Manifestación y protesta

El derecho a la libre expresión de los colombianos es el que más fundamento constitucional tiene. Está consagrado en el artículo 20 y encuentra respaldo en el 37, en el 38 y en el 39, de la Carta Magna, donde se reconoce el derecho a reunirse de manera pública y pacífica, a asociarse y a formar parte de sindicatos. En realidad, todo el primer capítulo de la Constitución está orientado a la libre expresión, definida como autodeterminación, pensamiento y credo. En el texto constitucional en ninguna parte habla taxativamente de la protesta, pero se entiende que ella, es una forma de manifestarse cuando existen desacuerdos con algún aspecto que así lo demande, no necesariamente relacionado con el gobierno y así lo reconocen las cortes en una gran cantidad de sentencias. Pero para efectos doctrinarios, es necesario señalar que toda protesta es una manifestación, pero no toda manifestación es una protesta y, por tanto, las medidas que se adopten para garantizar y proteger a quienes ejercen este derecho deben ser ponderadas en tal sentido.

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, hace pocos días emitió la Directiva 01 del 10 de septiembre de 2024, mediante la cual fija los lineamientos con los cuales la fiscalía refuerza el reconocimiento, la protección y las garantías de la protesta pacífica. Este documento, en contraste, deroga la numero 002, expedida por su antecesor, Francisco Barbosa, el 04 de junio de 2021, donde estableció directrices para la investigación y judicialización de los delitos cometidos en el marco y con ocasión de la protesta, cuando el llamado ‘estallido social’ estaba en su punto máximo, después de más de 60 días de bloqueos totales y sostenidos de vías, y el abastecimiento de alimentos y de combustibles, en las ciudades afectadas, presentaba niveles críticos, de tal forma que amenazaba la supervivencia de quienes sin ser parte de la movilización estaban confinados en sus hogares.

La protesta social, como derecho constitucional, ha logrado, gracias al trabajo continuo y amplio de activistas y de organizaciones autoinvestidas con el manto de los derechos humanos, situarse en el top de los derechos civiles, muy por encima de los de aquellas comunidades que por alguna razón no forman parte de dicha expresión.

Es una realidad que la protesta obedece genuinamente a intereses propios de una comunidad específica, pero también en la práctica es un instrumento de quienes ejercen la política como su forma de vida, pues es la manera de aprovechar el descontento de la gente, para lograr unos fines que van más allá de los que constituyen la proclama misma de quienes ejercen el derecho a protestar. Debo señalar que la política es enemiga de la felicidad del pueblo, pues su actividad se nutre de todas las limitaciones, restricciones, tristezas y necesidades del pueblo; un político crece de la pobreza, nunca de la abundancia.

En política, la generalidad de las acciones, nos muestra que detrás de la protesta siempre existirá un propósito oculto, que va más allá de la mera reivindicación de un derecho o tan solo de una petición; ese propósito es el que finalmente desdibuja el concepto real de la protesta pacífica, como lo quiere salvaguardar la actual fiscal y como bien lo definió el exfiscal Barbosa en cada una de sus directivas. En el gobierno Duque, el derecho a la protesta fue instrumentalizado por sectores opositores y las acciones en virtud de su ejercicio comenzaron realmente el 21 de noviembre de 2019, alcanzaron su clímax en el 2021 y terminaron en 2022, con la elección del actual presidente. Ahora se pretende dar la vuelta a la dinámica tradicional de la protesta, esto es, el promoverla a favor del gobierno y criminalizar toda aquella que se origine en los sectores que no sean afectos a él.

Pretender a estas alturas de la vida nacional, en un país cada vez más distante de un acuerdo nacional, polarizado al extremo, desligar la protesta social de los delitos que se pudieran presentar en ese escenario; llama mucho la atención y deja a la fiscal Camargo dentro del plano del ‘amiguismo’ con el presidente, lo evidente es que este gobierno busca blindar a sus simpatizantes, frente al desborde violento de la ‘protesta’, que en esta oportunidad vienen siendo convocadas en contra de las instituciones legítimas del Estado, disfrazadas como respuesta popular, a los fallos, sentencias o posturas que pudieran constituir un peligro u obstáculo para las pretensiones de Gustavo Petro. Delito es delito, crimen es crimen y no importa el escenario en que estos se den; válido el ponderar atenuantes y agravantes, pero grave disfrazarlos como un acto de protesta, y es allí donde la directiva de la fiscal Camargo pone a sus funcionarios en una zona gris e induce de alguna manera a la fuerza pública a la omisión.

