Manual antisubversivo de Colombia

Al escritorio de un periodista llegan todos los días cartas, libros, mensajes y documentos de todo tipo, enviados por amigos y desconocidos. Algunos se consideran muy interesantes, por lo que se guardan para una lectura posterior; y otros, muy insulsos, se desechan y acaban en el tacho de la basura. Uno de los textos que guardé se llama La guerra subversiva. Nociones básicas. Propuestas para defender al país contra esa amenaza (septiembre de 2007), que recibí fotocopiado de alguien que lo encontró abandonado en un prestigioso restaurante de Bogotá.

Con todo lo que se viene pasando en el país decidí sacar este manual y escribir sobre él. Son muchas las coincidencias que hay entre los hechos y lo consignado ese documento: interceptaciones ilegales y seguimientos a abogados, políticos y periodistas que hizo en años anteriores el Grupo Especial de Inteligencia 3, conocido como G-3, adscrito al DAS; las persecuciones constantes contra los defensores de derechos humanos; y la búsqueda de alianzas con gobiernos extranjeros para perseguir al “terrorismo”.

Tales prácticas coinciden con las propuestas consignadas a lo largo de las 50 páginas de este documento, producido por un conjunto de organizaciones.

Este manual asume que en Colombia se vive una “guerra política”, a la que califica como “un componente específico” de la guerra subversiva en el país y cuyos efectos “son devastadores”. Tras ese breve diagnóstico, advierte que en la actualidad esa “guerra política ofensiva no es visible sino para una minoría de responsables políticos y por eso el Estado y, sobre todo, la sociedad civil colombiana, carecen de los organismos aptos para contrarrestarla y parecen impotentes ante esa agresión”.

Afincado en esa percepción, se revisan las características de la llamada “guerra política” y se precisa que ésta se intensifica “cuando el avance de las organizaciones subversivas armadas decrece o entra en crisis”. Es así como establece que una de sus actividades principales en el país es la “producción de estudios jurídicos tendientes a demostrar la “ilegitimidad” y la “arbitrariedad” de los gobiernos elegidos, a crear una imagen nefasta de las fuerzas militares y de los organismos de seguridad, a demoler la idea de Colombia como un Estado de derecho, a impedir el desarrollo de una solidaridad auténtica ente la ciudadanía y los gobernantes elegidos y entre la sociedad civil y los organismos de defensa del Estado”.

También se le atribuyen a esa “guerra política” acciones en el exterior, dentro de las que se destaca la “creación de asociaciones, “colectivos” y “coordinadoras” de colombianos en las principales capitales de Europa y de Estados Unidos, bajo la apariencia de asociaciones amplias de “colombianos” motivados por intereses profesionales, culturales, científicos, populares, deportivos, etc. También incluye la formación de círculos políticos minoritarios, menos explícitos y visibles, que aparecen bajo el patrocinio de formaciones políticas legales en Colombia”. Indica este manual que el Polo Democrático Alternativo es una de ellas.

Agrega el documento que el conjunto de actividades que desarrollan en el extranjero este conjunto de agrupaciones sociales actúan “siempre en consonancia con las prioridades y campañas de la subversión armada en Colombia”.

El Manual entonces sugiere que la respuesta del Estado y de la sociedad civil colombiana debe ser “la movilización de recursos intelectuales y materiales estables destinados a contrarrestar la acción de esas redes”. Pero va más allá al advertir que es necesaria la creación de un organismo constitucional que tenga herramientas suficientes para enfrentar la llamada “guerra política”. Según ello, “el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, no bastan para llenar el vacío que existe en esa materia dentro y fuera del país, y ni siquiera tiene un cuerpo jurídico y de doctrina susceptible de orientar correctamente sus actividades”.

Para superar esa falencia recomienda que el Estado responda de manera integral, vinculando a una nueva intelectualidad apoyada por la sociedad civil. Y sugiere que ese nuevo organismo sea el encargado de “frenar los estragos de la guerra sicológica” a través de múltiples tareas, como la “recopilación de información exacta, la articulación de ésta a dispositivos de respuesta inmediata y de anulación de rumores, y el trabajo de investigación de los hechos ante la emergencia de acusaciones pretendidamente sólidas pero sin fundamento”.

No obstante, indica que el suministro de información y de contra-información no puede ser dejado solamente a los medios de información. “La impulsión de la verdad y de la actividad de vigilancia constante o pueden ser relegadas únicamente a los medios, a los particulares o a los bufetes de publicidad o de imagen”, por lo que propone “impartir información y enseñar lo más ampliamente posible, a través de los medios, del aparato escolar-universitario y de casas de edición, acerca de los desafíos que plantea la guerra subversiva moderna y su variante la guerra política”.

Concluye este manual que ese nuevo organismo que plantea como “servicio de defensa de la Constitución” no sólo es un complemento de los sistemas y políticas de seguridad democrática, “sino como una nueva palanca insubstituible para encarar los nuevos desafíos”.

Lo que me preocupa es que un amplio sector del Gobierno y buena parte de militares, policías y agentes de seguridad, sienten que dentro de esos “nuevos desafíos” deben estar todos aquellos que ejercen la oposición política desde la civilidad y la legalidad. En esa errónea lectura se basa la peligrosa aplicación de este tipo de manuales.


* Juan Diego Restrepo es periodista y profesor universitario