OPINIÓN

Manualita

En una simpática salida, Bernardo Moreno resolvió que en adelante los requisitos para ser asesor político son: "título de tecnóloga en terapia del lenguaje y audición (...)"

Daniel Coronell
15 de agosto de 2009

Bernardo Moreno cambió el manual de funciones de la Presidencia de la República para beneficiar a una asesora suya. Hace unos meses, por una conducta similar, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 17 años al director de Invías, Daniel García Arizabaleta. La favorecida con el plumazo del secretario general se llama María Claudia Salgado Rodríguez, pero en el Congreso la conocen como la "doctora Claudia".

La "doctora Claudia" se encarga de manejar congresistas para que voten a favor de los intereses del gobierno. En su momento, según Yidis Medina, la "doctora Claudia" le recordaba que si ayudaba con la reforma del articulito, "el gobierno le iba a colaborar". A cargo de la "doctora Claudia" está hoy el famoso computador de Palacio que registra las cuotas burocráticas entregadas a cada congresista a cambio de la aprobación de la reelección. Ella sabe qué tiene -y qué quiere- cada uno de los legisladores. Por eso su presencia es vital en las sesiones críticas. Ella arma quórum, cuadra apoyos y evita conejos.

La "doctora Claudia" llegó a la Presidencia en el gobierno de Andrés Pastrana, pero al finalizar esa administración -y gracias a una portentosa capacidad camaleónica-, encontró afinidades con los nuevos inquilinos de Palacio. No sólo conservó su puesto, sino que escaló vertiginosamente.

Iba subiendo a toda máquina, pero en su carrera encontró un obstáculo. Cuando quisieron nombrarla "Asesora Política del Despacho del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", es decir, consejera principal de la Secretaría General, se percataron de que la "doctora Claudia" no tenía título universitario. (Ver hojadevida.jpg)

El único grado que podía acreditar era el de tecnóloga en "Terapia del lenguaje y la audición", conferido por el Tecnológico Inpi en noviembre de 1987. (Ver diploma.jpg)

El Manual de funciones de la Presidencia establecía como requisitos de estudio y experiencia para desempeñar ese cargo ostentar: "Título profesional en Derecho, Ciencias Políticas o carreras afines, título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo y treinta y un (31) meses de experiencia profesional relacionada". (Ver requisitos.jpg)

La resolución que determinaba esos ineludibles requisitos también señalaba que cuando para el ejercicio de un empleo se exigiera profesiones específicas, estas no podrían ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo que la ley así lo estableciera. Pero la ley no lo establecía.

La "doctora Claudia" y su jefe debieron buscar todas las maneras para acreditar sus estudios tecnológicos en "terapia del lenguaje y la audición" como una carrera universitaria afín al derecho o a las ciencias políticas.

Al final optaron por una simpática salida que dejó una imborrable huella en documentos oficiales.

Bernardo Moreno, invocando una norma que realmente le ordena verificar el cumplimiento del manual de funciones, resolvió que en adelante los requisitos para el cargo de asesor político son: "Título de Tecnóloga en Terapia del Lenguaje y Audición, profesional en Ciencias Políticas, Derecho o carreras afines…".  (Ver nueva resolución.jpg)

Como para que no quedara duda de que la Resolución estaba hecha a la medida de una mujer, el secretario Moreno no se molestó siquiera en usar la denominación genérica de "Tecnólogo", sino que de una vez -y por acto administrativo- ordenó que de ahora en adelante el asesor político podría ser "Tecnóloga".

La graciosa resolución fue emitida el 11 de enero de 2007 y, curiosamente, ese mismo jueves le llegó la carta a la "doctora Claudia" notificándole su nombramiento. (Ver nombramiento.jpg)

Cuando la Procuraduría destituyó al director de Invías, sentenció: "Las exigencias de requisitos y perfiles para cargos públicos e incluso privados no corresponden a caprichos infundados de quien ostenta el poder".

¿Qué hará ahora el procurador Ordóñez para ignorar sus propias palabras?

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