Los colombianos somos dados a protestar; desde mucho antes del 20 de julio de 1810 lo estamos haciendo, por eso la protesta, como expresión, ha sido punto central de la Constitución y de las diferentes cortes, las cuales se han pronunciado en múltiples oportunidades y estoy seguro de que nadie entre izquierda y derecha cuestiona la necesidad de proteger y garantizar que esta se dé pacíficamente. Ya nuestros policías están acostumbrados a los insultos, a los escupitajos, a ver como pintan paredes, muros y hasta sus escudos de protección, a que les lancen papas bombas y cocteles molotov, a que bloqueen vías con quemas de llantas o con diferentes objetos; esto ha sido así desde que tengo memoria. Ese es el nivel de pacífico al que estamos acostumbrados y a nadie se le ha criminalizado por eso.

Este gobierno ha logrado, dentro de lo poco que se puede decir, que sectores que nunca han marchado, salgan a la calle. Pero estos sectores no tienen la experiencia, no cuentan con la estructura política y financiera que ha tenido la izquierda y ellos, los activistas que forman parte de él, lo saben. La derecha y quienes no le son afectos al gobierno, no están en la disposición de salir a la calle y permanecer allí por días, pero eso no quiere decir que no puedan aprender. Aquí el verdadero temor es que la real fuerza de Petro está precisamente en quienes sí tienen esa experiencia y la capacidad de hacerlo. Él los ha venido organizando, los está motivando y de alguna manera los está ‘financiando’ con recursos que salen de los diferentes programas sociales.

Este fin de semana, en esa zona gris llamada Universidad Nacional, se desarrolló una costosa “Asamblea por las reformas sociales” y allí se reunieron los que saben de protestas, de marchas, los que queman socialmente a personas; estuvieron los que las promueven, los que las organizan, los que las ejecutan y el mandatario en su habitual discurso de víctima, insistió en que lo quieren matar y en la necesidad de aplicar el poder popular como respuesta a cualquier situación, legítima o no, que lleve a la terminación anticipada de su gobierno y llamó a la revolución.

La sombra de la reelección cada vez es más oscura, es más densa. Esa asamblea en la universidad, fue un espacio propicio para la firmatón promovida por la senadora Zuleta para darle fuerza a esa intención, mostrándola como una muestra del deseo ‘popular’. Esa asamblea no se puede mirar de manera aislada al encuentro de medios alternativos, comunitarios y digitales en la ciudad de Armenia, igual de costosa, donde lo más granado de las bodegas del petrismo estuvieron presentes. Frente a lo que viene en todos esos enredos en los que está inmerso el mandatario, es preciso anotar, que Gustavo Petro se siente amenazado y no es porque lo quieran matar, sino porque aún existe algo de independencia institucional y eso lo asusta. Algo va a pasar, no hay duda, así como no hay duda que lo que pase no va a ser bueno para nuestro país.

En la Fiscalía queda la responsabilidad de evaluar muy bien, a la luz de su Directiva 01 del 2024, cuando los seguidores del mandatario, en esas manifestaciones callejeras de apoyo al gobierno, que obviamente no serían una protesta, comiencen a violentar las sedes de los medios de comunicación señalados por él como enemigos de la causa, cuando asalten las sedes de las cortes que fallen en contra suya. Las autoridades de policía, deberán evaluar muy bien cómo deben actuar cuando la ‘protesta’ que se desarrolle sea en favor, no del gobierno, sino de la persona de Gustavo Petro, pues aquí el que brilla no es el partido, es el caudillo. Llamo la atención, en el sentido que desde sectores no afectos al gobierno se han realizado en estos dos años, múltiples marchas y concentraciones de protesta realmente pacíficas, ninguna ha requerido la presencia de la fuerza pública; eso debe darle algo de tranquilidad a la fiscal y realmente muestra la dirección hacia la cual se emitió la Directiva 01.

Señor presidente, créame cuando digo, que lo más sano para la democracia de nuestro país y para la paz que todos soñamos, es que usted termine su periodo de gobierno, como así lo decidió el poder popular representado en los once millones de colombianos que votaron por usted, entre 39 millones habilitados para votar en el 2022; pero también debo decirle, que sería una tragedia para ella, que para alimentar su adicción al poder, se insista en la reelección. Los colombianos que no están en sus toldos, los de derecha, los de centro y muchos de sus simpatizantes arrepentidos, han asumido con estoicismo todo lo que usted ha hecho y ha hecho mal; hasta ahora han mostrado su desacuerdo, ejerciendo el derecho a manifestarse, pero usted los está llevando realmente a que salgan a protestar, y así como dice un refrán —muy viejo por cierto— “de las aguas mansas, líbranos señor”.