La calladita

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia encargada de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez trabajó para Jaime Granados, el abogado defensor de Uribe en el mismo caso. La magistrada investigadora no dejó constancia de este relevante hecho en la hoja de vida oficial que presentó para su elección en la corte, simplemente se lo calló. Sin embargo tuvo que reconocerlo en la respuesta a un derecho de petición que le presenté y donde trató de justificar su inexcusable omisión.

La magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez fue elegida el año pasado para integrar la nueva Sala de Instrucción que ahora se encarga de investigar a los funcionarios con fuero constitucional. Era de público conocimiento que el mayor reto de los nuevos magistrados sería asumir la investigación del poderoso exmandatario, senador y jefe del partido de gobierno.

Mientras el proceso de esta elección se iniciaba, el senador Uribe recurría a una serie de maniobras dilatorias para no acudir a la indagatoria a la que había sido citado por la sala especial de la corte que en ese momento lo investigaba.

Inicialmente, el 24 de julio del año pasado, afirmó que renunciaría al Senado por sentirse “moralmente impedido”.

Seis días después, Uribe anunció desde sus picaderos en Rionegro que recusaría a los magistrados. Jaime Granados, el más importante de sus abogados, tenía claro que le convenía esperar a un nuevo grupo de investigadores y aseguró que los magistrados que le habían abierto el proceso al expresidente lo habían hecho “no teniendo competencia para actuar, insistieron en asumir esta competencia”.

Por razón de esa recusación, la corte suspendió el proceso mientras la estudiaba. Lo que para Uribe y su defensa significaba más tiempo para que llegaran los nuevos magistrados.

Una semana más tarde, el 1 de agosto, de repente Uribe dejó de sentirse moralmente impedido. En consecuencia le ordenó por Twitter a su antiguo secretario Ernesto Macías, convertido en presidente del Senado, “retenga sin considerar mi carta de renuncia” y anunció que seguiría en el Senado “por razones de honor”.

Semanas después serían elegidos los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que se convertirían en sus nuevos investigadores.

En esas circunstancias habría resultado crucial para la Corte Suprema –y para todos los colombianos– conocer que una de las candidatas a magistrada de la Sala de Instrucción, había trabajado en el pasado para Jaime Granados, el principal defensor de Uribe.

Cristina Lombana, quien además es oficial activa del Ejército con grado de mayor, explicó en respuesta al derecho de petición que su vieja vinculación con el abogado Granados no figuraba en la hoja de vida que presentó para su elección: “En mi hoja de vida no se registra ninguna experiencia laboral o vínculo profesional con el doctor Jaime Granados, tal y como lo podrá constatar en aquella que le pueda ser proporcionada por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia”.

Un renglón más adelante, la hoy flamante magistrada investigadora de Álvaro Uribe, reconoce que trabajó con el defensor de su investigado e intenta explicar por qué no mencionó semejante vínculo cuando se presentaba a la elección: “Ello, por cuanto, a pesar de haber conocido al Doctor Granados en la Fiscalía General de la Nación en el año de 1995, y haberlo acompañado por tres meses aproximadamente en el año de 1997, en la oficina que junto con otros abogados estaba emprendiendo, al momento de mi postulación a la Corte Suprema de Justicia por primera vez en el año 2015, ninguna certificación me fue expedida ya que, según información telefónica que me proporcionó quien en esa época atendió mi llamada y cuyo nombre desconozco, me manifestó que en sus archivos no reposaba ningún registro de mi paso por este lugar”.

Es decir, la magistrada justifica su omisión en la información que le suministró por teléfono alguien, cuyo nombre desconoce, y que asegura que no existen registros de su relación laboral con el abogado Granados.

Para ella resultó más importante la formalidad de la certificación que el hecho innegable de que había trabajado para el defensor de quien sería sujeto de investigación de la sala que ella integraría.

¿La Corte Suprema habría elegido a la mayor Lombana como magistrada si hubiera estado al tanto de su antiguo vínculo con el abogado de Uribe? ¿La omisión de la magistrada Lombana constituye un engaño a sus electores? ¿Habría existido mayor debate entre la opinión pública si el vínculo de la magistrada Lombana y el abogado Granados se hubiera conocido en ese momento?