Los oídos sordos de la reforma a la salud

En alguno de tantos foros que se realizaron previo a la presentación del proyecto de reforma a la salud, una persona que hasta hace poco hacía parte del actual gobierno, al ser preguntada por la situación del talento humano en salud y la deuda que se tiene con ellos luego de la liquidación masiva de las EPS, advirtió sin ningún reparo que estos eran “daños colaterales”.

Esto, en buen castellano, no quiere decir otra cosa que aquellas afectaciones secundarias que se generan al lado de la afectación principal, pero que, por ser secundarias, deben ser soportadas por lo afectados.

Esta persona no pudo definir de mejor manera la situación que, desde hace treinta años, viene soportando el talento humano en salud en nuestro país. Con el trámite de la reforma y las decisiones que el Gobierno nacional ha venido tomando, la situación se ha hecho aún más gravosa.

Es claro que, con la implementación de la Ley 100 de 1993, comenzó la precarización laboral de los trabajadores de la salud y, con ello, el desconocimiento de sus derechos laborales y, en la actualidad, tal como se ha venido presentando, de los derechos fundamentales.

Durante estos treinta años, los trabajadores del sector nos hemos dedicado a una prestación de servicio que privilegia a nuestros pacientes; hemos soportado contrataciones leoninas, jornadas extenuantes, salarios irrisorios. Y muchas veces hemos trabajado sin salario, sin tener las garantías mínimas, poniendo en riesgo nuestra estabilidad personal y familiar.

Cuando se promulgó la Ley Estatutaria de la Salud, creímos inocentemente que, en su reglamentación, se solucionaría el problema, ya que esta ampara el trato digno y condiciones laborales justas de los profesionales y trabajadores de la salud, pero no fue así. Hoy, tras ocho años exactos de promulgada, el desconocimiento de los derechos para el talento humano en salud (THS) es más que evidente. Se hizo más visible aún en la pandemia, cuando creímos cambiaría el panorama, pues pusimos todo de nuestra parte para que el país saliera adelante. Sin embargo, ese reconocimiento solo quedó en menciones de honor, pero nada de dignificación.

Hoy, con el proyecto de reforma en curso, parece cumplirse el viejo adagio de que lo que está mal puede empeorar. Lo vemos en la discusión del proyecto. Junto con los pacientes, somos los actores a los que menos escuchan y atienden; simplemente invitan a reuniones para decir que sí participamos, pero, al final del día, nuestras necesidades y peticiones no tienen la importancia que les dan a los demás actores.

No contentos con esto, el señor ministro de Salud, en sus distintas declaraciones, ha iniciado casi que una campaña de desprestigio en contra de los médicos. Ha hecho afirmaciones desatinadas, poniendo en duda nuestra formación y disposición para la prestación del servicio. Y, además, ha dado a entender que muchos de los problemas que el sistema presenta son ocasionados por el THS, afirmaciones que decepcionan, sobre todo viniendo de un colega. A esto se suma que, desde inicios de 2022, estamos pendientes de la conformación del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, gestión que, a la fecha, esta engavetada en una de las tantas direcciones del Minsalud, además de la reciente desvinculación de la directora de Talento Humano en Salud de esta cartera.

Señor ministro, le exigimos respeto por el talento humano en salud, así como el cumplimiento de la Ley Estatutaria de la Salud, y su dignificación y reivindicación como un sector que tanto le ha servido al país. Le exigimos que nombre, en el menor tiempo posible, a la persona encargada de la Dirección de Talento Humano para que sea un puente entre el Gobierno y todos quienes hacemos parte de este sector, sin excepción, y, así mismo, la puesta en marcha el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud.

A los honorables senadores, les pedimos que, en el reinicio de los debates del proyecto de reforma a la salud, tengan en cuenta las propuestas que hemos presentado desde hace más de dos años. Estas no buscan otra cosa que dar cumplimiento a la Ley Estatutaria y brindar un mejor servicio, a lo cual tenemos derecho todos los colombianos.