Luis Pérez

El fiscal Francisco Barbosa informó esta semana que la Fiscalía solicitó medidas cautelares sobre seis bienes inmuebles situados en El Retiro y Rionegro, en Antioquia, avaluados en 73.000 millones de pesos. En cuatro de esos inmuebles –indicó– figuran como propietarios, entre otros, Luis Pérez Gutiérrez, que fue gobernador de Antioquia de 2016 a 2019 y alcalde de Medellín (2001-2003). Esas medidas fueron solicitadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. “No puede ser posible que haya funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que tengan 73.000 millones de pesos en Colombia”, señaló Barbosa. “No puede darse el caso de funcionarios públicos que se enriquezcan en el ejercicio de sus cargos”. Esos bienes tenían relación con Vicente Castaño, excomandante de las autodefensas, agregó el fiscal. La decisión es histórica. Es común que se afecten inmuebles de narcotraficantes. Pero es muy raro que se apliquen medidas cautelares a patrimonios inmobiliarios tan cuantiosos, en cuya propiedad participe un conocido jefe político.

Luis Pérez respondió que el fiscal “está completamente desinformado, lo que él está diciendo es completamente falso, cuando nosotros compramos esa tierra la Fiscalía nos entregó un papel donde dice que el terreno no tenía ninguna dificultad, yo soy empresario y no soy funcionario público, cuando se compró esa tierra yo no era empleado público, eso fue en el 2006, entre el 2003 y el 2015 jamás fui empleado público, el fiscal fue absolutamente imprudente al decir eso porque yo no he conseguido mis bienes en el sector público”. Luis Pérez nació en 1951 y es ingeniero de la Universidad Nacional. Su familia es de Cañasgordas, un municipio sobre la vía a Urabá. Su padre, Alberto Pérez, no tenía bienes de fortuna, procreó una familia numerosa y se radicó en Medellín, donde fue secretario de ejecuciones fiscales de la oficina de valorización municipal.

Alberto Pérez era empleado público, no empresario. Su esposa trabajaba en modistería. Luis Pérez fue rector de la Universidad de Antioquia. Cuando el Gobierno lo nombró director del Icfes en 1993, El Tiempo señaló que Pérez “siempre ha dividido su tiempo entre el sector público y el sector privado”. ¿Quién tiene razón? ¿El fiscal Barbosa o Luis Pérez? Barbosa descarta de plano que pueda haber exfuncionarios públicos que tengan 73.000 millones de pesos. Pero en teoría es posible que un exfuncionario haya acumulado un abultado patrimonio y se haya enriquecido lícitamente. No es lo usual, pero es hipotéticamente posible. También es hipotéticamente posible que una persona proveniente de una familia muy pobre pueda acumular legalmente una gran fortuna, aunque no se haya dedicado a los negocios de manera permanente, sino alternándolos con cargos en la educación y luego como alcalde y gobernador. Si Luis Pérez ha amasado una fortuna gracias a sus habilidades comerciales, sin haber recibido herencias y sin aprovecharse de los cargos de elección popular, su historia debería entonces ser objeto de estudio en las facultades de administración de empresas del Valle de Aburrá.

En mayo, cuando Luis Pérez era uno de los siete candidatos presidenciales, El Colombiano afirmó que el exgobernador vive en un apartamento de 600 metros cuadrados en El Poblado que ocupa todo un piso y que tiene piscina y una colección de arte que vale más que el apartamento, además de ser dueño de un lote de 280.000 metros cuadrados en la vereda La Guanábana, de Santa Fe de Antioquia. “Yo compro y vendo tierras”, responde Pérez cuando le preguntan cómo ha hecho tanta plata, señala el diario. No es extraño que una persona muy pudiente viva en un apartamento de lujo o que sea titular de muchos inmuebles. Podría también tener botes o aviones, o un pied-à-terre en París. La riqueza no es por sí sola sinónimo de riqueza mal habida. Como están planteadas las cosas en este momento, Luis Pérez reconoce haber comprado las tierras donde, según el fiscal, aparece su nombre en los documentos legales de propiedad, pero aclara que él es un empresario.

Por su parte, el fiscal Barbosa señala que no es posible que en Colombia existan exfuncionarios públicos que tengan un patrimonio de 73.000 millones de pesos. Según Barbosa: “Esta es la medida más importante cautelar que se ha dado en Colombia contra estos bienes. Tiene relación con las denuncias que se habían hecho de personas que utilizaron el poder para quedarse con unos bienes”. Barbosa no acepta, pues, que Pérez sea un simple empresario, porque habla de utilizar el poder para quedarse con inmuebles. La Fiscalía posee todas las herramientas para rastrear los movimientos financieros y las inversiones inmobiliarias de cualquier persona. Deben utilizarse para determinar, más allá de toda duda, la licitud o ilicitud del patrimonio de Luis Pérez.