¿Manzanas podridas o lote contaminado?

Antes de desaparecer de la escena pública, el ex secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, les dijo a varios fiscales con los que se entrevistó, que llegó a ese cargo por voluntad expresa de los principales asesores jurídicos de las Farc y que este hecho le generaba implícitamente la obligación de contratar a distintas personas afines a ese grupo en la recién creada justicia transicional.

¿Cómo podían salir bien las cosas en la JEP con semejante pecado original? ¿Cómo podría funcionar transparentemente este modelo si fue negociado a las carreras, cediendo a las imposiciones de Enrique Santiago y Álvaro Leyva y sin contraparte fuerte del lado del Estado porque retiraron de esas labores a Sergio Jaramillo para meter abogados laxos que con tal de ayudarle al presidente en su apuro, terminaron improvisando y dejando cabos sueltos que las Farc supieron aprovechar a su favor?

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Digámoslo con todas las letras: resulta increíble pero cierto el hecho de que entre victimarios y politiqueros se estén repartiendo el botín burocrático de la JEP. El problema es que aquí nos siguen presentando los hechos como si se tratara de casos aislados cuando en realidad existen fallas estructurales que lamentablemente han terminado por contaminar todo el sistema.

Ante la ausencia de controles de seguridad y criterios claros de selección, los nominadores y ordenadores del gasto en la JEP han abusado de su discrecionalidad para nombrar a personas inexpertas o corruptas –como en el caso del fiscal Julián Bermeo– pero también han repartido onerosos contratos bajo el esquema del roscograma que tanto hemos condenado en la justicia ordinaria y, como si fuera poco, han incorporado cuotas de las Farc y han vuelto rechoncho el sistema de defensa judicial al que, por cierto, son vinculados juristas próximos a esa guerrilla por varios cientos de millones de pesos.

Además del caso que involucra a Bermeo, existen otros tres funcionarios a los que la Fiscalía les ha imputado cargos, una de ellas, la exfiscal Martha Lucía Zamora quien renunciará a su puesto si no es que ya lo hizo mientras esta columna sale publicada. Súmenle ustedes a este panorama los más de 13 nombramientos que corresponden a criterios políticos, según encontró La Silla Vacía en su revisión de las hojas de vida de 38 altos funcionarios de la Unidad de Investigación de esta jurisdicción. ¿Simples manzanas podridas o un largo lote contaminado?

La doctora Patricia Linares, presidenta del Tribunal de Paz, no puede, por su parte, echarle toda el agua sucia al fiscal jefe Giovanny Álvarez por estos vergonzosos casos sino que tiene que asumir en nombre propio otros señalamientos igualmente graves como los que la Fiscalía está haciendo en contra de July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, funcionarios de la JEP de los que el ente acusador dice que “pudieron haber cometido falsedades para ayudar a algunos líderes guerrilleros” y, desde el punto de vista ético -del ser y parecer- la doctora Linares también debería responder si el Estado resultó tan pequeño como para que dos hermanas terminaran trabajando en el mismo sistema de justicia transicional, como ocurre con Patricia y Claudia Linares.

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Alguna vez el profesor Rodrigo Uprimny escribió: “Ojalá la JEP, por inercia, no repita los vicios organizativos de nuestras altas cortes sino que muestre desde el inicio que es una jurisdicción innovadora”. Sus deseos, infortunadamente, se quedaron en eso porque hoy la JEP está replicando las mismas mañas de la justicia ordinaria, con el agravante de que se está llevando por delante la ilusión de muchos de tener verdad, reparación y no repetición.

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