarrollo de la juventud colombiana.