LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA

Reactivar la economía; reducir la inflación; acelerar el proceso de desarrollo económico y social, redimir las regiones deprimidas; mejorar la distribución del ingreso... son indispensables y urgentes. Pero el proceso de formulación de política económica impone la necesidad de precisar en qué medida son compatibles entre si.
La definición acertada de los objetivos de política económica es condición previa indispensable para lograr un progreso rápido hacia las metas prioritarias.
El comienzo del gobierno del presidente Betancur ha estado rodeado de una multitud de condiciones adversas, algunas de las cuales se mencionaron durante la campaña presidencial, sin que se pudiera precisar su magnitud y complejidad, y otras todavía no se conocían.
La economía colombiana ha estado sometida al estancamiento desde finales de 1979. Ese estancamiento llevó al gobierno anterior a intentar la reactivación, en la época preelectoral. Pero el esfuerzo mencionado no tuvo efecto. La iniciativa de reactivación del gobierno Turbay llegó tarde y no produjo los efectos deseados.
El incremento del gasto público caracterizó a la pasada administración. El PIN fue un plan de inversiones públicas. El aumento de la burocracia fue manejado hábilmente para llegar al perfeccionamiento refinado de la tecnología del llamado clientelismo. Pero estas políticas simultáneas tuvieron un considerable costo y se reflejaron en los déficits fiscal, presupuestal, de tesorería y en la nueva figura del "déficit de apropiaciones". El problema no se limita al gobierno central, sino que llega a la mayoría de los institutos descentralizados y abarca casi todas las circunscripciones regionales. La magnitud del problema total no ha podido cuantificarse todavía, pero ello no significa, como pretenden algunos apologistas del gobierno anterior, que el problema no exista. ¡Existe! En este aspecto, como en el del ritmo de la actividad económica la situación que encuentra el presidente Betancur es bien diferente de la que recibió el doctor Turbay, a quien le correspondió iniciar su gestión económica con superávit presupuestal, fiscal y de tesorería, y con una tasa de crecimiento del ingreso nacional de más del 8% anual, mientras el incremento del índice de precios al consumidor era inferior al 20% .
El incendio que estuvo a punto de devorar el sistema financiero colombiano tuvo sus primeros indicios con la intervención de Furatena a mediados del mes de junio; pero, cuando asumió el poder el doctor Betancur, las llamas ya habían consumido al Grupo Colombia y todos los días aparecían en la prensa nuevas chispas que amenazaban a diferentes entidades del sector financiero. La confianza estaba minada y sus consecuencias fueron la intervención del Grupo Santa Fe y la nacionalización del Banco del Estado y de Afinsa. El gobierno Betancur no podía dedicar su atención en esas primeras semanas de su gestión a nada distinto de apagar el incendio que había heredado. Pero todavía quedan algunos rescoldos peligrosos y ¡no es posible abandonar la vigilancia!
Los problemas internos están acompañados por circunstancias externa igualmente desfavorables: los problemas financieros internacionales han creado un ambiente de profunda desconfianza en la banca internacional. Las dificultades de los países ricos los han llevado a adoptar políticas comerciales cada vez más proteccionistas. El volumen total del comercio internacional, que había aumentado sin interrupciones desde mediados de los años sesentam está decreciendo. La política de moda en el mundo industrializado se parece al enconchamiento de un armadillo amenazado. En esas condiciones, no parece fácil la reactivación de la economía colombia utilizando el sector externo como promotor.
En este contexto, estimamos que es necesario seleccionar las metas de la política económica con audacia, pero con suma prudencia. El gobierno ha dicho que desea reactivar la economía; que va a bajar las tasas de interés; que quiere incrementar la construcción de vivienda popular que ha congelado las tarifas de los servicios públicos que no aumentá los impuestos, que acometerá grandes obras de infraestructura; pero simultáneamente se ha comprometido a reducir la tasa de inflación a 20% en 1983 y a 10% en 1984.
En nuestra opinión, todas esas metas son deseables y urgentes. Pero, francamente, no vemos cómo pueden ser todas ellas realizadas simultáneamente, dadas las las limitaciones inmensas que ha recibido como herencia. Nos parece bastante claro que el logro de inflación como las propuestas del señor ministro de Hacienda, en los plazos por él mencionados, es una meta muy importante, pero que no es compatible con la reactivación que se requiere con la mayor urgencia. Las políticas adecuadas para reducir la tasa de inflación son la restricción monetaria, la reducción del gasto público, la contracción de la demanda. Ese tipo de medidas no va a llevar ciertamente a un restablecimiento de la confianza de los inversionistas ni a un incremento de la demanda efectiva que le dé oxígeno al crecimiento de la producción. Es cierto que el enfoque adoptado por el señor ministro es el de controlar la inflación con una política de ingresos y salarios y con un incremento de la oferta que neutralizarían los aumentos de precios; pero la experiencia de las economías de los países antiguos y modernos es la de que la reducción de la tasa de inflación lleva consigo reducciones del gasto público y de la demanda, que resultan en aumento de los niveles de desempleo y en reducciones de la actividad económica.
Como conclusión, se puede decir que la prioridad más urgente es la réactivación de la economía. Ella podrá lograrse sin acelerar la inflación, siempre que se adopten políticas austeras en el sector público; pero no parece posible la reactivación de la economía, en las circunstancias actuales, simultáneamente con la reducción de la tasa de inflación a los niveles, y dentro de los plazos propuestos.